En cualquier economía avanzada, saber lenguas es un activo. Suma currículum, abre puertas, facilita negocios, conecta territorios y amplía oportunidades. Saber inglés es una necesidad. Saber francés, alemán o italiano es un plus. Saber chino o árabe es internacionalización. Pero cuando la lengua es el catalán, algo se tuerce. El relato dominante se desfigura con una facilidad preocupante y lo que en cualquier otro contexto se consideraría capital pasa a presentarse como una imposición, un gasto prescindible, una obsesión de unos llamados separatistas que hay que extinguir.

A partir de aquí, se desvirtúa el sentido mismo del debate. Aprender deja de ser una forma de progreso y se convierte en sospecha; hablar ya no es comunicar, sino imponer, y proteger una lengua propia deja de ser un ejercicio de preservación cultural para convertirse, según este relato, en una amenaza a una supuesta neutralidad que, en realidad, solo es cómoda para quien no quiere cuestionar la hegemonía existente.

Esta distorsión se hace especialmente evidente en la voluntad expresada por el pacto entre el PP y Vox en Aragón de "liberar Aragón de la imposición del catalán". Una formulación que, sorprendentemente, ha pasado prácticamente desapercibida en una gran mayoría de medios, como si se tratara de un detalle menor o de una excentricidad retórica sin consecuencias. Y, sin embargo, es precisamente esta apariencia de irrelevancia la que revela su gravedad. Porque cuando una afirmación de esta naturaleza no genera debate, es que ya se ha empezado a normalizar.

La formulación no es gratuita. No apela a la revisión de una política lingüística ni a la ordenación de un marco normativo, sino que construye una imagen mucho más profunda y cargada de significado: la de un territorio sometido que necesita ser liberado. Como si el catalán fuera una ocupación, una condena, una enfermedad del territorio. Como si conocer una lengua más fuera un castigo y no una oportunidad.

Lo que en cualquier otro contexto se consideraría capital, con el catalán pasa a presentarse como una imposición

El lenguaje, en este sentido, no es accesorio. Define el marco mental desde el cual se construye la realidad. No es lo mismo reconocer que una lengua forma parte del patrimonio de un territorio que presentarla como un elemento ajeno del cual hay que liberarse. En el primer caso, se describe una realidad compleja y plural. En el segundo, se fabrica un adversario. Y cuando una lengua es convertida en adversario, el debate deja de ser técnico para volverse ideológico: ya no se trata de regular su uso, sino de deslegitimar su existencia pública.

El catalán en la Franja no es una anomalía ni una imposición externa. Es una realidad histórica, social y cultural arraigada en el territorio. Forma parte de la vida cotidiana de miles de personas, de la transmisión intergeneracional, de la manera de relacionarse, de trabajar y de entender el mundo. Negar esta evidencia no la hace desaparecer. Lo que hace es empobrecer el relato colectivo y reducir la capacidad de una sociedad para reconocerse en su propia complejidad.

Pero lo que está en juego va más allá de la lengua. Esta negación persistente del catalán se inscribe en una cuestión más profunda y estructural: la dificultad de reconocer Catalunya como una realidad nacional con identidad, lengua y cultura propia. Cuando este reconocimiento se niega o se diluye, todo lo que de ello deriva queda inevitablemente cuestionado. La lengua deja de ser patrimonio para convertirse en problema. La cultura se reduce a particularismo. Y cualquier intento de normalización es leído como una provocación.

Este es, probablemente, el núcleo del conflicto. No se trata tanto de que el catalán ocupe demasiado espacio, como de que su existencia visible y normalizada pone en evidencia una realidad que algunos prefieren ignorar. Cada vez que el catalán reclama presencia, recuerda que el Estado no es homogéneo, que hay una pluralidad que no se puede disolver en un único relato y que esta pluralidad exige algo más que tolerancia retórica.

