"La oposición democrática" propugnada por Carles Puigdemont ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la negativa a darse por cesado por el presidente Mariano Rajoy podría tener respuesta de la Fiscalía acusándole de un delito de usurpación de funciones, según informan fuentes de la Moncloa a El Nacional. "Desde este momento, la calificación de sus conductas corresponde al ámbito judicial", consideran las personalidades consultadas, que ya lo llaman "señor Puigdemont", no "president de la Generalitat" y huyen de valorar el discurso de este sábado.
Según el artículo 402 del Código Penal incurre en un delito de usurpación de funciones públicas quien "ilegítimamente ejerza actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial", pena que sería castigada con prisión de uno a tres años.
Las fuentes de la Moncloa explican que el supuesto se cumpliría si Puigdemont y el Govern decidiesen quedarse en el cargo, firmar documentos, o actuar al margen de las medidas de intervención de la autonomía catalana, pues han sido cesados "a todos los efectos". También recuerdan que una vez destituido con la publicación del BOE este sábado, el ejecutivo catalán deja de cobrar el sueldo. Eso sí, preguntadas por este diario sobre la posibilidad de ordenar su salida física de los edificios públicos, las fuentes muestran cautela y prefieren no pronunciarse.
El mismo delito que a Puigdemont y los consellers se aplicaría a los cargos de confianza –miembros de gabinete y asesores–, unos 140 trabajadores aproximadamente que también quedan destituidos con los decretos del ejecutivo.
En consecuencia, el Gobierno espera que "las nuevas elecciones en Catalunya permitan devolver la dignidad a las instituciones catalanas del deterioro que han sufrido durante el gobierno del Sr. Puigdemont" exponen. Eso sí, fuentes de vicepresidencia no descartan la posibilidad de que las fuerzas independentistas boicoteen los comicios, aunque asumen que "esta posibilidad existía ahora y antes", zanjan tajantemente.