Aunque formalmente el gobierno de coalición municipal de Barcelona comparte todas las decisiones tomadas más allá de disensiones internas, lo cierto es que los últimos meses el socio menor, el PSC, no ha tenido problemas en ventilar en público los puntos de fricción con el socio mayor, Barcelona en Comú. El primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, no dudó en anunciar a principios de octubre y prácticamente de manera unilateral que detenía la puesta en marcha del sistema de recogida de residuos en el casco antiguo de Horta ante el desbarajuste provocado en Sant Andreu, un hecho que cogió a contrapié a los comuns, que tuvieron que maquillar la situación el mismo día anunciando que los calendarios anunciados no eran fijos y que estaban abiertos a cambios.

Más para acá ha sido pública y notoria la discrepancia entre los dos socios de gobierno con respecto a la instalación en Barcelona de una franquicia del Museo Hermitage, hasta el punto que el mismo día que los promotores de la filial del museo ruso anunciaban su renuncia al proyecto, se produjo la contradicción flagrante de que mientras la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz (BComú), celebraba la retirada como una victoria, Collboni insistía en defender el proyecto. Y lo mismo, prácticamente palabra por palabra, ha pasado con el fracasado proyecto de ampliar el aeropuerto de El Prat, con el añadido de que la disensión también se hizo evidente en el gobierno español, donde los papeles están invertidos.

Finalmente, esta semana le ha llegado el turno al proyecto estrella del actual mandato de Ada Colau, el modelo Superilla y su implantación inminente en el Eixample. En declaraciones en Betevé este miércoles, la tercera teniente de alcaldía y concejala de Movilidad, Laia Bonet (PSC), expresó sus dudas sobre la aplicación de este modelo de pacificación de calles que el gobierno municipal quiere extender en buena parte de la ciudad. De hecho, Bonet aseguró que hace falta "hacer compatible incrementar el verde y luchar contra la polución con la movilidad sostenible" y en este sentido defendió la reforma prevista en la calle de Pi i Margall, donde no desaparecerá el tránsito rodado, en contraste con las actuaciones previstas en el Eixample.

No se puede replicar Consell de Cent

"¿Nos podemos permitir un Consell de Cent?", se preguntó Bonet en referencia a la inminente transformación de esta calle en un eje verde, para responder seguidamente: "Sí, sin duda, pero nos gusta más pensar en lógicas como Pi i Margall, donde se combina la pacificación con el paso del transporte público". De hecho, para el PSC el problema no será tanto convertir cuatro calles ―Consell de Cent, Girona, Rocafort y Comte Borrell― en ejes verdes, sino extender el modelo por todo el distrito, un proyecto que, en todo caso, no da tiempo de ser llevado a cabo en este mandato.

En este sentido, Bonet pidió repensar el proyecto, "ajustar, reconsiderar y volver a ajustar, si hace falta", porque "no puede ser una lucha contra el coche". De hecho, apuntó algunos cambios necesarios, entre los cuales repensar los giros obligatorios a los coches en las esquinas del eje verde: "Hay que hacer excepciones porque en algunos casos el giro obliga a recorrer seis islas de casas para hacer un tramo de 150 metros, puede provocar una congestión enorme y no nos lo podemos permitir".

Las dudas del PSC han sido recogidas por Junts per Catalunya. El portavoz Jordi Martí Galbis ha recordado a los socialistas que "no se puede estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo". "¿Tanto costaba apoyarnos cuando pedíamos informes previos de impacto?", ha preguntado. De hecho, el Modelo Superilla ha sido ampliamente criticado por entidades como el RACC y la patronal Foment del Treball, que ya han alertado de los efectos negativos que tendrá la implementación de este modelo de urbanización en aspectos como la movilidad y la economía.