Con este atrevido epíteto ha salido, recientemente, el resumen de la presentación del documento sobre la situación fiscal y su impacto en la economía catalana, encargado por Foment del Treball Nacional, con los prejuicios ya muy instalados políticamente de que nuestra economía está sometida a un "infierno fiscal". A la vez, acaba de salir un texto (Los ricos no pagan IRPF), de Cruzado y Mollinedo, repleto de casos de evasión con la constitución de sociedades pantalla secuenciadas con el objetivo de no dejar rastro del capital evadido. Y con un listado de paraísos fiscales que ni la OCDE ni Obama en su día consiguieron reconducir.

El atribulado contribuyente se mueve, así, en el purgatorio del infierno y el paraíso fiscal, interrogándose sobre hasta qué punto su moral ciudadana lo empuja en un sentido u otro. Tanto al "sin factura" como a la más sofisticada sociedad pantalla desde la cual evadir el pago del impuesto. Una moral a estas alturas muy minada por la alegría con que se muestra que, a menudo, los políticos malgastan el dinero público, por el mal ejemplo de la monarquía y otros próceres del Estado, con el abono de vez en cuando de amnistías liberadoras del fraude fiscal incurrido.

Se suelen argumentar muchas otras justificaciones en favor de la abolición de impuestos; es la pretensión de los cumplidores, a quienes les gustaría dejar de tributar legalmente, y no con un riesgo penal o de conciencia que no les permite defraudar. Aquí siempre se encuentra la claque respecto de aquellos impuestos que más grupos de presión mueven por detrás. A menudo tienen que ver con cuestiones fácticas: elusión por complejidad, escasa recaudación, competencia fiscal, globalización sin coordinación internacional, etc. Pero no suelen ofrecer medidas de mejora de gestión o inspección que intenten ponerle remedio. Lo más fácil es, siempre, hacer tabula rasa; eliminar o minimizar el tributo, sin mirar las consecuencias. Cuando un tributo tiene descosidos, lo que hay que hacer es coserlo mejor (rehacer la regulación), reforzar la inspección contra el incumplimiento (no solo con sanciones monetarias, sino sociales o de ciudadanía) y, ante la expatriación, firmar acuerdos internacionales y castigar efectivamente las jurisdicciones 'no cooperadoras' constitutivas de paraísos fiscales. Cuando es notorio el vehículo de la elusión, intentemos, antes de proponer su abolición, instrumentar medidas razonables.

De existir hoy algún infierno, este sería el que sufren las rentas del trabajo, esencialmente las medias y bajas, residan donde residan, respecto de las ganancias de capitales

Cuestión diferente es discutir el nivel de presión fiscal que deseamos tener. Pero este, sea cual sea el nivel finalmente aceptado democráticamente, tiene que respetar la equidad y la progresividad. Y de existir hoy algún infierno, este sería el que sufren las rentas del trabajo, esencialmente las medias y bajas, residan donde residan, respecto de las ganancias de capitales, por mor de una dualización impuesta por la globalización y la falta de coordinación internacional, que ahora se quiere agravar con la exención de los impuestos sobre la riqueza.

Conviene referirse al mantra de "el infierno fiscal" de nuestro país. Desde la experiencia empírica disponible, no conocemos a ningún contribuyente residente en Catalunya que por motivos exclusivamente tributarios haya trasladado su domicilio fiscal a otra comunidad autónoma. Así se reconoce expresamente en el estudio Migraciones interregionales en España de determinados perfiles de contribuyentes en el período 2016-2019: el papel de las variaciones autonómicas en la imposición sobre la renta y la riqueza, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Cosa diferente es la acumulación de grandes fortunas en la capital, Madrid; concentración que se da por la misma razón que se acumula allí el alambre de las infraestructuras o el stock del capital público de una España radial.

Cosa diferente es la acumulación de grandes fortunas en Madrid; que se da por la misma razón que se acumula allí el alambre de las infraestructuras o el estoc del capital público de una España radial

La opción de trasladar el domicilio es transversal y obedece a un conjunto de motivos muy diversos, incluida, claro está, la fiscalidad. Pero no solo. La rentabilidad de una decisión se debe, principalmente, al valor de la productividad marginal de la inversión, de la cual el valor neto de impuestos es tan solo una de las variables. En muchos de estos factores, Catalunya tiene una ventaja comparativa, a diferencia de otras comunidades que serían las realmente perjudicadas por aquel espolio fiscal. Por otra parte, es curioso que la fiscalidad propia de Catalunya se considere un factor distorsionando de la economía catalana cuando los impuestos que en realidad pueden contribuir a eso son precisamente aquellos la capacidad normativa de los cuales corresponde precisamente al Estado, o cuyo margen de capacidad normativa autonómica es ridículo.

Criticar la fiscalidad y no reconocer la inequidad entre capital y el trabajo es no ser objetivo. Es obvio que el principal problema de inequidad está en el tratamiento de los beneficios no distribuidos y su privilegiado diferimiento de impuestos con relación a las rentas del trabajo. Por eso es necesario afrontar una profunda reforma de la fiscalidad de la riqueza, de la cual, una vez y otra, se huye.

El problema es de inequidad social, de falta de moral fiscal, del malestar por los que evaden con una cierta inacción tanto de la administración como de la sociedad

El problema, pues, más que de infierno, es de inequidad social. De verdadera falta de moral fiscal; de incumplimiento de deberes de ciudadanía, del malestar que genera en los cumplidores ver el ejemplo de los que evaden y así lo exhiben, con una cierta inacción tanto de la administración tributaria como de la sociedad, aquiescente: prohombres del mundo de la empresa, élites del deporte y de la monarquía del Estado al frente. Y nada pasa. Más bien, todavía algunos les ríen las gracias y les otorgan reconocimientos.

Un país serio, de entrada, no cuestiona su presión fiscal, que se tiene que corresponder a su nivel de desarrollo y a la calidad de los servicios públicos que quiere para su ciudadanía, sino que tiene que querer ajustar esta presión fiscal, en su composición conjunta, a las necesidades de su economía productiva y a la cohesión que a la sociedad se le quiere dar, sobre la base de la justicia tributaria.

Ahora ya, de nuevo en etapa electoral en el país, se invita al lector a que compruebe la incidencia de los cambios propuestos por los diferentes programas fiscales, algunos de ellos poco más que un buzón de quejas de aquellos que no quieren pagar impuestos, aspirando al paraíso desde una moral fiscal escasa.