En cualquier negociación política, los diferentes actores intentan gestionar sus silencios de acuerdo con sus intereses. Esto mortifica a los observadores, pero es legítimo. Hay, sin embargo, unos silencios permanentes sobre determinados aspectos que nunca se tocan. Verdades incómodas de las que mejor no hablar. Pasa en política (debate sobre la monarquía, determinadas reformas constitucionales, las influencias políticas sobre los grandes poderes judiciales y policiales…), en economía (el papel real de los grandes poderes económicos), etc. Y también sucede en la actual negociación sobre la financiación autonómica. Temas de los que hay una voluntad manifiesta de no hablar, aunque estén condicionando permanentemente el logro de un equilibrio territorial estable. Expondré algunos, sin pretender el don de la omnisciencia.

Los privilegios de los regímenes forales

El País Vasco y Navarra, como todo el mundo sabe, tienen un sistema de financiación muy cercano al de un territorio confederado. Recaudan prácticamente todos los tributos generados dentro de sus límites territoriales y satisfacen al Estado español unas cantidades teóricamente calculadas para contribuir al sostenimiento de las competencias no transferidas (el “cupo” en el caso vasco y la “aportación” en el caso navarro). Gracias a la falta de transparencia de este cálculo, pasa relativamente desapercibida la inexistencia de ninguna contribución a la solidaridad con el resto de territorios. Y por eso, un ciudadano vasco y uno navarro disfrutan de unos recursos públicos por habitante, un 74% y un 44% respectivamente, en términos homogéneos1, superiores a la media del resto de territorios no forales. Esto determina que los servicios sociales prestados y la promoción económica de estos territorios estén mucho mejor financiados per cápita, desde hace más de cuarenta años, que los de cualquier otra autonomía española.

Esto es posible aunque un artículo de la Constitución (138.2) diga que: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Alguien nos tendría que explicar cómo encaja este principio constitucional con la situación privilegiada que disfruta un ciudadano de Barakaldo respecto a uno de Cornellà o de cualquier otro lugar de los territorios de régimen común. Siempre se ha dicho que los conciertos forales están blindados por la Constitución y, por lo tanto, intocables, pero no hay ningún derecho histórico que los blinde de contribuir a la solidaridad. Este es un pacto gestado entre bambalinas y silenciado que nadie se atreve a discutir públicamente.

Gracias a la falta de transparencia del cálculo del concierto vasco y navarro, pasa relativamente desapercibida la inexistencia de ninguna contribución a la solidaridad

Un estudio reciente del IVIE2 ha puesto cifras a la pérdida para el resto de territorios que supone esta no contribución: entre 5.200 y 5.700 millones de euros, según diversos criterios de cálculo, que, en realidad, estamos pagando entre todos vía el mismo Estado español.

El papel de Madrid

Madrid disfruta de un “plus fiscal” que le es causado por su capitalidad debidamente potenciada y estimulada por el gobierno central, que nunca ha sido un actor neutral en el juego de equilibrios territoriales. Este plus fiscal es consecuencia directa de esta falta de neutralidad que ha permitido, gracias a la histórica concentración física de los órganos de poder político, económico y judicial y a una fuerte acumulación de inversión en infraestructuras repetida de forma insistente a lo largo de los años, un potentísimo cúmulo de poder empresarial y de talento. Esto es lo que ha producido que sea un gran foco de atracción de bases fiscales, con sus correspondientes ingresos, constituyendo una de las patas de este plus fiscal

La otra pata del “plus fiscal” son los ahorros de gastos que se puede permitir gracias a la misma capitalidad. Las necesidades de gasto son netamente inferiores a las de otras comunidades, también por razón de diversas concentraciones: una, inicial, de los funcionarios y empleados de los diferentes ministerios, organismos y empresas estatales y sus familias (245.000 personas más familiares, la mayor parte todavía asistidos por mutuas sanitarias propias que se alimentan de los presupuestos del Estado), otra concentración es la de población con rentas altas y medias-altas que prefieren disfrutar de una sanidad privada y llevar a sus hijos a la escuela privada o concertada (Madrid tiene con diferencia la mayor concentración de alumnos que van a la privada de todo el Estado) y, en tercer lugar, una acumulación de servicios culturales financiados también desde los presupuestos centrales y que son la misma base del atractivo turístico de la capital. Buena o mala gestión aparte, esto es lo que justifica que se pueda permitir el menor gasto per cápita en servicios básicos de todo el Estado.

Este plus fiscal acumulado progresivamente se ha utilizado, ante la pasividad estatal, para liderar un juego perverso de sucesivas rebajas fiscales, en perjuicio del resto de territorios, que cierra el círculo potenciando aún más la atracción de grandes empresas y población con rentas altas y gran capacidad de gasto reproduciendo un ciclo que se retroalimenta indefinidamente.

