Tres alcaldesas de tres grandes ciudades europeas, Ada Colau de Barcelona, Manuela Carmena de Madrid y Anne Hidalgo de París, han sumado esfuerzos para reclamar conjuntamente a los estados la financiación necesaria para las ciudades y que abran a estas nuevos espacios de gobernanza.
Lo han hecho a través del manifiesto conjunto 'Una nueva agenda urbana para las ciudades europeas', destinado a la Conferencia Mundial Hábitat III que se celebrará en Quito (Ecuador) entre el 17 y el 20 de octubre, una cumbre que tiene el objetivo de acordar una Nueva Agenda Urbana para las próximas décadas.
Colau, Carmena e Hidalgo afirman que "estamos ante un cambio de época" y defienden la capacidad de cooperación e innovación de las ciudades y la necesidad de superar su infrafinanciamiento crónico.
Prioridades de la Nueva Agenda Urbana
En este sentido, las ciudades sitúan las prioridades de la Nueva Agenda Urbana europea en los siguientes ámbitos: las desigualdades, el cambio climático, la población desplazada en búsqueda de refugio, el impacto del turismo, la gestión pública del agua, la transición energética y el fomento de una economía productiva, diversificada y responsable.
De hecho, según el manifiesto, se reconoce que las ciudades son parte del problema y también parte de la solución en los retos globales del planeta y por eso defienden la participación, por primera vez, de las ciudades en una conferencia que se celebra cada veinte años y donde hasta el momento sólo participaban los estados.
Mecanismos de gobernanza
Las tres alcaldesas defienden que las ciudades no pueden tener únicamente un papel de observadoras y destacan la capacidad de estas para cooperar e innovar al tiempo que proponen a los estados que abran los mecanismos de gobernanza y establezcan los mecanismos de evaluación y seguimiento de la agenda urbana a las ciudades.
Barcelona, Madrid y París afirman que los estados tendrían que asegurar los recursos suficientes para que las ciudades puedan desarrollar sus políticas de manera eficiente, destinando como mínimo un 25% a la financiación de los gobiernos locales. A su vez, los fondos globales y europeos tendrían que permitir a las ciudades acceder a los mecanismos de financiación actualmente restringidos a los estados.