Verano tras verano repetimos el mismo ritual. Las llamas avanzan, las imágenes de los bosques calcinados ocupan las portadas, los bomberos protagonizan una lucha tan admirable como desigual y las administraciones comparecen para anunciar más recursos, más medios aéreos y más coordinación. Y, como quien no hace la cosa, cuando el fuego se extingue, el debate también se apaga. Pasamos página con una resignación inquietante, como si los grandes incendios formaran parte de un destino inevitable impuesto por el clima. Pero es precisamente esta resignación la que nos impide afrontar la pregunta esencial. ¿Queremos seguir apagando incendios o estamos dispuestos, de una vez por todas, a evitar que se produzcan?

El cambio climático es una realidad incontestable. Las temperaturas aumentan, las sequías se alargan y los episodios meteorológicos extremos se vuelven cada vez más frecuentes. Negar esta evidencia sería tan irresponsable como insuficiente es atribuirle toda la responsabilidad. El clima explica la virulencia de los incendios, pero no justifica en ningún caso por qué nuestro territorio es hoy mucho más vulnerable que hace cincuenta años. El fuego necesita una ignición, ciertamente, pero también precisa combustible. Y este combustible no ha aparecido por generación espontánea. Es el resultado de años de decisiones políticas, económicas y territoriales que han ido transformando silenciosamente el paisaje catalán.

Catalunya es hoy un país eminentemente forestal. Según los últimos datos disponibles del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), cerca del 64% del territorio catalán es superficie forestal. El país supera los mil millones de árboles, el equivalente aproximadamente a 125 árboles por habitante. Esta expansión del bosque acostumbra a presentarse como una buena noticia desde una perspectiva estrictamente paisajística. Pero un bosque sin gestión no es necesariamente un ecosistema más saludable. A menudo es un espacio donde se acumula biomasa, continuidad vegetal y combustible disponible para alimentar incendios de una intensidad cada vez más difícil de controlar.

Quizás el gran error ha sido confundir más bosque con más naturaleza. La biodiversidad no depende exclusivamente del número de árboles, sino también del equilibrio entre espacios forestales, agrícolas y ganaderos. Durante siglos, Catalunya construyó un mosaico agroforestal que, sin pretenderlo, actuaba como una barrera natural ante la propagación del fuego. Los campos de cereales, los viñedos, los olivares, los pastos y los márgenes configuraban un territorio fragmentado que dificultaba el avance de las llamas. Aquel paisaje no era fruto del azar. Era la consecuencia de una actividad económica que daba sentido al territorio y permitía mantenerlo vivo.

El fuego necesita una ignición, ciertamente, pero también precisa combustible. Y este combustible no ha aparecido por generación espontánea

¿Qué ha sucedido para que este modelo hoy se haya desvanecido? La respuesta no es ambiental, sino económica. Durante décadas hemos ido expulsando a nuestra payesía del sistema productivo. La globalización ha favorecido un modelo agrícola que premia el volumen, concentra la producción y compite casi exclusivamente por el precio. Mientras tanto, los pequeños y medianos productores catalanes han tenido que asumir exigencias ambientales, sanitarias y laborales cada vez más estrictas sin que el mercado les devolviera este valor añadido. Y el resultado es de sobra conocido. Explotaciones que cierran, falta de relevo generacional y miles de hectáreas que dejan de gestionarse.

El debate sobre el sector primario se ha planteado demasiado a menudo en términos asistenciales, como si apoyar a la payesía fuera una cuestión de romanticismo o de preservación de un pasado que inevitablemente se desvanece. Y esta mirada es profundamente equivocada. La payesía no es ni mucho menos una reliquia cultural. Es un activo estratégico para el país. Cada explotación que baja la persiana debilita el territorio. Y con ella, inevitablemente, desaparece una pieza clave en la gestión del país, en la prevención de los incendios, en la soberanía alimentaria y en el equilibrio demográfico del mundo rural. ¿Nos hemos planteado seriamente qué coste tiene, realmente, perder un payés? Quizás deberíamos empezar a calcularlo no solo en términos económicos, sino también en términos ambientales y sociales.

