La Comisión Europea ha anunciado la vuelta a la ortodoxia fiscal anulando la suspensión de las reglas fiscales mantenida desde 2020.

La suspensión de estas reglas fiscales ha permitido desplegar políticas públicas de cobertura a las personas y empresas en el periodo de hibernación de la actividad económica obligado por la pandemia del covid-19 y el posterior descenso de la actividad y tensiones inflacionistas generado por la invasión de Ucrania por Rusia.

Conviene recordar, no obstante, que el fuerte crecimiento del gasto público durante el mandato del actual Gobierno (+6 puntos de PIB en 2018-22) no se ha limitado a las necesarias políticas extraordinarias para afrontar la muy difícil situación sobrevenida (one-offs), sino que también ha incluido incrementos de gasto corriente consolidables en el tiempo, en especial, en salarios de empleados públicos (+1,6 puntos de PIB), pensiones (+1 punto de PIB) y otras prestaciones sociales (+0,3 puntos de PIB en Ingreso Mínimo Vital y maternidad y paternidad).

En este contexto, las administraciones públicas españolas han finalizado 2022 con un déficit del 4,8% del PIB (-63.776 millones de euros), un porcentaje muy inferior al máximo alcanzado en 2020, el peor momento de la pandemia (10,1% del PIB) pero superior al del año anterior a su inicio (3,1% del PIB).

El Plan de Estabilidad, presentado hace apenas dos meses en Bruselas, recoge una reducción del déficit hasta el 3% en 2024 y hasta el 2,5% en 2026. La AIReF no comparte su optimismo y lo cuantifica en el 3,3% del PIB en términos estructurales, aumentándolo a políticas constantes, hasta el 7% del PIB a largo plazo, debido, en su mayor parte, a la presión ejercida por el gasto en pensiones (opinión sobre sostenibilidad de las AAPP a largo plazo).

El tiempo sin reglas fiscales en la Unión Europea parece haber finalizado y los países miembros deberán retornar a controlar sus saldos presupuestarios y la evolución de la deuda pública. La Comisión Europea anunciaba unas nuevas normas de gobernanza fiscal que pretenden poner en vigor en 2024. Una de ellas establece: “Se aplicarán salvaguardias comunes para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Los valores de referencia del 3% y del 60% para el déficit y la deuda se mantendrán respectivamente sin cambios. La proporción entre la deuda pública y el PIB deberá ser menor al final del periodo cubierto por el plan que al inicio de dicho periodo, y habrá de llevarse a cabo un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB anual siempre que el déficit se mantenga por encima del 3% del PIB”.

El experto en la materia, Diego Martínez López, catedrático de la UPO, concluye en un artículo de opinión, publicado recientemente, utilizando un contrastado modelo de simulación (Díaz et al.): “el ajuste fiscal propuesto por la Comisión Europea para países con un déficit público superior al 3% presenta una eficacia muy limitada. En efecto. El ajuste fiscal propuesto por la Comisión Europea solo consigue situar el déficit público por debajo del 3% del PIB a partir de 2028, y aun así se mantendría en sus proximidades sin una reducción contundente por su parte. La deuda pública no descendería del 100% del PIB”.

La sociedad española podría tener la tentación de valorar como buena noticia mantener el déficit en torno al 3% del PIB. No debería ser así, porque, de hacerlo, la ratio de deuda pública sobre el PIB aumentaría entre el 50% y el 60% del PIB en 2050 dependiendo de la evolución de este último (de 1,3% a 2% anual) que añadir al 113,2% actual, hasta superar el 160% del PIB. Es evidente que llegar a una situación de estas características sería muy preocupante, por el doble motivo de una más que posible pérdida de reputación para la venta de las emisiones de deuda y el fuerte incremento del gasto en intereses (actualmente el 2,4% del PIB).

La decisión razonable sería consensuar una senda de reducción del déficit público para alcanzar en un periodo razonable el equilibrio presupuestario en términos estructurales, y así garantizar un descenso sostenido y significativo de la ratio de deuda pública sobre el PIB. Para conseguirlo se puede actuar sobre el gasto y/o los ingresos. Estos últimos han experimentado un fuerte aumento de 3,8 puntos del PIB desde 2018 sin aplicar demasiadas modificaciones tributarias. El afloramiento de economía sumergida apunta ser un factor explicativo de tan inesperado comportamiento.  

Con independencia de la bondad de la actual estructura de tributos y cotizaciones sociales en términos de eficiencia económica, en mi opinión mejorable, el importante aumento de la presión fiscal ha reducido el diferencial con la media (ponderada) de los países de la zona euro hasta aproximadamente 2 puntos de PIB. Es decir, en el caso de considerarse oportuno utilizar ese margen hasta igualar esa media, sería inferior al actual déficit estructural. Sería necesario, por tanto, reducir también el nivel actual de gasto para conseguir esa senda de sostenibilidad, siendo esta opción incompatible con aumentar en el futuro el gasto por envejecimiento (solo en pensiones puede superar 3 puntos de PIB), sanidad, educación, ingreso mínimo vital, protección a la infancia y/o I+D+i.

Disponer de unas cuentas públicas sostenibles debe ser un objetivo de la sociedad española sin esperar que nos impongan nada desde fuera. Por este motivo, el objetivo de sanear las cuentas públicas y las propuestas de cómo alcanzar un nivel de deuda sostenible debería ser uno de los temas estrella en la campaña electoral en la que se dirimirá el Gobierno de la nación en la próxima legislatura.  Me gustaría equivocarme, pero me temo que desgraciadamente no va a ser así y, por el contrario, asistiremos a una nueva competición de anuncios sobre incremento de gasto de muy diferentes políticas de muy difícil, por no decir imposible, cumplimiento.