La carrera por instalar baterías de almacenamiento a la red en Catalunya ha comenzado. Las empresas ya han hecho trámites de algún tipo para instalar los primeros 121 MW después de la normativa aprobada a finales del año pasado, aunque la Generalitat no ha autorizado todavía ninguna instalación.
Catalunya lidera el ranking de proyectos de almacenamiento eléctrico con baterías en información pública del primer trimestre del año, con 82,4 MW que se han presentado sobre un total de 299,2 MW en todo el estado. Si sumamos estos 82,4 MW a los 29,9 MW que han recibido autorización ambiental favorable en este mismo trimestre, las empresas se han apuntado en Catalunya con 112 MW en lo que va de año. El año pasado se resolvieron favorablemente informes ambientales de 60,1 MW. Uno de ellos, de 50,9, es de los que aparece este año en información pública, por lo que el total de MW en tramitación en Catalunya es de 121 MW.
Todavía, sin embargo, no se ha autorizado la construcción de ningún proyecto, según el informe de Opina 360 por el observatorio de renovables Foro Sella, mientras que en toda España se autorizaron 95,2 MW.
El almacenaje de energía tiene un papel fundamental para la seguridad de suministro, ya que es la herramienta con la cual la red eléctrica se nutrirá de electricidad procedente de renovables cuando estas no estén produciendo. Es decir, cuando la fotovoltaica funciona porque hay sol o la eólica porque sopla el viento, las baterías y otras formas de almacenaje como el bombardeo hidráulico permiten guardar el excedente de renovables no consumido. Así, después la red lo puede utilizarla cuando la producción de renovables no está activa. Serán todavía más importantes cuando se concreten los cierres nucleares, porque tendrán más peso para cubrir la ausencia de los reactores en momentos que las renovables no estén produciendo lo suficiente.
El desarrollo del almacenaje estaba pendiente de una regulación que en octubre del año pasado aprobó la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el fin de establecer las condiciones y normativas con que se comercializa su energía, así como lo que se paga para tener una reserva de electricidad por momentos de estrés. Con 22.000 MW de baterías que ya han solicitado acceso a la red en toda España, se empiezan a agilizar las declaraciones de impacto ambiental y los permisos de autorización.
Catalunya es la comunidad con más almacenaje en información pública (82,4 MW) y la segunda con más informes ambientales favorables (29,9) en el primer trimestre, con un total de 112,3 MW en proceso durante este inicio de año que la colocan en segunda posición de proyectos en estas fases, después de una Comunitat Valenciana que tiene 107,9 MW con informes ambientales favorables y 14,8 MW en información pública.
Ahora bien, no recibió ninguna autorización de construcción de los 95,2 MW que se autorizaron hasta finales de marzo en todo el estado. Castilla-La Mancha, con 41,7 MW ya aprobados para construcción y Extremadura, con 38,5 MW, lideraron estas autorizaciones en el primer trimestre.
El año pasado, Catalunya obtuvo Declaración de Impacto Ambiental positivo 60,9 MW, todos ellos en el último trimestre. Catalunya tiene 440 MW en funcionamiento de almacenaje en bombeo de turbinación de agua, pero nada en baterías. Hoy día, las baterías en el estado español solo cuentan con 24,5 MW de capacidad, mientras que la turbinación de bombeo permiten aprovechar 3.331 MW de electricidad. Catalunya participa del bombeo, pero todavía no de las baterías, dominadas por el País Vasco.
El precio de las baterías, a la baja, todavía tiene que tener un papel clave para calibrar la importancia del sector dentro del mix eléctrico español. En entrevista con ON ECONOMIA, el presidente de la patronal española AEPIBAL (Asociación de Almacenaje y Baterías), reconoció que Catalunya tenía un gran potencial para subsanar con almacenaje parte de su déficit en renovables. Habrá que ver, sin embargo, si los proyectos no se encuentran con los mismos obstáculos reguladores y de oposición del territorio, a pesar de ser de menor impacto paisajístico que los parques renovables. También calculaba que de los 22 GW que hay con permiso a red, en torno a unos 5 llegarán a funcionar de cara a 2030, por debajo de los 22 GW que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Entre los que se han presentado a información pública en Catalunya, Glauco Almacena pretende desarrollar 50,9 MW a Girona, mientras que Isabel Development, del fondo Aquila Capital, ha presentado siete propuestas pequeñas de 4,5 MW para desarrollar un total de 31,5 MW en Tarragona. En Montgat, Corresol tiene un proyecto pendiente de evaluar de 76 MW, mientras que en Vilademuls, en Girona, la empresa alemana Steag-Iqony opta a desarrollar 148 MW. Esta misma empresa tiene otro proyecto con autorización ambiental positiva en Juià. En Sant Julià de Ramis, Matrix Renovables tiene 102 MW pendientes de avanzar, según fuentes informadas del sector.