Ningún dispositivo de extinción, por sofisticado que sea, puede compensar décadas de desidia territorial

Paradójicamente, mientras el sector primario pierde peso, el discurso público se llenaba de conceptos como sostenibilidad, transición ecológica o resiliencia climática. Cuesta encontrar una contradicción más evidente. Hablamos de proteger el medio ambiente mientras contemplamos con servilismo cómo se desvanecen quienes lo han gestionado durante generaciones. Proclamamos la necesidad de adaptarnos al cambio climático, pero perpetuamos la reacción en lugar de la prevención. ¿No es esta una manera extraordinariamente cara de entender la política pública?

A este contrasentido se añade otro igualmente revelador. Vivimos inmersos en una carrera global para desplegar infraestructuras digitales, desarrollar la inteligencia artificial y construir grandes centros de datos que requerirán un consumo creciente de energía y de agua en un contexto marcado por la emergencia climática. Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge alerta de que estas instalaciones pueden incrementar notablemente la temperatura de su entorno inmediato, un impacto que también debería formar parte del debate público. La innovación es imprescindible y nadie cuestiona su potencial transformador. Pero también resulta legítimo preguntarse si nuestras prioridades están bien ordenadas. ¿Tiene sentido impulsar infraestructuras de elevada intensidad energética mientras dejamos morir una actividad como la agricultura, que contribuye de manera decisiva a mantener vivo el territorio y a reducir el riesgo de los grandes incendios?

Las administraciones acostumbran a reivindicar la necesidad de incrementar los efectivos de emergencia. Es una demanda legítima. Los bomberos necesitan recursos, tecnología y personal. Pero sería injusto cargar sobre sus equipos la responsabilidad de un problema que se ha gestado mucho antes de que aparezca la primera columna de humo. Ningún dispositivo de extinción, por sofisticado que sea, puede compensar décadas de desidia territorial. Pretender que los incendios se resuelvan exclusivamente con más aviones o más helicópteros es tan ingenuo como querer vaciar un embalse sin cerrar previamente las compuertas.

La prevención exige una mirada mucho menos espectacular y mucho más persistente. Pide planificación, gestión forestal, apoyo al sector primario, incentivos al relevo generacional, mantenimiento del mosaico agrícola y una política territorial capaz de pensar en plazos que vayan más allá de la próxima legislatura. Sin embargo, estas actuaciones raramente visten titulares. No generan imágenes impactantes ni réditos inmediatos. Quizás este sea el verdadero problema. Los beneficios de la prevención solo se hacen visibles cuando no pasa nada, y la política de hoy no gana elecciones con los éxitos invisibles.

Los beneficios de la prevención solo se hacen visibles cuando no pasa nada, y la política de hoy no gana elecciones con los éxitos invisibles

La pregunta que deberíamos formularnos, por tanto, es mucho más profunda que la de cada verano. No se trata estrictamente de saber cuántas hectáreas han quemado o cuántos medios habrá que movilizar la próxima temporada. La cuestión es qué país queremos ser. ¿Un país que acepta resignadamente que el fuego formará parte del paisaje estival o un país que asume que la protección del territorio empieza mucho antes de que suene la primera alarma? ¿Un país que considera el campesinado un gasto evitable o un país que lo reconoce como un activo estratégico para su seguridad, su economía y su futuro?

Los grandes incendios no son únicamente una emergencia ambiental. Son también el espejo que refleja las debilidades de nuestro modelo territorial. Mientras continuemos interpretando el sector primario como una actividad prescindible, aplazando las inversiones en prevención y confiando en que la tecnología compensará aquello que dejamos perder sobre el terreno, las llamas continuarán recordándonos, verano tras verano, el coste de nuestras omisiones.

Los incendios, efectivamente, se apagan en invierno. La cuestión es si las administraciones y el conjunto de la sociedad tendrán la determinación de empezar a hacerlo cuando los titulares hayan desaparecido o si, un año más, preferiremos esperar a que sea el fuego quien vuelva a dictar la agenda política del país.