Un centenar de activistas de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Catalunya han boicoteado este jueves un acto del presidente del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, para exigir que detenga la reforma impulsada por los socialistas que permitirá "desahuciar en 48 horas" a familias vulnerables. Los miembros de las PAH han irrumpido en el Espai Jove Casa Sagnier y han obligado a los socialistas a suspender el acto de escucha vecinal del primer teniente de alcaldía en el barrio de Sant Gervasi.

Se trata de una propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), también conocida como la "Ley Desocupa" que permitiría a un juez desalojar una vivienda ocupada 48 horas después de la denuncia de la propiedad. Desde la PAH denuncian que la reforma, impulsada por los socialistas, supone una "vergonzosa criminalización de la pobreza y de las familias que se ven obligadas a ocupar en precario". Por este motivo han hecho este acto de protesta, que no es el primero, para exigir al PSC que rectifique y que "cumpla con lo que prometió y desencalle la Ley de Vivienda" promovida por las organizaciones sociales.

La PAH presiona al PSC para que desbloquee la Ley de Vivienda

La PAH, que inició negociaciones con los socialistas el pasado noviembre por esta cuestión, ha señalado que la medida, que desde el PSC defienden como una forma de "combatir ocupaciones delictivas", en la práctica "facilita que los grandes tenedores puedan echar a familias vulnerables y saltarse la obligación de ofrecerles alquiler social según la ley catalana antidesahucios" aprobada en febrero. Además, la organización social ha criticado al PSOE por sumarse a un discurso promovido por la ultraderecha cuándo se autodenominan "progresistas", en vez de hacer medidas reales como aumentar el parque público de vivienda.

En este sentido, defienden que la mejor opción para evitar ocupaciones, es "garantizar una vivienda digna", y a este respecto presionan al PSC a fin de que desbloquee la Ley de Vivienda que está paralizada en el Congreso de los Diputados porque el grupo mayoritario del ejecutivo español no quiere incluir medidas como la de obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas en situación de vulnerabilidad o de prohibir los desahucios de forma permanente.