La denuncia por sedición de la fiscalía de la Audiencia Nacional ha caído en manos del juez más veterano de este tribunal. Ismael Moreno (1955), titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la AN, dio el salto a la magistratura desde la policía. Durante aquellos nueve años como inspector, en los últimos años de la dictadura franquista, decidió estudiar Derecho. En 1985, a la edad de 30 años, llegó a la Audiencia Nacional, el heredero del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. Desde entonces, no se ha movido de allí.
Ahora tendrá que investigar la denuncia presentada por el Ministerio Público por un presunto delito de sedición por las protestas del miércoles y jueves en Barcelona contra los operativos de la Guardia Civil en distintos departamentos de la Generalitat. Aunque el fiscal de la Audiencia Nacional no responsabiliza a nadie en concreto, sí apunta hacia los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Como explica el diario Público, su ascenso, que coincidió con los años más sanguinarios de ETA, fue muy rápido. Además de casos de terrorismo, también ha juzgado casos de narcotráfico, como el intento de un policía español para implicar al gobierno sandinista de Nicaragua en una red de tráfico de drogas. Su currículum, sin embargo, no es impecable. Sin ir más lejos, en 1988 tuvo que declarar por presuntas irregularidades cometidas en un atestado que realizó cuando era inspector de policía. Este atestado sirvió para condenar a un hombre a 12 años de prisión por asesinato frustrado. Este fallo fue después revocado por el Tribunal Supremo.
El caso de las protestas contra la macrooperación de la Guardia Civil ha recaído en Ismael Moreno, el más veterano de los seis jueces del tribunal, de marcada ideología conservadora. Por sus manos han pasado casos muy mediáticos, como el caso Nóos o la investigación de Emperador, la operación contra la mafia china en Madrid. Ha sido protagonista de más de una polémica, alguna relacionada con la libertad de expresión.
Romper huevos
Justamente Moreno fue quien instruyó el caso del concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, a quien también se le acusaba de un delito de incitación a la sedición por haber dicho en un pleno, de forma metafórica, que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Después de un juicio surrealista, con la fiscalía preguntándole "qué quiere decir romper huevos", primero la Audiencia Nacional y después los juzgados de Vic archivaron el caso. Concluyeron que "no reúne los caracteres de tipo penal" para imputarle el delito de sedición.
Declaración de ruptura
En febrero del 2016, Ismael Moreno también ordenó investigar la Assemblea Nacional Catalana, la Associació de Municipis per la Independència y la Associació Catalana de Municipis para determinar si estas entidades impulsaron o promovieron las mociones de adhesión de 280 ayuntamientos catalanes a la declaración de ruptura aprobada por el Parlament de Catalunya el 9 de noviembre del 2015. El origen del caso estaba en las denuncias interpuestas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos de sedición y rebelión contra varios de estos consistorios.
Titiriteros
Por aquellas mismas fechas, también fue este juez quien decidió encarcelar preventivamente y sin fianza a dos titiriteros madrileños acusados de enaltecimiento del terrorismo. Todo vino porque, durante un espectáculo infantil durante las fiestas de Carnaval, uno de los muñecos exhibió un cartel con el lema "Gora ALKA-ETA". Los titiriteros pasaron cinco días en la prisión en febrero de 2016. En septiembre de aquel mismo año, la Audiencia Nacional archivó definitivamente la causa. Curiosamente la obra La bruja y don Cristóbal se representó en el mismo teatro donde finalmente tuvo lugar el acto en favor del derecho a decidir en Madrid el pasado domingo.
Falange y Tradición
Uno de los pocos casos en que Ismael Moreno llevó la contraria a la Fiscalía fue cuando se negó a investigar Falange y Tradición, un grupo de extrema derecha franquista, entre los años 2008 y 2009, atacó varios monumentos en memoria de víctimas de la dictadura y realizó amenazas de muerte. Los tres miembros acusados, que finalmente fueron condenados a dos años y un año y medio de prisión, evitaron la cárcel.
En 2004, el magistrado de la Audiencia Nacional también decidió archivar el caso Naparra, que investigaba el secuestro y muerte de José Miguel Etxeberria, reivindicado por el Batallón Vasco Español, una organización terrorista parapolicial. En contra del informe de la Fiscalía, Moreno alegó que se trataba de una "supuesta desaparición".