Primera luz verde a una asociación vecinal de Barcelona para auditar los dos mandatos de Ada Colau al frente del ayuntamiento de Barcelona. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), organismo que depende de la Generalitat, ha admitido a trámite la petición realizada por más de 2.100 vecinos de Barcelona que exigen una auditoría de los ocho años de gobierno de Ada Colau en Barcelona. La agrupación vecinal pide tener acceso a información sobre compras, subvenciones, contratos, convenios y otras operaciones financieras del Ayuntamiento durante los dos mandatos de Barcelona en Comú. Esta solicitud en el GAIP surge como respuesta a la negativa del Ayuntamiento de Barcelona de atender esta misma petición el diciembre pasado. La Asociación ABUELOS del Buen Pastor es la entidad responsable de esta iniciativa, y ahora la GAIP tiene ahora un plazo de dos meses para resolver la queja.
Los ciudadanos firmantes de la petición buscan información económica detallada sobre compras, subvenciones, contratos, convenios, balance general, deuda, flujos de efectivo y estado de las variaciones del capital contable municipal. La solicitud también incluye una petición específica y detallada de todas las viviendas adquiridas, con atención especial a aquellas compras que creen que se habrían hecho por encima del precio de mercado, así como información sobre los terrenos en posesión del Ayuntamiento, con detalles sobre metros cuadrados y ubicación. La asociación argumenta que hay indicios que el gobierno de Barcelona en Comú, liderado por Colau, adquirió propiedades en zonas exclusivas, como la calle Balmes o el barrio de Gracia, y creen que eso podría representar un despilfarro de recursos públicos.
Ahora el GAIP tendrá que iniciar el proceso pertinente en los próximos días, que consistirá en solicitar al ayuntamiento de Barcelona la entrega del expediente, los antecedentes y un informe jurídico. Partiendo de este informe, se evaluará la necesidad de notificar a terceras personas posiblemente afectadas y se considerará la posible intervención de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Hay que destacar que la GAIP es un órgano especializado e independiente elegido por el Parlamento de Catalunya, encargado de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública. Su función principal es atender reclamaciones de la ciudadanía contra resoluciones administrativas relacionadas con solicitudes de acceso a la información pública.
No es la primera vez que esta asociación solicita esta información. En octubre de 2023 ya habían presentado una solicitud similar ante el Ayuntamiento, pidiendo información de los ocho años de Ada Colau al frente del gobierno municipal de la capital catalana. En el documento presentado en octubre, los demandantes solicitaban "un análisis económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas concedidas, una revisión de los fondos públicos asignados para la defensa legal de los miembros del gobierno y una evaluación de la recaudación derivada de la tasa municipal de recogida de basura". No obstante, el gobierno municipal liderado ahora por Jaume Collboni, del PSC, rechazó la solicitud en diciembre, argumentando que la información requerida era de volumen insostenible y abarcaba un extenso periodo temporal, los 8 años de gobierno de Colau.