Después de que varios ayuntamientos hayan decidido no responder y no registrar como recibimiento la carta del Gobierno en la que les advertía de la ilegalidad del referéndum del 1-O, hoy el secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, ha puesto la directa y ha decidido dar respuesta a los de Mariano Rajoy.

Font se muestra "sorprendido" en una carta, remitida por la Associació de Municipis per la Independència (AMI), y reprocha al secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que fue precisamente a quien envió las cartas a los consistorios; que en esta advertencia "se manifiesta una interpretación de una norma inexistente", así como "una dependencia funcionarial de Secretarios e Interventores en relación a la Administración General del Estado, inexistente (también)".

Y no solo eso. El secretario municipal carga contra el Ejecutivo por "poner en duda la actuación de un colectivo profesional" y les recuerda: "Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la advertencia de ilegalidad".

La amenaza

Font considera que su oficio "se parece más a una amenaza que a una oferta colaborativa" y recupera algunos principios básicos de su código ético como la defensa de los valores democráticos, la lealtad al gobierno local o la imparcialidad política y la transparencia.

Por todo eso, el secretario de Tarragona ha avisado a Bermúdez de Castro que actuará de acuerdo con estos principios y lo emplaza a no someter "a presión" la actuación de los secretarios e interventores porque, señala, eso "solo puede afectar negativamente al ejercicio de nuestras funciones con la objetividad, neutralidad e imparcialidad que requieren". De hecho, Font se ha atrevido a confirmarle que, según su opinión, no sólo actuará él siguiendo esta línea, sino también todo el colectivo.

La respuesta de la AMI

La AMI también ha querido dar explicaciones a los ayuntamientos sobre la carta del Gobierno recordándoles que solo es "una apelación genérica al cumplimiento de las funciones de los secretarios", así como que corresponde al Govern determinar la convocatoria de las acciones a seguir para celebrar el referéndum.

En el escrito aseguran que "la convocatoria, y las medidas que la acompañen, se ajustará a la legalidad vigente en el momento de la misma, como ya ha manifestado el propio Govern en varias ocasiones", mientras se lamentan de que el Estado "quiere hacer recaer en los técnicos de la administración local una presión que no les corresponde".

Justamente por todo ello, la AMI quiere mostrar su apoyo a los ayuntamientos y se reitera en "la necesidad de una solución que permita al conjunto de la ciudadanía catalana expresar su opinión libremente y con garantías sobre su futuro".

La carta del Estado

La carta avisa a los ayuntamientos y funcionarios de que el referéndum atenta contra unos cuantos artículos de la Constitución y otros del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

También les advierte que el Tribunal Constitucional ya les ha avisado varias veces de la prohibición de salir adelante el 1-O y les recuerdan: "El adecuado respeto a estos pronunciamientos del TC incide directamente en el ejercicio de las funciones que usted tiene encomendadas".

Para acabar, Bermúdez de Castro quiere calmar los ánimos de los funcionarios asegurándoles que tienen todo su apoyo y que "les brindará toda la colaboración que necesiten".