El catalán en la Franja no es una anomalía ni una imposición externa. Es una realidad histórica, social y cultural arraigada en el territorio

En este contexto, resulta especialmente revelador observar cómo se construye el discurso sobre la diversidad lingüística en España. Se reivindica en foros internacionales, se exhibe como signo de riqueza cultural y se convierte en elemento de proyección exterior. Pero esta misma diversidad se problematiza cuando pide consecuencias concretas en el ámbito educativo, administrativo o económico. Entonces, lo que era riqueza se convierte en incomodidad. No por la lengua en sí misma, sino porque obliga a revisar los equilibrios de poder y las jerarquías implícitas.

Desde una perspectiva económica, la paradoja es aún más evidente. En un entorno que proclama la necesidad de formar profesionales versátiles, capaces de adaptarse a contextos diversos y de moverse con solvencia en entornos globales, resulta difícil justificar que el conocimiento de una lengua adicional sea percibido como una carga. Las empresas buscan perfiles multilingües, las organizaciones valoran la capacidad de comunicación y los mercados premian la flexibilidad cultural. Y, sin embargo, en este mismo escenario, el catalán continúa siendo objeto de una sospecha que no se aplica a ninguna otra lengua.

En Catalunya, esta realidad se vive con cierta naturalidad, pero no por ello es menos significativa. La lengua actúa como un elemento de cohesión, como un vehículo de confianza y como una herramienta que facilita las relaciones económicas y sociales. No es solo una cuestión identitaria. Es también una infraestructura intangible que estructura el tejido productivo y refuerza la capacidad de relación entre actores económicos.

Cuando una empresa utiliza la lengua de su entorno, no está haciendo un gesto simbólico. Está optimizando su capacidad de conexión con clientes, proveedores y colaboradores. Cuando un profesional puede operar en diferentes lenguas, amplía su alcance y mejora su competitividad. Y cuando un territorio preserva e impulsa su lengua, no se cierra. Se dota de una herramienta más para proyectarse.

Es también una infraestructura intangible que estructura el tejido productivo y refuerza la capacidad de relación entre actores económicos

Por eso sorprende que este mismo principio se invierta cuando se trata del catalán. Lo que en otros contextos es visto como un activo, aquí se presenta como una carga. Lo que sería una oportunidad se transforma en problema. Y lo que debería ser un elemento de valor se convierte en un elemento de confrontación.

El recurso a la libertad para justificar esta operación tampoco es casual. Se reivindica la libertad de no aprender, de no reconocer, de no incorporar una realidad que incomoda. Pero una libertad construida sobre la negación de lo que existe es, en el fondo, una forma de renuncia. Renuncia a comprender, a ampliar horizontes, a asumir la complejidad como parte inherente de cualquier sociedad madura.

Europa, en este sentido, ofrece un marco que a menudo se reivindica, pero que no siempre se aplica con coherencia. La diversidad lingüística es uno de los pilares del proyecto europeo, al menos en el plano discursivo. Se defiende la preservación de lenguas minorizadas, se promueve el plurilingüismo y se reconoce el valor cultural de la diversidad. Pero este compromiso se diluye cuando estas mismas lenguas se convierten en objeto de conflicto dentro de los estados. La defensa de la diversidad no puede ser selectiva ni condicionada por la comodidad política.

En última instancia, el debate sobre el catalán en Aragón no es una cuestión local ni coyuntural. Es un reflejo de una tensión más profunda entre uniformidad y pluralidad, entre control y reconocimiento, entre una idea de país cerrada sobre sí misma y otra capaz de asumir su propia complejidad.

Las lenguas no restan. Suman. Suman capital humano, capital social y capacidad de proyección. El catalán también. Negarlo no es solo un error cultural. Es también una pésima decisión económica.

Y, ante esto, la pregunta que queda abierta es tan incómoda como inevitable: si saber más nos hace más libres y más competitivos, ¿por qué hay quien sigue necesitando presentar el catalán como un problema?