Cada verano los grandes incendios nos recuerdan una evidencia que ya nadie puede negar. Hace décadas que sabemos que el planeta se calienta, que los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes y que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son consecuencia de nuestro modelo de desarrollo. La primera Conferencia Mundial sobre el Clima se celebró en el año 1979. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988 y su primer informe llegó en 1990. Han pasado casi cuarenta años desde aquel primer gran aviso.

Y, sin embargo, continuamos acumulando gases de efecto invernadero en la atmósfera y récords de temperatura. No es porque desconozcamos el problema. Es porque solucionarlo exige algo extraordinariamente difícil: cooperar.

El cambio climático es probablemente el ejemplo más evidente de una nueva generación de problemas que comparten una misma característica. Ningún gobierno, ningún país, ninguna administración y, aún menos, ningún partido político los puede resolver solo. También ocurre con la transición energética, las migraciones internacionales, el envejecimiento de la población, la pérdida de biodiversidad, la regulación de la inteligencia artificial o la seguridad europea. Son problemas de una enorme complejidad, con múltiples causas que interactúan entre sí y que afectan a actores e intereses muy diferentes.

Cuando un problema tiene una sola causa, es relativamente sencillo encontrar una respuesta. Pero cuando es el resultado de decenas de factores acumulados durante años, las soluciones suelen ser parciales, lentas y, sobre todo, exigen que muchas partes acepten renuncias. No hay soluciones perfectas. Solo hay compromisos imperfectos.

Cuando un problema es el resultado de decenas de factores acumulados durante años, las soluciones suelen ser parciales, lentas y exigen renuncias

Este es, precisamente, el gran reto de las democracias del siglo XXI. Cada vez más, los problemas que preocupan a los ciudadanos —desde el cambio climático hasta la vivienda, pasando por las migraciones o la transición energética— no tienen una causa única ni una solución simple. No se trata solo de los problemas globales, sino también de muchos de domésticos que son cada vez más complejos: responden a múltiples causas, afectan a intereses diversos y exigen soluciones compartidas. La política ya no consiste solo en decidir, sino sobre todo en conseguir cooperación. Los incentivos políticos actuales premian el corto plazo, pero hay problemas que requieren acciones continuadas en el tiempo y objetivos de largo alcance.

En todos estos casos hay una característica común: la cooperación es necesaria. Está demostrado que los humanos sabemos tomar decisiones individuales, pero somos sorprendentemente malos coordinándonos cuando los beneficios de cooperar son colectivos, pero los costes son inmediatos e individuales. Los economistas llevan décadas estudiando los llamados problemas de acción colectiva: situaciones en las que la sociedad, en conjunto, saldría beneficiada si fuera capaz de cooperar, pero en las que los incentivos de los diferentes actores no siempre apuntan en la misma dirección. A veces, cada uno espera que sean los demás quienes asuman los costes. Otras, hay actores que obtienen beneficios del statu quo y que, legítimamente o no, se oponen a los cambios porque les perjudican. Las grandes empresas de combustibles fósiles, los países fuertemente dependientes del petróleo o determinados intereses económicos y actitudes sociales son ejemplos evidentes.

La política parece haber tomado el camino exactamente contrario. La confrontación permanente se ha convertido en una estrategia electoral. Los incentivos favorecen más desacreditar al adversario que construir acuerdos con él. Las redes sociales amplifican el conflicto, premian las frases cortas, las indignaciones instantáneas y las simplificaciones extremas. Reconocer que el otro tiene una parte de razón a menudo es percibido como una muestra de debilidad. El resultado es una política que cada vez habla más de los adversarios y cada vez menos de los problemas.

Hay una paradoja preocupante. Nunca habíamos dispuesto de tanta información, de tanta capacidad científica ni de tantos instrumentos para entender los problemas. Pero, al mismo tiempo, nunca había sido tan fácil convertir cualquier debate en una confrontación emocional. Las redes sociales premian la simplificación, los algoritmos amplifican la indignación y el ciclo informativo permanente obliga a los responsables políticos a reaccionar cada día, a menudo antes de haber tenido tiempo de pensar. Cooperar es mucho más difícil que confrontar. Y, sin embargo, nunca había sido tan necesario.

El auténtico combustible de la extrema derecha es la frustración que genera ver cómo los grandes problemas siguen sin resolverse año tras año

Es en este contexto en el que prospera la extrema derecha.

A menudo se dice que su combustible es la inmigración o la inseguridad. En realidad, estos son solo los temas sobre los que construye su relato. Su auténtico combustible es otra cosa: la frustración que genera ver cómo los grandes problemas siguen sin resolverse año tras año. Cuando las democracias transmiten la sensación de impotencia, los discursos simples ganan atractivo.

Los populismos tienen una enorme ventaja competitiva: no necesitan —ni quieren— explicar la complejidad. Basta con ofrecer culpables fáciles. Si la vivienda es cara, la culpa es de los inmigrantes. Si los salarios no suben, la culpa es de Bruselas. Si hay incendios, el cambio climático no existe. Si sube el paro, siempre hay algún enemigo conveniente sobre quien descargar toda la responsabilidad. Las explicaciones simples son mucho más seductoras que las complejas, especialmente cuando la ciudadanía está cansada. Esta preferencia la han documentado y estudiado psicólogos como Daniel Kahneman (por cierto, Premio Nobel de Economía en el año 2002).

Por eso, el mejor aliado de la extrema derecha no es la inmigración, ni la inflación, ni siquiera la crisis económica. Su mejor aliado es la incapacidad de los partidos democráticos para demostrar que todavía son capaces de llegar a acuerdos útiles para avanzar en la solución de los problemas.

No se trata de eliminar el conflicto. El desacuerdo es inherente a cualquier sociedad libre. Se trata de entender que hay cuestiones que no pueden quedar atrapadas permanentemente en la lógica de la batalla partidista. Cuando cada problema se convierte en un arma electoral, deja de ser un problema a resolver para convertirse en una oportunidad para desgastar al adversario. Faltan instituciones e incentivos que fomenten la cooperación y que velen por los intereses colectivos a largo plazo. Y faltan instrumentos que permitan desbloquear estas cuestiones cuando la cooperación no es finalmente posible: por ejemplo, referendos al estilo suizo que puedan superar mayorías de bloqueo en un parlamento o cambiar una política sin necesidad de ir a nuevas elecciones o, incluso, impulsar mociones de censura.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Consiste, sobre todo, en construir acuerdos para avanzar en las soluciones a los problemas de la sociedad. Esta es su gran fortaleza, pero también su principal exigencia. Cuando los gobiernos y los partidos renuncian a esta cultura del pacto, no solo bloquean las soluciones. Alimentan la idea de que la democracia es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Y este es, probablemente, el terreno más fértil para que prosperen aquellos que prometen prescindir de los acuerdos, de las instituciones y, finalmente, de la misma democracia.