El Govern de Pere Aragonés ha defendido en varias ocasiones que su gestión ha desencallado la aprobación de energías renovables en Catalunya porque se han autorizado durante su mandato 133 proyectos hasta un total de 1.692 megavatios (la mitad de lo que prometió). Pero durante los tres años de legislatura, tan solo se han puesto en funcionamiento 132 MW de renovables, repartidos entre 27 de energía fotovoltaica y 105 de eólica, lo cual supone un 1,02% del total de potencia instalada estos años en España, que fueron 12.994 MW, según datos de las administraciones públicas recabadas por el investigador en renovables, Jaume Morron. Desde el sector, además, alertan de que a pesar de haberse activado algunos procesos, la lentitud administrativa sigue poniendo en riesgo muchos proyectos. 

En noviembre de 2021, entró en vigor el decreto ley aprobado por el Govern de Pere Aragonés para acelerar y desplegar unas renovables por entonces ya estancadas. Pero desde el sector alertan de que, más bien, el decreto aumentó los requisitos para los promotores. Para los nuevos parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de entre 5 y 50 MW (a partir de ahí, debe autorizar el Gobierno español), el decreto obliga a tener un acuerdo con la población local y a ofrecerle a los vecinos participación del 20% del capital, así como a disponibilidad de terrenos agrícolas, lo cual acaba retrasando el inicio de las obras. 

Para que un parque eólico o planta fotovoltaica arranque, debe primero obtener los derechos de conexión que, limitados, reparte Red Eléctrica Española, y a partir de ahí el proyecto aparece en información pública. En Catalunya debe además cumplir los requisitos anteriormente citados con la población local. Después, la administración concede la Declaración de Impacto Ambiental, positiva o negativa, y en caso de que sea positiva se puede proceder al plan urbanístico que permite la construcción. Conseguidos todos estos documentos, se procede a la autorización administrativa previa y de construcción y, finalmente, el promotor debe pedir al Ayuntamiento la licencia de obras. 

Para superar estos seis pasos, el tiempo de demora media en Catalunya es de entre 540 y 631 días de media, dos años, y el tiempo que tiene un promotor para arrancar el proyecto es de 31 meses para obtener la Declaración de Impacto Ambiental y de 49 meses para empezar a construir desde que se le otorgaron los accesos a red. Pues bien, tres parques eólicos que suman 133 MW de potencia (Les Covasses y Els Gorgs, en Garrigues, y Pla del Cirerer, en Segrià) han perdido los derechos de conexión por no haber obtenido a tiempo la Declaración de Impacto Ambiental.

Energía en riesgo de decaer

Y cuatro más (Basses Roges 2 y 3 y les Alzinetes, en el Segrià, y les Crestes, Fontcalda y El Calvari, en la Terra Alta) corren el riesgo de perderlo también si no obtienen una DIA favorable antes del próximo 21 de julio. Suman 233 MW, con lo que, sumados a los anteriores, alcanzarían los 366 MW no autorizados por lentitud administrativa en la resolución de la declaración de impacto ambiental. 

La cifra, de 366 MW, puede no parecer significativa si no se tiene en cuenta que Catalunya tiene instalados tan solo 3.742 MW de renovables y otros 3.600 autorizados en alguna de sus fases (a los que habría que restar los 366 si decaen los últimos 233). O sea, que una de las comunidades autónomas más rezagadas en renovables habría perdido un 10% de las renovables con derecho de acceso a la red por lentitud administrativa.

El Govern, además, ha descartado el 41% de propuestas recibidas, 64 parques eólicos con 514 aerogeneradores y una potencia de 2.585 MW por no considerarlos viables o no aprobar la DIA y otros 21 parques de un total de 703 MW han sido retirados de la puja por desistimiento del promotor. En una respuesta escrita conjunta a ON ECONOMIA, los delegados de la patronal fotovoltaica UNEFCAT, Salvador Salat y Helena Badger, defienden que “el ritmo de aprobación ha sido lento” pese al despertar de las renovables que llegó con el decreto ley 147/2019 de Quim Torra, primero, y con el 24/2021, después, tras 10 años de prohibición de renovables por la moratoria del año 2009.  

Para alcanzar los planes previstos por la Prospectiva energética de Catalunya, Proencat, elaborada por el propio Govern, Catalunya debería instalar 12.000 MW nuevos hasta 2030, 5.000 de eólica y 7.000 de fotovoltaica para contribuir como espera a la descarbonización de la economía que permita frenar el cambio climático. Para ello, necesita un ritmo de instalación de 2.000 MW por año, casi 20 veces más que el ritmo actual. El Govern también estimaba necesarios la inversión de 84.361 millones de euros. 

Propuestas del sector

Entre las propuestas para hacerlo posible, los portavoces de UNEFCAT proponen “acelerar los plazos de autorizaciones a un máximo de 3 meses”, tal y como recoge la directiva europea de 2023 que los estados deben aplicar antes de mayo de 2025. Además, creen que “una figura de alto nivel en forma de conselleria o de comisionado de transición energética con pleno poder ejecutivo” podría ayudar a acelerar los procesos. Y por último, defienden que el Ministerio debe convocar nuevos concursos de capacidad de red para transporte para alcanzar una potencia suficiente. 

Mientras tanto, y a la espera de que la eólica marina arranque un concurso que podría en Catalunya sumar entre 1.000 y 3.000 MW (ya difícilmente para 2030), parte de la energía renovable de Catalunya tiene visos de proceder de Aragón, desde donde Forestalia ha conseguido autorización para dos de las tres líneas de muy alta tensión (MAT) que deben transportar hasta 4.185 MW de renovables a Catalunya, más de lo que tiene instalado a día de hoy el territorio. 

Ante esta situación que lleva a que Catalunya tenga una cuota de renovables del 14%, cuatro veces menos que el 56% del total estatal, y que solo genera el 4,5% del total de renovables de España, la transición energética no ha sido una gran protagonista en los debates electorales. 

Según un análisis del lobby ecologista recientemente creado Renovem-nos, partido a partido, tan solo Comuns, con la agenda más completa de propuestas para renovables, propone un vicepresidente que se ocupe de la transición energética, aunque deja a un lado en su programa el hidrógeno verde y la geotermia que otros partidos sí que incorporan. Junts y PSC, así como Comuns, proponen un cambio normativo para acelerar la transición y estos cuatro partidos incluyen también el refuerzo de la red eléctrica y el impulso a la energía eólica.