Este pasado 29 de enero de 2026 el Ministerio de Trabajo anunció un acuerdo con las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, para incrementar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El gobierno español avanzó que la medida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, que se blindarán los complementos salariales y que este sueldo mínimo se mantendrá fuera de la tributación del IRPF. Sin embargo, el acuerdo se cerró sin el apoyo de la patronal: tanto la CEOE como Cepyme se opusieron frontalmente y quedaron al margen.

El incremento del salario mínimo interprofesional es, sin duda, una medida necesaria. En un contexto marcado por una inflación persistente, el encarecimiento estructural de la vivienda y la erosión del poder adquisitivo de las rentas más bajas, garantizar un umbral salarial digno no es tan solo una decisión política, sino una exigencia social. El salario mínimo actúa como instrumento para corregir desigualdades y como mecanismo para contener la pobreza laboral, una realidad que, a pesar de tener trabajo, continúa afectando a una parte significativa de la población ocupada en el Estado español.

Ahora bien, que la medida sea justa no implica necesariamente que sea positiva en todos los sentidos. El hecho de que se haya aprobado sin la conformidad de la patronal evidencia una fractura relevante en el diálogo social. No se trata de un desacuerdo puntual, sino del reflejo de una tensión estructural entre objetivos sociales legítimos y las condiciones reales en las que opera una parte significativa del tejido empresarial. Ignorar esta tensión no la resuelve, simplemente la perpetúa.

La negativa de la CEOE y de Cepyme a firmar el pacto no puede interpretarse exclusivamente como una resistencia ideológica al aumento de los salarios. Detrás hay una preocupación sostenida sobre el impacto de los costes laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas, en sectores intensivos en mano de obra y con márgenes reducidos. Estas empresas, que sostienen una gran parte del empleo, a menudo no disponen de la capacidad financiera ni de la productividad necesaria para absorber incrementos salariales recurrentes sin comprometer su viabilidad.

Mientras el coste empresarial de un trabajador se eleva a niveles escandalosos, el salario neto que a menudo es insuficiente para cubrir los gastos cotidianos

Es aquí donde el debate acostumbra a perder matices. El salario bruto no representa el coste real de un trabajador para la empresa. Según datos de la OCDE publicados en 2025, el coste total de una contratación en España se sitúa entre un 25% y un 40% por encima del salario bruto, en función del tipo de contrato y del nivel de cotización. Este diferencial no es menor: condiciona de manera decisiva las decisiones de contratación, de política salarial y, en última instancia, de continuidad empresarial.

La paradoja es tan evidente como incómoda. Mientras el coste empresarial de un trabajador se eleva a niveles escandalosos, el salario neto que este percibe a menudo resulta insuficiente para cubrir los gastos cotidianos. Entre lo que paga la empresa y lo que llega realmente a la nómina del trabajador, una parte sustancial queda engullida por impuestos y cotizaciones. El resultado es una sensación de ahogo generalizado: las empresas ven reducido su margen de actuación, y los trabajadores constatan que los incrementos brutos no se traducen en una mejora palpable de sus condiciones de vida.

Este desequilibrio permite entender por qué tantas empresas toman el salario mínimo como referencia efectiva, y no como un simple punto de partida. Cuando la ministra afirma que el salario mínimo interprofesional es el umbral a partir del cual se deben establecer las retribuciones, obvia una realidad incómoda: en un sistema con costes laborales elevados y escasa flexibilidad, los umbrales legales tienden a convertirse en techos de facto. No por falta de voluntad empresarial, sino por ausencia de margen económico.

A este debate se añade otra cuestión no resuelta: la fijación de un salario mínimo uniforme para todo el Estado español. Los niveles de vida, el coste de la vivienda y el acceso a los servicios esenciales varían notablemente entre territorios. Un mismo salario mínimo no tiene el mismo impacto en una gran área metropolitana que en zonas con un coste de vida muy inferior. Esta homogeneidad aparente genera desigualdades reales, tanto en la capacidad adquisitiva de los trabajadores como en la presión que afrontan las empresas según su ubicación

Un mismo salario mínimo no tiene el mismo impacto en una gran área metropolitana que en zonas con un coste de vida muy inferior

Diversos informes recientes de la Comisión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo insisten en que la eficacia del salario mínimo depende de su relación con el salario medio y con el coste de la vida. En España, sin embargo, el debate territorial sobre el salario mínimo interprofesional continúa siendo residual, a pesar de que cada vez resulta más evidente que una sola cifra no puede responder a realidades económicas tan diversas. Mantener un modelo uniforme puede acabar penalizando tanto el empleo en determinados territorios como la competitividad de sectores vulnerables.

El aumento del salario mínimo, por tanto, no puede analizarse de manera aislada ni presentarse como una solución autosuficiente. Sin políticas complementarias que reduzcan los costes estructurales de la contratación, que incentiven la productividad, la formación y la innovación, y que revisen con rigor el sistema fiscal y de cotizaciones, el salario mínimo interprofesional corre el riesgo de ser una respuesta parcial. Necesaria, sí; suficiente, no

Situar esta retribución mínima en 1.221 euros es una decisión justa y coherente con el objetivo de reducir desigualdades y reforzar la cohesión social. Pero el hecho de que se haya adoptado sin consenso empresarial y sin abordar las disfunciones estructurales del mercado laboral pone de manifiesto una carencia recurrente de la política económica española: la tendencia a actuar sobre los síntomas sin afrontar las causas. El verdadero reto no es solo fijar un salario mínimo más alto, sino construir un modelo que permita pagar salarios dignos sin asfixiar a empresas ni a trabajadores. Y este debate, aún hoy, continúa pendiente.