Unas cincuenta personas participaron el martes por la tarde en una protesta para denunciar la falta de viviendas de alquiler residencial convocada por el Sindicat de Llogateres, ante el aumento de pisos turísticos y de alquiler temporal. La protesta tuvo lugar delante de la inmobiliaria SH Barcelona, la encargada de comercializar los pisos de alquiler temporal de la finca de Casa Orsola, un edificio situado en la calle Consell de Cent con Calàbria, los vecinos de la cual podrían quedar en la calle porque, según la asociación convocante, la nueva empresa propietaria del inmueble, Lioness Inversiones, les está alquilando en régimen de alquiler temporal. Los manifestantes se disfrazaron de turistas.
Según el Sindicat de Llogateres, de las seis viviendas que habían recibido un burofax diciendo que tenían que dejar el piso una vez finalizara el contrato, actualmente ya hay tres que tienen el contrato agotado. En uno de los pisos vive Josefa, una mujer mayor y vulnerable con derecho a alquiler social, pero la propiedad la forzó a aceptar una prórroga de un año con el fin de no expulsarla de la vivienda. No es la única vecina que cuenta con un informe de exclusión residencial. Elisenda y su familia, que llevan fuera de contrato desde el pasado 1 de mayo, ya han enviado a Lioness Inversiones la documentación necesaria que se requiere para acogerse a la ley 1/2022, para que estos ofrezcan un alquiler social.
A otro de los vecinos referenciados por el Sindicat de Llogateres, Josep, que también está fuera de contrato, la propiedad le ha reiterado que no le renovará el contrato. Tanto Elisenda como Josep han intentado seguir pagando el alquiler, pero la propiedad los ha rechazado. Delante de eso, han decidido consignarlo vía judicial. Además, hay dos hogares más a quien se les acabará el contrato durante los próximos meses, y el local comercial donde se encuentra un quiosco, que también se encuentra fuera de contrato. Además, la propiedad habría exigido a los vecinos que retiren las pancartas reivindicativas de la fachada.
Viviendas para vecinos y no para turistas
La demanda principal de los manifestantes es que las viviendas se alquilen para residentes y no para turistas, precisamente en un contexto de reactivación del turismo y la actividad económica internacional, que consideran que está teniendo efectos graves sobre el derecho a la vivienda. Además, recuerdan que en el caso de los alquileres turísticos, los arrendadores tienen que contar con una licencia específica regulada por la Generalitat y pueden alquilarse por un máximo de 31 días consecutivos. En el caso de los alquileres temporales, sin embargo, la LAU no estipula ningún tipo de licencia y permite los alquileres de duraciones entre 31 días y 11 meses cuando la finalidad de la vivienda no es que se utilice como primera residencia.