La campaña "Poca vergonya", lanzada recientemente por el Ayuntamiento de Barcelona para difundir los cambios en la ordenanza de civismo, podría haber sido plagiada de la obra original del fotógrafo japonés Shin Noguchi, una vez que este ha denunciado públicamente en redes sociales que algunas de las imágenes podrían ser copias de fotografías suyas utilizadas sin autorización, a pesar de que en su momento el propio ayuntamiento anunció que la campaña habría sido encargada y producida por la agencia Lemon e Hijos. El fotógrafo apunta que dos de las imágenes, la de una mujer tirando un papel al suelo y la de un hombre orinando en la vía pública, se parecen a fotografías suyas.

En todo caso, la semejanza de las imágenes originales de Shin Noguchi con las de la campaña ha llevado a que el grupo municipal de Junts per Barcelona haya lanzado una alerta por un posible plagio y ya ha pedido de manera oficial que el alcalde, Jaume Collboni, abra una investigación y depure posibles responsabilidades. En concreto, el presidente del grupo de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha registrado 10 preguntas al alcalde después de que el fotógrafo japonés Shin Noguchi denuncie públicamente el uso no autorizado de sus imágenes, y avisa de que “las instituciones públicas deben garantizar el respeto a los derechos de creación y no pueden permitirse mala praxis en la contratación pública”.

“Estamos ante una nueva polémica que pone en evidencia la falta de rigor y de control del gobierno Collboni en la gestión de las campañas de publicidad institucionales”, ha afirmado Jordi Martí, que ha recordado que “hace pocos meses ya denunciamos la campaña ilegal 'Fem la Barcelona de la teva vida', por la cual el gobierno gastó más de un millón de euros en propaganda partidista. Ahora, parece que volvemos a tener un problema grave con otra campaña municipal”. El presidente del grupo de Junts per Barcelona ha insistido en que “los hechos denunciados podrían constituir una vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de autor, así como una mala praxis en la contratación pública. Las instituciones públicas deben garantizar el respeto a los derechos de creación, así como velar por unas prácticas éticas y responsables en sus campañas de comunicación”.