Acabamos de “celebrar” el 25 de noviembre, el día internacional contra la violencia de género. La violencia de género en España sigue siendo una lacra estructural, pero en el medio rural adquiere dimensiones específicas que la hacen más difícil de detectar, denunciar y combatir. Creo que es buen momento para detenerse sobre ella.

Diversos informes recientes coinciden en que las mujeres que viven en municipios pequeños afrontan mayores barreras, una mayor exposición y, en muchos casos, un riesgo más alto de letalidad.

Según los Observatorios Rurales de Violencia de Género de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y de la Federación Nacional de Mujeres Rurales (AMFAR), más del 50% de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2024 vivían en municipios rurales, definidos en muchos casos como aquellos con menos de 30.000 habitantes. Esta cifra es llamativa, dado que la población rural representa un porcentaje mucho menor del total nacional.

Otros análisis sitúan ese porcentaje en torno al 40% cuando el criterio se fija en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que igualmente refleja un peso muy superior al esperado.

La letalidad, por tanto, no disminuye en el medio rural; al contrario, en muchos años se concentra de manera desproporcionada en localidades pequeñas.

Las barreras invisibles

Los estudios muestran que denunciar en un pueblo pequeño puede resultar extremadamente difícil. La presión social, la falta de anonimato y el miedo al estigma condicionan enormemente el comportamiento de las víctimas.

El estudio institucional Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural del Ministerio de Igualdad —referencia esencial para comprender la estructura del problema— explica que el aislamiento, la normalización cultural del control de la pareja y la dependencia económica son factores que actúan como barreras estructurales para que las mujeres rurales pidan ayuda.

Un informe cualitativo complementario subraya que muchas mujeres rurales no identifican como violencia ciertos comportamientos por haber sido naturalizados en su entorno, y que “dar el paso a denunciar es más complicado” que en las ciudades.

El aislamiento, la normalización cultural del control de la pareja y la dependencia económica frenan a las mujeres rurales a pedir ayuda

Uno de los datos más repetidos en la investigación es la baja utilización de recursos de atención y denuncia en el medio rural. En algunos análisis territoriales se observa que más del 90% de mujeres víctimas no había recurrido a ningún recurso formal (servicios sociales, policía, centros de atención) antes de una intervención o de un episodio grave.

Este subregistro no implica menor violencia, sino mayor invisibilidad.

Mientras tanto, en el conjunto del país, el Ministerio del Interior mantiene activas decenas de miles de casos bajo el sistema VioGén, lo que muestra la extensión del fenómeno en términos nacionales y sirve como contexto para comprender la magnitud del problema también en espacios rurales.

La violencia psicológica, económica y de control ambiental aparece de manera especialmente intensa en el medio rural, según el estudio del Ministerio de Igualdad. El aislamiento geográfico y social incrementa el poder coercitivo de la persona agresora, que puede controlar la movilidad, las relaciones familiares y hasta la actividad económica de la víctima. Estos factores explican por qué muchas mujeres permanecen en situaciones de maltrato durante años, incluso décadas, antes de pedir ayuda.

Recursos insuficientes, respuestas específicas

Organizaciones como FADEMUR han impulsado iniciativas piloto como “espacios seguros” en pueblos pequeños, pensados para ofrecer acompañamiento discreto y accesible a mujeres que no quieren o no pueden desplazarse a servicios urbanos. Un ejemplo reciente es el creado en San Esteban de Litera (Huesca), donde se habilitó un punto seguro en colaboración con colectivos rurales.

Los informes recomiendan reforzar la presencia de profesionales especializados en municipios rurales, potenciar unidades móviles de atención, realizar campañas de sensibilización adaptadas a la cultura rural y desarrollar programas de empleo y empoderamiento económico femenino.

La violencia de género en el medio rural no es menor, sino más silenciosa; no es más leve, sino a menudo más letal

Aunque existen estudios relevantes, como los publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género o los observatorios rurales, aún faltan datos desagregados homogéneos y encuestas específicas recientes que midan la evolución del fenómeno tras la pandemia. Varios observatorios señalan que cada institución emplea criterios distintos para definir “ruralidad”, lo que dificulta comparaciones precisas.

Pese a ello, los patrones emergen con claridad: la violencia de género en el medio rural no es menor, sino más silenciosa; no es más leve, sino a menudo más letal.