La infanta Sofía está a punto de comenzar una nueva etapa académica fuera de España, una decisión que ha despertado opiniones encontradas dentro del Gobierno y entre diversos sectores sociales. Su elección de cursar estudios universitarios en un programa internacional con sedes en Lisboa, París y Berlín supondrá un coste aproximado de 18.500 euros por curso, lo que eleva la inversión total a cerca de 55.000 euros por los tres años de carrera. Una cifra que, para muchos, representa uno de los gastos educativos más altos que ha asumido hasta ahora un miembro de la Casa Real.
Aunque el desembolso será cubierto de forma privada por los Reyes, lo que ha generado controversia no es solo el importe, sino el mensaje que transmite una formación completamente alejada del sistema universitario español. Muchos consideran que esta decisión lanza una señal equivocada sobre la calidad de la educación superior en España, como si ninguna institución nacional fuera lo suficientemente válida para acoger la formación de una figura tan relevante.
A este argumento se suma el debate institucional. Hay quienes creen que, en un contexto donde la monarquía intenta reforzar su imagen de cercanía, sobriedad y compromiso con el país, elegir una universidad extranjera podría interpretarse como una falta de confianza en las estructuras educativas propias. La pregunta que flota en el aire es clara: si la infanta Sofía no estudia en España, ¿qué mensaje se está enviando a los jóvenes que sí lo hacen?
Formación global y tensiones internas
Desde el entorno más próximo se defiende la elección como parte de un proyecto formativo ambicioso, centrado en ciencias políticas y relaciones internacionales, con un enfoque trilingüe y experiencia en varias capitales europeas. Se trataría de una preparación pensada a largo plazo, vinculada a posibles tareas institucionales de carácter internacional. Además, se ha intentado matizar que la cercanía geográfica y la posibilidad de regresar con frecuencia al país mitigarían cualquier efecto de “desvinculación”.
Sin embargo, las críticas no han cesado. Varios sectores del Gobierno han mostrado incomodidad con el nivel de gasto que conlleva el traslado y, sobre todo, con la falta de referencia a universidades españolas como opción prioritaria. Para muchos, se pierde una oportunidad de dar ejemplo y apoyar al sistema público nacional desde la propia Casa Real.
En resumen, la decisión de la infanta Sofía no solo implica una apuesta por la educación internacional, sino que también ha abierto un debate sobre identidad, pertenencia y el valor que se le da —o no— a lo que se ofrece dentro de nuestras fronteras.