El real decreto 2147/2025, que fue aprobado el pasado 18 de marzo y entró en vigor el 12 de abril, obliga a las empresas a calcular su huella de carbono y trazar un plan para reducirla y compensarla. A partir de 2026, deberán presentar el primer informe donde se detalle la emisión de los gases de efecto invernadero del año pasado y su estrategia para reducir, compensar o absorber esta contaminación ambiental.
Las empresas con más de 250 trabajadores deberán presentar este informe en caso de que sean consideradas entidades de interés público o bien si en los últimos dos años han superado un activo de 20 millones de euros o una facturación anual de 40 millones. La administración general del estado, los ministerios y los organismos autónomos también deberán presentar este informe.
Gonzalo Valle, director de preventa de la empresa IFS, que desarrolla software para empresas y ayudará a empresas en el cálculo de emisiones, alerta de que "muchas empresas están preguntando" porque hay mucha "incertidumbre" sobre el cálculo de las emisiones. "Hay cosas voluntarias que pueden pasar a ser obligatorias y eso preocupa. La ley es clara, pero hay muchas concreciones que pueden cambiar en función de las normativas", añade.
Las empresas, explica Valle, deberán aclarar las emisiones directas, como el consumo de electricidad, pero también las que tienen que ver con la cadena de suministro, como por ejemplo lo que contaminan los proveedores, el transporte que utilizas para tu actividad laboral o los materiales con los que está fabricada la maquinaria o los materiales para desarrollar la actividad.
Las emisiones de alcance 1 son las emisiones directas (combustibles propios, vehículos), las de alcance 2 las indirectas por la energía comprada y las de alcance 3 son las que se calculan a lo largo de la cadena de valor.
"Si miras, por ejemplo, la industria de la cerveza, lo que más hace subir la huella de carbono es por la avena y el lúpulo, pues utilizan muchos abonos químicos. Sorprende, pero en este caso no es la actividad industrial, sino la agrícola, la que emite más huella de carbono", explica Valle, que alerta de la dificultad que habrá en demostrar la veracidad de todos los datos que, paso a paso, se utilicen para calcular la huella de carbono. "Alguien te lo tiene que verificar", dice.
La ley tiene el objetivo de fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en armonía con la estrategia de descarbonización pactada por las Naciones Unidas y también en el seno de la Unión Europea, como los Acuerdos de París o el objetivo de neutralidad climática europea para 2050.
Las empresas deberán publicar el informe de manera anual y deberán hacerlo público en su web, así como incluirlo en el estado de información no financiera de la empresa. La transposición de directivas europeas puede modificar todavía algunos puntos de la ley.
Desde que en 2014 se aprobó el real decreto que contemplaba como voluntario este registro de la huella de carbono, se han inscrito 14.250 huellas de carbono con 23.348 hectáreas de proyectos forestales y 154.406 toneladas de CO₂ compensadas.
Los datos de las administraciones públicas y eventos estarán en el registro público gestionado por el ministerio de Transición Ecológica (MITECO), donde estarán especificados la huella de carbono y los compromisos de reducción, así como los proyectos de absorción de CO₂ en actividades forestales y de otros tipos. Las empresas o entidades deben compensar su CO₂ promoviendo proyectos que generen esta vía de escape de carbono.