Menudo chasco nos hemos llevado los que todavía albergábamos alguna esperanza de que la Unión Europea asumiese un liderazgo verdaderamente efectivo en ese compromiso global e ineludible que es la lucha por la preservación medioambiental. No es que nos desbordase el optimismo, pues la evolución de los acontecimientos en los últimos meses hacía presagiar lo peor, pero el resultado no ha podido ser más decepcionante.

Como se sabe, desde hace dos años ha estado circulando por los despachos de la Comisión de Bruselas y en los debates del Consejo Europeo la conocida como “Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad” (CS3D en la jerga comunitaria) que debía establecer y regular las obligaciones que debían asumir las empresas en todo su proceso productivo para garantizar el menor impacto ambiental posible. Después de durísimas controversias políticas, de retrasos, de bloqueos, de amenazas de boicot y de una votación en la que casi un tercio de los países miembros de la UE se abstuvieron, el Consejo Europeo aprobó el pasado mes de marzo la más raquítica CS3D que pueda imaginarse y que, en mi opinión, es un exponente cada vez más claro de ese ambiente perverso que se expande en nuestra Europa comunitaria de "quiero y no puedo" en materia ambiental y climática, de dar dos pasos adelante y tres hacia atrás, atenazados por una realidad económica que demanda un uso masivo de energía, verde o negra, da igual, y un entorno geopolítico, China-Rusia-Ucrania, casi prebelicista, que ha trastocado las prioridades políticas, económicas y sociales a corto y medio plazo y ha posicionado como ingenuas, o quijotescas, las preocupaciones climáticas. Y eso sin mencionar el creciente sentimiento de culpabilidad burocrático-reguladora que se expande por las instituciones comunitarias; conceptos que empiezan a ser considerados como amenaza a la competitividad y el progreso.

La CS3D finalmente aprobada va un poco más allá de la mera trasparencia y obliga a las empresas a identificar e informar sobre todos sus riesgos ambientales y a establecer planes concretos de acción para combatir su impacto climático. Establece una responsabilidad que se extiende a sus filiales y a sus actuaciones en su cadena de actividad. Obliga a establecer criterios de actualización permanente de esos riesgos ambientales y crea un sistema de control administrativo y judicial por parte de las instituciones comunitarias para su debido cumplimiento, que unifica el ordenamiento en toda la UE y excluye a las legislaciones particulares de cada país miembro.

La Directiva sobre la que se sustenta la estrategia europea de sostenibilidad en el ámbito empresarial afecta en realidad a apenas el 0,05% de las empresas europeas

Hasta ahí, todo bien. El raquitismo aflora y se visualiza cuando se comprueban las brutales rebajas de conceptos y contenidos finalmente aprobados respecto a los parámetros primigenios de la Directiva cuando inició su andadura política. La primera y más destacada rebaja es la definición del ámbito de actuación, que tras las presiones de sus más duros oponentes ha quedado reducida a las empresas europeas que tengan más de mil empleados y facturen 450 millones de euros en sus negocios mundiales y a aquellas de fuera de la UE que tengan un volumen de negocios de más de 450 millones dentro de la UE. No hace falta hacer demasiados cálculos para determinar que la Directiva sobre la que se sustenta la estrategia europea de sostenibilidad en el ámbito empresarial afecta en realidad a apenas el 0,05% de las empresas europeas. Cierto que se trata de las empresas más grandes y las que tienen mayor impacto ambiental, pero ¿alguien puede entender que exista verdadero compromiso o interés institucional por implicar a las empresas en la lucha climática cuando la inmensa mayoría de las corporaciones europeas no van a ser ni molestadas de lejos por esta cuestión? ¿Solo el 0,05%? ¿Puede haber mayor ridículo? Hagamos como que regulamos, pero no molestemos demasiado a las empresas, parece que ha sido el eje directorio de la tramitación de esta malhadada Directiva. A estas alturas del debate medioambiental no entiendo muy bien que sea verdaderamente problemático o extremadamente dificultoso que una amplia mayoría de las empresas europeas estén en condiciones de asumir planes concretos para definir sus riesgos medioambientales y los planes de gestión adecuados para minimizar su impacto. ¿Supone eso ponerlas en peligro o dificultar su competitividad y desempeño futuro? No lo creo.

En realidad libera a las empresas de cualquier compromiso u obligación con sus residuos y desechos

La segunda rebaja que impulsa el raquitismo de la Directiva se produjo cuando en los debates del Consejo Europeo la mayoría de los estados miembros aceptaron que la debida diligencia no se debería aplicar a la cadena de valor de las empresas, que implica sus actividades aguas arriba y aguas abajo, sino a su cadena de actividad, cuestión mucho más restrictiva. Debida diligencia en la cadena de valor implicaría responsabilidades empresariales en aspectos tan significativos para el cuidado ambiental como la gestión de sus residuos o el reciclaje de sus desechos. Al desaparecer este concepto y aparecer el de cadena de actividades, las responsabilidades empresariales quedan reducidas al ámbito del almacenamiento, el transporte y la distribución de sus productos. ¡Genial! Resulta que la directiva que se supone que debería impulsar el compromiso ambiental de las empresas en realidad las libera de cualquier compromiso u obligación con sus residuos y desechos, donde, precisamente, se generan buena parte de sus problemas ambientales.

La tercera rebaja que ahonda el raquitismo de la infeliz CS3D es la que afecta a sus plazos de aplicación. No hay prisa, ha sido la consigna asumida por todos. Las empresas más grandes, las que tengan más de 5.000 empleados o las que facturen más de 1.500 millones de euros, dispondrán de tres años para asumir los compromisos y obligaciones que establece la Directiva. Las que tengan más de 3.000 empleados y una facturación inferior a 900 millones de euros, tendrán de plazo cuatro años y las demás no tendrán que asumir compromisos hasta dentro de cinco años. Otra vez la incredulidad. ¿Se necesitan plazos tan amplios para abordar algo que ya debería estar vinculado de manera permanente en el modelo de negocio de la inmensa mayoría de las corporaciones europeas? No hay prisa y esto del compromiso ambiental y del cambio climático hay que tomárselo con calma, parece que nos dicen desde Bruselas.

No hay prisa, ha sido la consigna asumida por todos. Las empresas tendran entre tres y cinco años para asumir los compromisos

Otra cuestión, pero no menos importante, es que todo el negocio financiero queda fuera de las obligaciones ambientales y de cualquier compromiso que incluya la Directiva. Será en otra ocasión, dicen. Los bancos y el sistema financiero ni están ni se les espera en esto de la preservación medioambiental. Anoto las actuales deliberaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en las que para nada se quiere asociar banca con cambio climático, con fortísimas presiones de la FED norteamericana en esta cuestión y el apoyo indisimulado de bancos europeos como el Bundesbank.

Cuánto tiempo perdido y cuánta oportunidad desaprovechada. La CS3D era la ocasión perfecta para que la UE asumiera su liderazgo regulatorio en viabilidad ambiental; la ocasión de señalar el camino y dar un golpe de mano, de valentía, para conducir adecuadamente esta cuestión a nivel mundial. Las insidias ideológicas; la falta de verdadero convencimiento; el miedo a que la regulación, la fijación de normas, de reglas de conducta, en realidad nos atenace y proporcione oportunidades extra a los oponentes ha descafeinado hasta tal punto la Directiva que en realidad la deja casi sin efecto o con un impacto muy reducido. Una pena. Reivindico el viejo mantra de que Estados Unidos innova, China fabrica y Europa regula. Sí, Europa regula, no puede flaquear en esa misión. Y a mucha honra.