Pronto hará tres años que el gobierno español hizo público, en febrero de 2023, el esperado Plan de Ordenación de la Eólica Marina (POEM) que delimitaba las zonas marítimas donde en España se podrá construir eólica marina, entre ellas el Golfo de Roses. Por aquella época, ya hacía un año que se esperaba este mapa. Tardó un año en presentar el marco normativo a través del real decreto 962/2024 y ha tardado tres años más en abrir, este martes, la consulta pública las bases de la subasta con que, finalmente, se abre esta carrera que el sector eólico calcula en 50.000 millones. El estado espera sumar entre 1 y 3 GW de renovables antes de 2030. 

Las empresas y administraciones tienen ahora hasta el 24 de febrero para presentar sus aportaciones a cómo creen que debe ser esta subasta, a partir de 13 preguntas clave para las energéticas que deben delimitar el régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red y la prioridad en la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre. 

La consulta pública pregunta, en primer lugar, cuáles son las zonas identificadas por el POEM que se han de seleccionar para instalar eólica marina y si es preferible delimitar una sola zona en cada región geográfica o bien dejar que diversas compitan entre ellas. 

El ejecutivo pregunta si habría que subastar también un único parque de mucha potencia en una zona o varios de pequeños y cuál debería ser la potencia objetiva a subastar en cada parque. 

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) pregunta también qué requisitos se deberían poner a quienes quieran participar de la subasta con el fin de asegurar una elevada tasa de ejecución. 

Entre los criterios para adjudicar los proyectos, el gobierno español consulta si es necesario priorizar el precio económico de la energía, la minimización del impacto medioambiental, el aprovechamiento de la oportunidad industrial, la compatibilidad de usos en el mar, el apoyo ciudadano y del territorio, la innovación y otros a detallar. 

La consulta pide si habría que destacar alguno de estos criterios como para hacerlo obligatorio y si existe interés en mecanismos de inversión ciudadana en estos proyectos que hace pensar que puedan ser participados. 

Por otra parte, el ministerio quiere averiguar si hay requisitos tecnológicos que se puedan exigir como obligatorios para tener proyectos que sean beneficiosos en términos medioambientales e industriales.

La subasta recogerá cuál es el plazo máximo conveniente para poner en marcha las instalaciones y qué duración debe tener el régimen económico. En concreto, pregunta por el período máximo de entrega junto con la potencia y el número de horas anual que permite calcular la energía mínima y máxima de subasta que se puede pedir a las instalaciones. 

Los parámetros para indexar el precio, las estrategias para minimizar el riesgo de las horas a precio cero del mercado eléctrico y la forma de asegurar el desmantelamiento de los parques son otras de las cuestiones por las que se pregunta en la consulta.