El conflicto abierto entre los vecinos de la Sagrada Familia, el Ayuntamiento de Barcelona y la misma basílica para determinar cómo se resuelven las afectaciones que amenazan con expropiar hasta 3.000 familias del Eixample ha llegado a un punto de parálisis que los vecinos atribuyen al gobierno municipal. Hartos de esperar que se activen soluciones que ya están sobre la mesa, las dos asociaciones implicadas, la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Familia y la Asociación de Afectados por la construcción de la Sagrada Familia han pedido este martes la paralización de las obras y han exigido al gobierno municipal que reactive las negociaciones para encontrar una salida al conflicto.
La raíz del problema se encuentra en la intención del Templo Expiatorio de llevar a cabo un proyecto para finalizar la fachada de la Glòria, que desde la Junta Constructora atribuyen al mismo Gaudí, que implicaría la construcción de una escalinata monumental que, en el proyecto más grandilocuente, comportaría abrir una avenida hasta la calle Aragó. De hecho, los edificios ante la Sagrada Familia en la calle Mallorca están afectados por el Plan General Metropolità (PGM) de 1976, y los vecinos hace años que reclaman una solución definitiva que les dé tranquilidad para poder vivir en sus domicilios y seguir con sus negocios.
De hecho, para negociar una salida a todo ello, el 5 de marzo del 2020 se constituyó un Grupo de Trabajo específico, en lo que participaban, entre otros actores, las dos asociaciones mencionadas, el templo y el consistorio, con el objetivo de encontrar salidas. Ahora bien, la llegada de la pandemia paralizó todas las actuaciones del grupo de trabajo, que se recompuso parcialmente en otoño del 2021, con una reunión de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia con "la plana mayor de la Casa Gran", según ha detallado Gabriel Mercadal, encargado de temas de urbanismo, vivienda y movilidad de la entidad y una segunda reunión con fecha de 24 de febrero del 2022.
Parálisis del Ayuntamiento
En la segunda reunión, el Ayuntamiento puso sobre la mesa posibles alternativas que garantizarían la no expropiación de los vecinos o si esta no era posible, la reubicación en el mismo barrio, y según Mercadal, estas posibilidades -que no quieren hacer públicas- fueron trasladadas a la asociación de los afectados. Pero aunque las dos asociaciones llegaron a entenderse y ver con buenos ojos las posibles salidas, el Ayuntamiento no ha vuelto a convocarlos, hecho que ha llevado a las dos asociaciones a convocar a los medios este martes para hacer público su enfado contra el gobierno Colau, después de cuatro meses desde la última reunión y sin perspectivas de avanzar.
"Hay inacción por parte del Ayuntamiento de Barcelona", ha señalado el presidente de la Asociación de Afectados por la construcción de la Sagrada Familia, Salvador Barroso, que ha recordado que aunque en 2020 parecía que "había interés del ayuntamiento por buscar soluciones a las 3.000 familias de la zona afectada", pero que una vez superada la pandemia, "no ha habido ningún tipo de interés a reanudar las reuniones y los grupos de trabajo", y en paralelo, el templo ha continuado con la construcción. De hecho, las asociaciones cargan todas las culpas en el gobierno municipal, que consideran que no tiene interés para resolver la cuestión, "quizás porque estamos en época preelectoral", según ha apuntado Mercadal.
Además, consideran que el interlocutor válido en esta cuestión es el Ayuntamiento, porque, según ha apuntado Barroso, "el templo es una fundación privada y quien tiene que tomar decisiones es la administración pública". Todavía más, según ha detallado Francesc Pla, vicepresidente de la asociación de afectados y farmacéutico en uno de los edificios afectados, toda la presión se tiene que dirigir hacia el Ayuntamiento, porque sobre la mesa no hay ningún proyecto por parte del templo, sino simplemente "una afectación administrativa". De hecho, Pla ha recordado que el templo puede hacer todos los planos que quiera, "pero quien lo tiene que autorizar tiene que ser el Ayuntamiento".
Desazón de los afectados
En todo caso, las dos asociaciones apuntan que la actual situación genera "desazón y estrés" entre los vecinos y también los que gestionan negocios, porque estar afectados implica no poder tomar libremente muchas decisiones habituales, como hacer reformas en los propios domicilios. Por eso recuerdan que el edificio más afectado, construido por Núñez y Navarro justo delante de donde ahora está la puerta principal de la Sagrada Familia, fue construido legalmente, ya que incluso fue rechazado judicialmente un recurso presentado por el arquitecto Jordi Bonet -traspasado este mismo lunes a la edad de 97 años. También han recordado que algunos de los edificios afectados "son anteriores a la primera piedra de la Sagrada Família".