Expongo en este texto algunas razones, sin eufemismos ni florituras, de por qué la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica tiene, a estas alturas, desafortunadamente, poca viabilidad. Enumero las principales:

1. Se dan cifras de resultados sin ninguna garantía, ni de cuantías ni de sostenibilidad en el tiempo. La falta de transparencia y la gestión que se está haciendo de la información empobrecen la democracia.

Se refieren al 2027 partiendo del 2023 (a estas alturas, las únicas cifras reales y liquidadas). Entre medias, se debe especular sobre la proyección del PIB en estos años y sobre la estimación de la elasticidad recaudatoria de los ingresos que han de posibilitar las cifras finales. Si se han proyectado a futuro las cifras récord actuales de crecimiento económico y de recaudación, se construye una película desde la inconsciencia de qué pasará con la economía en 2026 y 2027, una vez acabados los fondos europeos y cuando aparezcan nuevos contextos geopolíticos ahora desconocidos. Y, sobre todo, cómo operaría el mantenimiento de lo que se proyecte para los cinco años posteriores a la entrada del sistema sobre la regularidad del ciclo económico —y no sobre sus puntas—, ya que lo que financia el sistema es gasto ordinario recurrente, de bienestar social, y por este trance ya hemos pasado.

2. En cualquier caso, los recursos adicionales de los que se habla deben salir o bien de una reducción de gastos del Estado o bien de un incremento de la recaudación, ya sea por la vía de una elevada elasticidad recaudatoria o por un incremento de la presión fiscal. Cuesta creer el primer supuesto, dados los compromisos ya firmados de más gasto en defensa y las rigideces administrativas del centralismo.

La falta de transparencia y la gestión que se está haciendo de la información empobrecen la democracia

3. La ordinalidad no está garantizada por el mismo sistema y es ilógico e ilegítimo que se comprometa solo de palabra para Cataluña, sin especificar cómo se cumplirá año tras año, a la vista de la evolución de las variables del modelo. Además, es imposible hacerse fuertes en la reivindicación de la ordinalidad sin aceptar la territorialidad de los ingresos y que la solidaridad personal —que es la importante— no depende solo de la soberanía tributaria exclusiva de quien recauda. La idea federal, contrariamente, sí legitima una noción de ordinalidad, de cierta proporcionalidad, para aquellos ciudadanos que, siendo primordialmente catalanes, aceptan pactar también ser españoles y, claro está, europeos. Es el acuerdo fiscal solidario de convivencia que España, en nombre de todos, acepta con Europa, pero que se resiste a admitir entre los nacionales catalanes que lo reclaman para sentirse voluntariamente españoles.

4. El fondo ad hoc del cambio climático es un disparate, tanto por la cuantía como por la distribución (dos tercios en la cuenca mediterránea). De hecho, las competencias sobre el clima son más estatales que autonómicas, y la financiación debería ir a gasto condicionado a los objetivos climáticos, y no a financiar gasto ordinario de servicios comunes.

La ordinalidad no está garantizada por el propio sistema y es ilógico e ilegítimo que se comprometa solo de palabra sin especificar cómo se cumplirá

5. Que el Estado diga que financiará las competencias no homogéneas a través del incremento de la participación en el IVA no tiene sentido, ya que la cuantía y su evolución quedarían condicionadas a la evolución del consumo, respecto del cual no se observa ninguna relación con estas competencias (lengua, prisiones, policía).

6. Que el Estado diga que el fondo vertical se financiará con un 5 % de su parte del IRPF no tiene credibilidad. Primero, por el principio vigente de caja única; pero también porque es increíble que la cuantía que salga inicialmente para esta financiación reduzca el gasto que antes financiaba este mismo 5 %, y que así se minorase el gasto central. La financiación saldrá del total de la recaudación, ya que no existe la posibilidad de afectar impuestos a gastos en nuestro ordenamiento tributario.

Cualquier mejora de la financiación autonómica puede quedar neutralizada por la actuación directa del Estado sobre el territorio

7. En todos los modelos basados en la estimación estatal de necesidades, la población ajustada es una caja negra, ya discrecional en las variables consideradas, en su definición y ponderación, y aún lo será más si se abre a una negociación bilateral con cada uno de los afectados reivindicando sus necesidades específicas. Además, en estos modelos, si lo que se pretende políticamente es un resultado determinado, al margen del anterior reajuste siempre está la carta de modificar la recaudación normativa, difícil de estimar en el tiempo, por mucha econometría que se inyecte

8. Desde un punto de vista global, cualquier mejora de la financiación autonómica puede quedar neutralizada por la actuación directa del Estado sobre el territorio, en el ejercicio de competencias y en su ejecución, dejando la balanza y el déficit fiscal igual o incluso peor.

Corresponde a los gobiernos y a la sociedad civil evitar que todo esto acabe en una nueva forma de trilerismo político que desprestigie aún más nuestra maltrecha democracia

9. La idea de que nadie pierde no tiene recorrido político, cuando es sabido que los beneficios siempre se leen en términos de proporciones relativas del pastel que se alcanzan, y no en términos absolutos. Y, por favor, dejemos a los catalanes de hacer números y de usar la calculadora. A estas alturas, esto ya no debería ir de cifras, para alguien que se quiera hacer respetar a largo plazo, sino de principios y de vocación de autogobierno.

10. No os podéis imaginar lo mucho que nos gustaría a algunos que las aguas se recondujeran. Todos queremos tranquilidad y convivencia, no solo quienes desean volver al business as usual. Qué bien vendría una propuesta que se ajustara a la realidad política reconocida constitucionalmente: “nacionalidades y regiones”, comunidades de vía rápida y de vía lenta, del artículo 151 y del 143. Un modelo que acogiera, a elección de las comunidades, una versión más basada en las capacidades fiscales y en la autonomía financiera —y no solo en el gasto—, a cambio de más responsabilidad fiscal, para que no fuera “gratuita”. Que conviviera con una versión más garantista, basada en la estimación de necesidades fiscales, al estilo de la actual, pero mejorada. Que acogiera las preferencias de aquellos ciudadanos que declaran persistentemente que con la descentralización actual tienen más que suficiente, respecto de aquellos que la consideran insuficiente y aspiran a una convivencia en libertad, federal y pactada, a cambio de compartir ingresos y ser solidarios. Que así acepten compartir un mismo Estado en el que nadie haga trampas: ni dumping fiscal, ni reclamar recursos “necesarios” tras bajar impuestos, ni estimaciones discrecionales de recursos, ni comunidades que se aprovechan de sus derechos históricos para esquivar sus contribuciones solidarias. Este doble sistema lo propuse en la Comisión de Reforma de la Financiación Autonómica, en la que participé como experto balear; también en la última comisión estatal para la reforma tributaria, y anteriormente como experto del Ministerio de Economía y Hacienda para la estimación de las balanzas fiscales del Instituto de Estudios Fiscales.

Corolario: en definitiva, la propuesta de financiación recientemente presentada tiene un futuro muy incierto. No está claro su recorrido legal, ni la disposición de las partes a aceptar cambios, ni cómo esto puede tergiversar la aceptación inicial de la propuesta. Corresponde a los gobiernos respectivos y, sobre todo, a la sociedad civil evitar que todo acabe en una nueva forma de trilerismo político que desprestigie aún más nuestra maltrecha democracia y deje las cosas tal como están. En resumen, diría que el nuevo sistema, a estas alturas, tiene poca viabilidad. Y ojalá me equivoque.