Se cumple este año el 30 aniversario de la celebración del Pacto de Toledo, a través del cual se logró un acuerdo de gran calado de reforma estructural del sistema público de Seguridad Social. Se trató de un acuerdo alcanzado con gran consenso entre la práctica totalidad de los grupos parlamentarios entonces presentes en Parlamento, acompañado del correlativo acuerdo de concertación social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La solidez del acuerdo parlamentario y entre los interlocutores sociales abrió paso a afianzar una generalizada práctica de consenso hasta el momento presente, que ha permitido posteriores revisiones del Pacto, con nuevas recomendaciones en 2003, 2011 y 2020.

Así, se llega a asumir que la defensa del sistema público de pensiones constituye una cuestión de Estado, casi la única que pervive, que como tal queda al margen del conflicto político y el paralelo entre sindicatos y empresarios. Esto no quiere decir que no hayan existido importantes discrepancias de fondo; pero se han conseguido soslayar en gran medida en aras de lograr un imprescindible equilibrio de las recomendaciones pactadas. Acuerdo político y social ineludible para efectuar reformas que se deben ir aplicando progresivamente, más allá de una concreta legislatura, y que, por tal motivo, su impacto lo es necesariamente en el largo plazo. Al tener esa proyección temporal las reformas pactadas, se abandona el habitual debate político cortoplacista.

Resulta importante destacar que ese escenario de consenso se ha venido produciendo al mismo tiempo que el modelo de pensiones se sometía a fuertes presiones económicas y mediáticas externas, que auguraban la inviabilidad de la suficiencia de las pensiones contributivas, basadas en el principio de la solidaridad intergeneracional. Ya desde mediados de los años noventa, desde ciertos ámbitos, se pronosticaba una debacle del sistema, afirmando con total contundencia, en teoría con datos económicos supuestamente incontestables, que el sistema era insostenible en el tiempo; en particular, que las diversas fuentes de financiación pública del sistema no iban a poder mantener en breve plazo el sistema de reparto de las pensiones, con cuantías que eufemísticamente se califican como “excesivamente generosas”; llegándose incluso a calificar demagógicamente por algunos a nuestro modelo de pensiones de “estafa piramidal”, pretendiendo provocar un ficticio enfrentamiento entre jóvenes y jubilados. Frente a ello, no se puede olvidar que el mantenimiento del sistema público de pensiones suficientes constituye un mandato constitucional y, por tanto, que el reconocimiento de las pensiones a los jubilados es un derecho en el sentido estricto del término.

Se afirmaba que la crisis del sistema resultaba inexorable, a la vista de la caída de la correlación entre cotizantes y pensionistas, de la fuerte reducción de la tasa de natalidad, del fuerte proceso de envejecimiento de la población, así como del acceso a la jubilación de la generación del baby boom. Sin desconocer la realidad de todos estos factores, que presionan en orden a adaptar el modelo de pensiones públicas a la nueva realidad, nada de esto ha provocado la confirmación de los malos presagios. Más aún, tampoco ha impedido que los principios básicos del modelo de reparto contributivo de unas pensiones públicas suficientes se hayan mantenido, incluso que haya motivos fundados para la tranquilidad y pensar que la sostenibilidad financiera queda garantizada para el futuro.

Con el Pacto de Toledo se logró un acuerdo de gran calado de reforma estructural del sistema público de Seguridad Social

Ante todo, se han producido cambios sociales y económicos que nunca entraban en los factores de cálculo de la viabilidad del sistema, como han sido la intensidad de los flujos migratorios, la fuerte incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el incremento de la productividad y, en general, el destacado crecimiento de afiliados, con el correlativo incremento de los ingresos por cotizaciones. A lo anterior se ha añadido una transformación del mercado de trabajo, hacia un modelo más sólido que, como efecto reflejo, ha favorecido la consolidación del equilibrio financiero del sistema.

Junto a lo anterior, han reforzado el resultado positivo conseguido las diversas medidas de reforma estructural adoptadas, que se han podido materializar gracias a lo que ha supuesto el Pacto de Toledo de 1995 y sus posteriores revisiones. El resultado es que se han podido afrontar reformas de importante calado, que de otro modo no se pudieran haber acometido; algo que no han sido posible en otros países cercanos, o bien su parcial introducción ha dejado profundas heridas, por lo que se puede afirmar que este modelo de reformas a través del consenso resulta envidiable para el resto de Europa.

Sin entrar en mayores detalles, entre esas reformas estructurales han destacado las siguientes: la separación de fuentes de financiación, que ha proporcionado ingresos más elevados vía impuestos para todo lo que no responda a gastos estrictamente contributivos; la simplificación e integración de los regímenes especiales, que ha mejorado su protección y perfeccionar su sistema de financiación, incluyendo recientemente el sistema de cotización de los autónomos conforme a ingresos reales; la constitución de un Fondo de reserva, recuperado en los últimos tiempos gracias a la introducción del llamado mecanismo de equidad intergeneracional; la progresiva prolongación de la edad de jubilación, que ha permitido reducir los gastos iniciales del sistema; el establecimiento de sistemas flexibles de jubilación, que han facilitado en determinados supuestos la compatibilidad de las pensiones con el trabajo; la tendencia al cálculo de la pensión con referencia a períodos más largos de cotización a lo largo de la vida laboral de los trabajadores; el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC; la mejora de los mecanismos de recaudación y la lucha contra la economía irregular; un compromiso de análisis constante de la evolución del sistema y diagnóstico de sus posibles desviaciones, incluyendo con la última modificación la evaluación externa por parte de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Permanece como reto pendiente superar la brecha de pensiones entre mujeres y hombres

Como colofón de todo lo anterior, se desemboca en la aceptación conjunta de la necesidad de continuar en la senda de las reformas, entendiendo que se trata de un proceso permanente de adaptaciones, sobre la premisa del mantenimiento de los principios básicos del modelo de reparto contributivo con pensiones suficientes. Por tanto, debe afrontarse la continuidad de la necesidad de atender a los retos a los que se debe enfrentar la esperable nueva revisión del Pacto de Toledo. Y ciertamente, esos desafíos no son pocos ni menores, incluso algunos ajenos al propio sistema de Seguridad Social. Sin poder enumerarlos todos, cuando menos destacaría los siguientes.

Ante todo, no olvidar que el sistema de reparto se construye sobre la base de un amplio pacto social intergeneracional, donde hoy en día han quebrado las contrapartidas ofrecidas a las generaciones más jóvenes. El logro de la recomposición de ese pacto intergeneracional solo se conseguirá en la medida en que se den respuesta a las necesidades de la población más joven, en términos de empleo de calidad, estable y bien retribuido, junto con una solución real y efectiva para las nuevas generaciones al grave problema del acceso a una vivienda en condiciones dignas.

Asimismo, permanece como reto pendiente superar la brecha de pensiones entre mujeres y hombres, que se ha corregido algo en los últimos tiempos, pero que está lejos de alcanzar un resultado de razonable equiparación. Las fórmulas ensayadas del complemento familiar o del complemento para la reducción de la brecha de género no han dado los resultados esperados, ni han sido comprendidas por las instituciones europeas. Habrá que ensayar otras medidas, posiblemente vía el impulso de una reforma de la Directiva sobre igualdad en materia de Seguridad Social para permitir la introducción de medidas de acción positiva, así como computar situaciones más amplias como períodos de cotización. Pero, en todo caso, hay que buscarle una respuesta a una de las diferencias más intensas entre hombres y mujeres existentes hoy en día.

Queda mucha tarea por acometer, que solo podrá afrontarse una vez más desde la filosofía del consenso

Tarde o temprano habrá que hacer frente a la reforma del régimen de las pensiones de viudedad, pues todo el mundo coincide que la regulación vigente responde a una realidad social del pasado, provocando su aplicación indudables distorsiones e incluso a veces resultados injustos; pero nadie asume la iniciativa de introducir los cambios necesarios.

Será conveniente ofrecer un sistema integrado y coherente de compatibilidad e incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la continuidad de la actividad laboral. Se deben identificar con claridad los objetivos que se pretenden y corregir una regulación como la actual, con medidas acumuladas en un proceso aluvional que resulta cuando menos un galimatías. Habrá que favorecer y financiar los sistemas de adaptación de los trabajos para las personas declaradas en situación de incapacidad permanente, en lugar de expulsarlos en la práctica del mercado de trabajo.

En definitiva, a pesar de lo afianzado, que garantiza un panorama de tranquilidad para el futuro, más allá de las falsas ideas propagadas de manera malintencionada, queda mucha tarea por acometer, que solo podrá afrontarse una vez más desde la filosofía del consenso sobre la que se han construido desde sus orígenes el Pacto de Toledo.