El Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo a la causa abierta al Ayuntamiento de Barcelona por supuestas irregularidades en los contratos menores. Finalmente, el tribunal ha desestimado que hubiera ningún indicio de delito en un grupo de contratos menores, aquellos que no requieren de concurso público, en el consistorio. Los contratos que dispararon las alarmas de la Fiscalía se otorgaron por el gobierno de Ada Colau sumaban un total de 292.088 euros. Finalmente, sin embargo, todo ha quedado en papel mojado, según se constata en el auto el cual ha tenido acceso elDiario.es.
El Tribunal expone en el auto que la Fiscalía advirtió ciertas "irregularidades" en un manojo de contratos menores que había realizado el Ayuntamiento, después de que este pasara por un proceso de fiscalización de la entidad. El fiscal del caso detectó una "falta de documentación" que mostraran que realmente se habían llevado a cabo las actividades contratadas y en otros cuatro se encontraron "deficiencias en la documentación" con que certificaba la realización del trabajo. Ante esta falta de información empujó a la Fiscalía a seguir investigando, pero el consistorio pudo aportar la información que faltaba inicialmente.
El fiscal acabó pidiendo la archivación del procedimiento y una vez asegurado de que no se desviaron fondos públicos, el Tribunal de cuentas ha concluido que "no procede" continuar con la causa, ya que "no se ha producido ningún perjuicio" en las arcas municipales. De manera, que las sospechas sobre aquellos contratos han quedado disipadas.
Más frentes abiertos a los Tribunales
Hace solo unos pocos días, el gobierno de Colau también se encontraba envuelto en los tribunales. En aquella ocasión, el magistrado de Barcelona acabó acusando el Associación para la Transparencia y la Calidad Democrática de querer hacer una "investigación prospectiva" en la causa de las subvenciones concedidas a entidades sociales por parte del gobierno de Ada Colau. El tribunal acabó rechazando las peticiones de la asociación y cargó contra la misma: "No se puede hacer de las presentes diligencias una causa general contra el gobierno del Ayuntamiento, y sobre todo después de la declaración de la interventora, que estuvo después de esta petición". El tribunal concluyó que no había ninguna irregularidad y aseguró que la demanda de la entidad era "improcedente e innecesaria". A pesar de denegar esta petición, el juez todavía tiene que deliberar si da carpetazo definitivo al caso de las subvenciones a entidad consideradas "afines" a Barcelona en Comú.