El portavoz de Vox en el Parlamento, Joan Garriga, será el candidato de esta formación a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales de 2023. Garriga es el candidato por el cual Vox se decanta para intentar entrar en el Ayuntamiento de Barcelona en 2023, después de semanas de deliberación y de sondear varios perfiles independientes, según ha avanzado la agencia Efe. De hecho, Garriga ya hace algunas semanas que está visitando diferentes barrios de la capital catalana para "reforzar" su imagen como futuro candidato. Garriga es el presidente de Vox en la provincia, concurrió como número tres en las listas en el Parlament en las elecciones del 14F, en las cuales se convirtió en uno de los 11 diputados de su grupo -cuarta fuerza parlamentaria- y, ahora, es el portavoz de la formación de extrema derecha en la cámara catalana.
"Máxima confianza"
Joan Garriga, considerado un perfil de la máxima confianza de su primo y líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, militó anteriormente en el PPC, donde se alineó con corrientes a críticos, y en la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), antes de dar el salto a Vox el año 2018. En las últimas elecciones municipales, en 2019, Vox consiguió 8.751 votos en Barcelona, que no le sirvieron para obtener representación, con una lista encabezada por Ignacio Garriga y en los cuales Joan concurrió como número tres. Actualmente, Vox cuenta con tres concejales en Catalunya, en el municipio gerundense de Salt, que se pasaron al partido después de abandonar Plataforma per Catalunya.
Garriga está a la espera de un juicio porque está acusado de un presunto delito de incitación al odio que cometió durante las elecciones de 2011, cuando dirigía el partido xenófobo Plataforma per Catalunya, que realizó una virulenta campaña contra los inmigrantes musulmanes. Durante estas elecciones municipales del 2011, desde la plataforma que dirigía hicieron una agresiva campaña bajo el lema "primero los de casa" que incluía un cheque simulado de 4.000 euros a nombre de un supuesto musulmán y acusaba a los inmigrantes de acaparar puestos de trabajo, recibir subvenciones, no pagar impuestos o tener vínculos con las mafias. Para el juez, esta propaganda "excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana. Discursos de odio de este tipo, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación al hecho de que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen al hecho de que se dé la excusa adecuada para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes".