Cada vez con más frecuencia, los medios de comunicación son agredidos antes, durante o al final de las manifestaciones que se celebran en Barcelona en defensa de la unidad de España. Este domingo no ha sido una excepción y profesionales de TV3 y un periodista de El Nacional han padecido la violencia de unos energúmenos. El viernes, otro grupo de ultras atacaron la sede de Catalunya Ràdio, rompiendo los cristales de la emisora, lanzaron huevos e impidieron a los trabajadores abandonar las instalaciones hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra. También atacaron a un equipo de BTV que grababa la agresión. Hace unos días, le sucedió a una periodista de RAC1. Y no son los únicos casos de estas últimas semanas. Hay un proceso de intimidación creciente para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo y es obligación de los poderes públicos garantizarlo. 

Los responsables de cualquier manifestación han de ser los primeros interesados en evitar que eso suceda y que todo transcurra en paz. Se lo merecen las personas que acuden a las manifestaciones, de una manera muy mayoritaria en paz, a expresar legítimamente sus ideas. Se lo merecen los agentes de la policía autonómica que también fueron agredidos en la plaza de Sant Jaume y los ciudadanos que a través de las redes sociales denunciaron que habían padecido actos de violencia.

Bienvenidas sean todas las concentraciones de cualquier ideología, ya que la calle es de todos y es bueno que sea así. Hemos dicho más de una vez que también es una manera de contarse y, además, permite dejar de lado aquella tontería de la mayoría silenciosa. Los que se expresaban en estos términos después de las concentraciones millonarias convocadas por la ANC y Òmnium reunieron este domingo en Barcelona a unas 300.000 personas, según la Guardia Urbana. Es, ciertamente, mucha gente y seguro que la gran mayoría repudia estos actos vandálicos. Es necesario, entonces, que se esfuercen los convocantes en garantizar mayores medidas de seguridad.

El control absoluto de las instituciones que quiere llevar a cabo el Gobierno español a caballo del artículo 155 debe garantizar el derecho de manifestación y la seguridad de profesionales y ciudadanos, como ha ejercido con éxito la Generalitat. Poner bajo su control a los Mossos es algo más que retirar la escolta a los consellers para buscar un titular de autoridad y aplauso de los medios de Madrid. Es garantizar a los ciudadanos que la calle no es un espacio para los violentos.