La invalidación de un altísimo número de las firmas recogidas para la multiconsulta de Barcelona está enrareciendo el proceso -ya salpicado por posibles irregularidades, como evidenciaban los vídeos difundidos por la plataforma Rescatem Barcelona-.

Un portavoz de la iniciativa para el cambio de nombre de la plaza dedicada al esclavista Antonio López por el del joven Idrissa Diallo, muerto en el CIE de la Zona Franca, ha confirmado a El Nacional que de las 17.840 firmas que recogieron, una cantidad importante han sido invalidadas por el Ayuntamiento. Entre los errores detectados están desde DNI's ilegibles hasta la inclusión de datos de personas no empadronadas, contrariamente a lo que exige el reglamento municipal.

Otras fuentes sostienen que el número de firmas no válidas recogidas por la citada plataforma es tan elevado que sitúa las presentadas inicialmente por debajo de las 15.000 necesarias para que la pregunta sea incluida en la multiconsulta. El portavoz consultado ha negado conocer el número exacto pero, no obstante, ha revelado que todavía están recogiendo firmas. La explicación es que, según la plataforma, el Ayuntamiento ha prorrogado el plazo hasta finales de abril.

El caso es que las firmas las entregaron las tres plataformas promotoras a la concejala de Participación, Gala Pin, el 1 de marzo. "Fue una presentación simbólica, todavía se pueden recoger firmas", han insistido las fuentes. Las otras dos iniciativas son "Habitem Sant Pau", que recogió 17.093 firmas, y "Aigua es Vida / Iniciativa per la gestió pública i democràtica de l'aigua", que propone la municipalización del agua y que ha recogido 28.700.

Responsabilidad de los fedatarios

Las posibles irregularidades pueden comprometer a los ciudadanos que han actuado como fedatarios de la recogida de firmas. Los fedatarios, una figura introducida en la época del alcalde Xavier Trias para evitar fiascos, tienen que estar acreditados por la comisión promotora de la inicaitiva y se encargan de certificar la veracidad de las firmas presentadas. A tal efecto firman una declaración jurada ante la secretaría general del Ayuntamiento de Barcelona, el incumplimiento de la cual puede comportar responsabilidades administrativas y penales.

Las dudas sobre la recogida de firmas se suman a la incógnita sobre la fecha de la multiconsulta -que la alcaldesa Ada Colau quiere celebrar antes del verano- y a los diversos recursos presentados contra la iniciativa y que amenazan con impedir que prospere.