Madrid disfruta de un “plus fiscal” que le es causado por su capitalidad, debidamente potenciada y estimulada por el gobierno central

La gran pregunta que deberíamos hacernos, desde el punto de vista fiscal, y también político, a la vista de estos hechos, todos ellos sustentados en datos contrastados y públicos3, es si puede existir un auténtico “fair play” para el resto de territorios bajo estas condiciones. La solución no es poner límites a las rebajas fiscales, como se defiende desde alguna parte de la izquierda, porque la ventaja de partida continuaría existiendo y, en el mejor de los casos, lo máximo que se conseguiría sería una diferente utilización de esta ventaja que acabaría pareciéndose a la que disfrutan los territorios forales. La verdadera (y creo que única) solución es una profunda reforma federal del Estado que rompa esta multipolar y variada concentración de poder que tiende a reproducirse generacionalmente, distribuyéndolo territorialmente de manera más repartida como, de hecho, se hace de forma claramente consciente, en los estados más avanzados del mundo (Suiza, Canadá, Australia, Alemania, EE.UU., Bélgica, o incluso los nórdicos con sus potentes municipios).

Lamentablemente, todos sabemos que esta reforma ni está, ni se la espera, porque el núcleo “duro” del Estado incrustado en el seno de los grandes partidos y del funcionariado estatales, ahora con la colaboración activa de sus élites regionales subsidiarias y algunos de los grandes poderes económicos, lo impide de forma activa desde hace más de 300 años, como demostraría un repaso de la historia reciente del Estado4.

Las balanzas fiscales de los territorios del Estado y el déficit fiscal de Catalunya

De manera sistemática, los sucesivos gobiernos centrales evitan e ignoran tanto como pueden la revelación de las balanzas fiscales entre los territorios del Estado con las más diversas y estrambóticas excusas. Incluso incumpliendo pactos previos. No se publican porque la realidad que retratan es incómoda, como se ha puesto de manifiesto las pocas veces que han hecho alguna tentativa. Ocultándolas se permiten no “oficializar” los desequilibrios entre territorios. En cambio, tenerlas, en el actual debate sobre la financiación, aportaría un retrato mucho más preciso de la realidad del Estado, de la magnitud de los flujos interterritoriales y nos ahorraríamos algunos discursos falsos y demagógicos. El impacto del déficit fiscal sobre el bienestar y la competitividad de Catalunya es de una magnitud escandalosa en términos absolutos, relativos y comparativos5

La verdadera solución es una profunda reforma federal del Estado que rompa la concentración de poder que tiende a reproducirse generacionalmente

Negociar bien la financiación autonómica es muy importante y nos jugamos mucho, sin ninguna duda. Pero aunque lográramos un muy buen acuerdo de financiación (que cada vez se percibe más improbable) perfectamente podría suceder que aquello logrado por el acuerdo de financiación lo perdiéramos por las otras vías de drenaje del déficit fiscal, especialmente aquellas que más dependen del poder discrecional del gobierno central. La financiación autonómica representa solo una pequeña parte del déficit fiscal (no llegaría al 20%). El resto se nos escapa entre el déficit de inversión estatal, el sostenimiento del mismo Estado que utiliza su poder como hemos visto y una diversa y variada panoplia de instrumentos del estado del bienestar que se ha reservado el poder central en favor suyo.

El auténtico objetivo económico y estratégico de Catalunya es la reducción del déficit fiscal y el logro de mayor soberanía económica, fiscal, cultural y política. No podemos olvidarlo. Por eso mismo, y en paralelo a la mejora de la financiación, debemos exigir la reducción de este déficit hasta niveles más tolerables en cualquier democracia avanzada. Y al actual Govern de la Generalitat ya se le hace tarde para publicar la actualización del déficit fiscal de Catalunya.
 

1. Cálculo propio aplicado en 2023 a partir de los tributos concertados, y deduciendo el “cupo/aportación”, la participación de las entidades locales en los tributos concertados, competencias no homogéneas y otras particularidades.
2. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. 'Requisitos de un concierto solidario generalizado para las comunidades de régimen común y foral'. Octubre 2025.
3. Aunque necesitado ya de una actualización se puede profundizar en este otro estudio del IVIE. 'Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal'. Septiembre-2020.
4. Una buena obra para profundizar en ello sería 'Entre el imperio y la globalización. Historia Económica de la España Contemporánea' A. Carreras y X. Tafunell, 2010.
5. Una explicación más detallada se puede leer en el artículo publicado en la revista Eines de la Fundació Irla Reyner, J. 'Els impactes del dèficit fiscal sobre el benestar', 2025. O otra más extensa pero menos actualizada en Reyner, J. 'Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l’economia catalana: una situació a revertir'. Fundació Vincle, 2023