Cinco apuntes de urgencia después de que se haya conocido que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya retirado la euroorden de detención que pesaba sobre el president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

Primero.- El juez Llarena ha actuado inteligentemente ante lo que era evidente desde el lunes: la Corte belga iba a tumbar, en su totalidad o en parte, la demanda presentada en su día por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien había emitido órdenes de detención nacional, internacional y europea para la extradición a España del president Carles Puigdemont y de los cuatro consellers exiliados en Bruselas. Llarena recula, es obvio, y evita un batacazo judicial a España, ya que pondría de relieve la politización de la justicia española. En el caso más favorable para los intereses españoles solo se habría aprobado la extradición para que fuera juzgado por el delito de malversación, una pena muy pequeña para los que están encima de la mesa de rebelión y sedición. Una retirada a tiempo es una victoria, decía Napoleón.

Segundo.- La estrategia del president Puigdemont de situar un foco de atención mediática en Bruselas tras la suspensión de la autonomía ordenada por Mariano Rajoy y las órdenes de encarcelamiento del Govern se ha revelado acertada política y judicialmente hablando. El caso catalán ha adquirido una propulsión internacional y está en la agenda mundial como nunca antes lo había estado. En el terreno judicial, la elección de Bélgica ha sido la acertada y la independencia de sus magistrados es la que se espera de un país con mayor garantía para las personas y extraordinariamente respetuoso con cualquier tema relacionado con los derechos humanos.

Tercero.- El movimiento de Llarena, desconcertante en un primer momento, tiene más calado político del que parece. Si Carles Puigdemont mantiene su condición actual de president en el exilio, la retirada de las órdenes internacionales de detención no le impide la libertad de movimientos. Si regresa a España será detenido y juzgado por todos los delitos que comportan penas de hasta 30 años de prisión. Llarena, hoy por hoy, parece invitarle a elegir entre el exilio permanente y abandonar toda actividad política en el interior o la entrada en prisión si regresa a España. De hecho, la víspera, el juez en el auto en el que confirmaba la prisión del vicepresident Oriol Junqueras daba a entender que sería revisable si el vicepresident tuviera intención de abandonar la política. Cobra fuerza así aquella frase de la Moncloa del pasado mes de septiembre en la que se aseguraba que descartaban a Puigdemont y Junqueras como interlocutores para el futuro y que hace unas semanas verbalizó Mariano Rajoy en la cadena Cope hablando de un hipotético nuevo Govern independentista.

Cuarto.- La justicia introduce nuevamente un factor en la campaña electoral más trascendental de las últimas décadas y que ha tenido un arranque muy alejado de los cánones habituales. Puigdemont puede quedarse en Bruselas o acercar su cuartel general lo más cerca posible de Catalunya ya que no pesan restricciones de movimiento sobre su persona. Así, podría situar, por ejemplo, en Perpinyà su nuevo centro operativo. Perdería la visibilidad internacional que le da Bruselas pero estaría a tiro de piedra de Catalunya. En cualquier caso, su movilidad teóricamente se multiplica así como la de los otros cuatro consellers. Estaríamos hablando de algo provisional y muy vinculado a la campaña de Junts per Catalunya y también de los consellers de Esquerra.

Quinto.- Si la permanencia en prisión del vicepresident Junqueras, el conseller Joaquim Forn y los Jordis, Sànchez y Cuixart, ya era del todo incomprensible e injusta esta situación se amplifica aún más. La prisión provisional de candidatos en un proceso electoral al final no es otra cosa que una manera de secuestrar la campaña. De alterarla. Sobre todo porque la prisión provisional es un mecanismo excepcional muy discutible en una situación como la actual y sobre la que muchos juristas de prestigio ya han mostrado su abierta discrepancia. El caso es que la mezcla de justicia y política siempre acaba beneficiando y perjudicando a los mismos.