La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulando la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, debería tener una respuesta en las próximas horas, una vez se haya celebrado un encuentro entre todas las administraciones implicadas, es decir, el ayuntamiento de la capital catalana, el resto de municipios concernidos en la ZBE Rondas, el Àrea Metropolitana de Barcelona y el Govern, que precisamente la semana pasada decidió hacer extensiva la implementación de las ZBE a los municipios de más de 20.000 habitantes -un total de 67-, mucho más allá de lo que obliga la ley estatal, que fija el umbral en 50.000 habitantes.
El lunes mismo y en comparecencia de urgencia, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, ya apuntó la necesidad de reunir todos los implicados para dar una respuesta conjunta, y por eso no quiso avanzar si el siguiente paso sería presentar recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC, pero confirmó que, de momento, la ZBE sigue vigente. Con todo, este martes por la mañana ha sido la segunda teniente de alcaldía y concejala de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, quien ha admitido que presentar recurso es la opción "más probable" una vez se hayan consensuado la respuesta de manera conjunta con todas las administraciones afectadas.
Sanz ha dedicado la mañana a defender la ZBE en entrevistas en Rac1 y Catalunya Radio, donde ha querido insistir en que la ZBE de Barcelona, al ser la primera del Estado, ha generado "tensiones a nivel jurídico de interpretaciones". De hecho, ha considerado que el plan de alojamientos turísticos (PEUAT) también ha sufrido reveses judiciales y eso no ha comportado que hayan desistido a regular el sector, aunque han tenido que implementar cambios. De hecho, Sanz ha querido defender el carácter pionero de algunas medidas implementadas por el gobierno municipal: "Hemos sacado adelante medidas que abren camino en nuestro país", ha manifestado. Además, la segunda teniente de alcaldía ha destacado el compromiso "inequívoco" de todas las administraciones de impulsar la ZBE.
ZBE "trabajada y consensuada"
Asimismo, Sanz ha recordado que la ZBE de Barcelona "ha sido trabajada y consensuada" con las otras administraciones y "avalada por el Estado", y ha lamentado que, según el espíritu de la sentencia, "el derecho a la salud y el derecho a no respirar un aire contaminado no sea la prioridad", porque eso es contrario a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la legislación europea y la comunidad científica. Además, Sanz ha defendido que se ha hecho una "aplicación progresiva" de la medida con la aprobación de múltiples moratorias y que se han atendido las dificultades de cada sector.
Con respecto a los datos utilizados para el diseño de la iniciativa, ha remarcado que proceden de un estudio del 2017 elaborado por el RACC y que desconoce "por qué esta sentencia no lo recoge" y, según ella, parte de unos datos del 2015 y ha insistido en que la decisión del TSJC va "contra el sentido común", ya que la ZBE tiene el objetivo de salvar vidas independientemente de la renta y evitar una multa europea que ha cifrado en 1.600 millones de euros por incumplimiento de la legislación.