Los indicadores de estos últimos días muestran que España y Cataluña sostienen el crecimiento económico mejor que otras zonas de Europa, partimos de un dato de inflación por debajo de la media europea, 6,8% IPC adelantado de noviembre. Los indicadores de la contratación en el mercado de trabajo nos lleva a más de 20,8 millones de cotizantes a la seguridad social en el mes de noviembre, donde alcanzamos una tasa de ocupación del 70% y una reducción del paro en el mismo mes de 33.512 personas llegando a 2,8 millones de trabajadores y trabajadoras ocupadas con una tasa de paro del 12,7%.

Además la ocupación que se genera es de calidad, ya que la contratación indefinida alcanza el 43,4% de la totalidad de contratos que se realizan, dato que podemos aseverar con total seguridad, se debe a las modificaciones normativas introducidas en materia de contratación por la reforma laboral.

Son datos macro que estos días han estado en todos los medios de comunicación y han copado titulares y páginas de diarios. No tanto otras noticias que marcan la tendencia de nuestra economía y nuestro modelo económico. Vemos como España tiene licitados más de 21.000 millones de las ayudas de los fondos de reconstrucción europeos, el 75% del planificado para este año y ya ha ejecutado más de 7.000 millones, recursos que cambiarán la configuración de nuestro tejido productivo. No olvidemos que España tiene aprobada la transferencia directa de 77.000 millones de euros y otros 77.000 en líneas de financiación.

Los primeros PERTE aprobados pueden llevar a reforzar los oligopolios en algunos sectores

España es uno de los países de la UE con mejor ritmo de tramitación de estos fondos, no dejando de encontrarse con tremendas dificultades para su ejecución. De hecho los primeros PERTE aprobados y en fase de ejecución son aquellos que en el partenariado de la solicitud han protagonizado las grandes multinacionales de la movilidad, la energía y las grandes constructoras que acompañados de la banca han liderado las solicitudes de las ayudas. Hecho que puede llevar a reforzar el papel oligopolístico de algunos sectores muy concentrados en grandes empresas, que pueden echar al traste el papel de redistribución sectorial y territorial que los fondos deben jugar para reequilibrar las economías y territorios de nuestro país, haciendo llegar los recursos a las pymes y al conjunto del territorio español.

Por otra parte, la crisis de rentas, que la alta inflación está provocando en amplios sectores de la sociedad, no está teniendo una respuesta adecuada por las estructuras económicas europeas ni españolas. El reparto del esfuerzo entre la renta de los altos costes energéticos y de materias primas, que impactan en la actividad económica desde hace más de un año, más allá de la guerra de Ucrania, no han evitado un nuevo ciclo de pérdida de devaluación salarial, lastrando la economía de millones de familias.

En contra vemos como los beneficios empresariales crecen por encima de años anteriores, un 7%, según un informe del Banco de España, debido a la imputación de la inflación al precio de productos de bienes y servicios de las empresas, manteniendo los márgenes de rentabilidad y beneficios, trasladando al consumidor el impacto de los costes añadidos a sus operaciones. Una actitud del todo irresponsable con las necesidades de un país que sale de una crisis brutal como la pandemia y que no olvidemos, el esfuerzo solidario de la sociedad, mediante la distribución de recursos ingentes de dinero público, pudo salvar centenares de miles de empresas y el consecuente patrimonio de empresarios y empresarias.

Su respuesta está siendo del todo injusta, desde el punto de vista de la responsabilidad social y desde el punto de vista económico, no conteniendo, en un momento de dificultad como la que viven millones de trabajadores, sus beneficios y negándose a incrementar salarios garantizando el poder adquisitivo de la clase trabajadora. La posición intransigente de la CEOE para renovar un acuerdo en el marco del diálogo social para la negociación colectiva y el empleo que recoja incrementos salariales suficientes para mantener el poder adquisitivo, es una muestra.

No sólo por esa justicia social debieran corregir sus actuaciones, también por eficiencia económica, si vemos la tendencia de los indicadores económicos, y el mantenimiento de un crecimiento de la actividad del mercado de trabajo y de crecimiento por encima de los países de nuestro entorno, (alrededor del 4,5% del PIB para 2022 y una previsión para 2023 que va desde el 1% del Banco Central Europeo, hasta el 2,1% del Gobierno), incentivar el consumo interno mejorando la capacidad de renta de la mayoría de la población con mejores salarios, significa también, un beneficio directo para el funcionamiento de las empresas. El posicionamiento de patronales y algunas empresas es miopía económica.

A su vez, las entidades financieras, de la mano del Banco Central Europeo, siguen preservando sus beneficios trasladando la presión de la inflación a los tipos de interés, hecho que consideramos un error, ya que la crisis no es de demanda como en otros ciclos económicos. En cambio, incrementar los tipos afectará a millones de hipotecados que verán cómo sus cuotas suben de una manera importante agravando la situación de millones de familias para poder llegar a fin de mes y provocando la pérdida de sus hogares. Todavía las cifras de desahucios son vergonzosas en nuestro país, en el primer semestre se produjeron 10.816 desahucios, cifra que se agravará con seguridad después de la subida de tipos de interés.

El Gobierno se encuentra con la actitud egoísta de un sector que fue rescatado con dinero publico, dinero de todos y todas

El Gobierno propone medidas para revertir los beneficios de la banca generados por esta política de tipos del BCE y se encuentra con la actitud egoísta de un sector que fue rescatado con dinero público, dinero de todos y todas nosotras, en los años de la crisis financiera. Una nueva respuesta de las élites económicas, que igual que buena parte del empresariado de nuestro país, muestra signos decadentes de la interpretación de una democracia sana, sea liberal o social ideología a parte, nunca debe ser egoísta, insolidaria ni injusta.

En esta coyuntura de una evolución resistente de la economía española y catalana y una gestión injusta que genera más desigualdad, los partidos políticos que deben jugar un papel orientador, regulador y fiscalizador, siguen enfangados en la polémica, la confrontación y la crispación. Una polarización política que degrada la democracia y que no permite corregir las profundas desigualdades sociales.

Contener precios, redistribuir riqueza e incentivar la inversión pública en protección social y dinamización de la economía debía ser posible si el debate político aterrizara al terreno de “las cosas del comer”.

En este sentido desde el movimiento sindical echamos de menos una política decidida a modificar las bases de una estructura fiscal y de financiación económica que a día de hoy se muestran ineficaces para corregir las profundas desigualdades que las crisis concatenadas de inicios de siglo XXI han provocado. Hace falta una reforma que incremente los ingresos fiscales equiparando a la media de la Unión Europea, que es en torno del 6%, más de 60 mil millones de euros que las arcas públicas dejan de ingresar. Las rentas del capital y los beneficios empresariales no contribuyen al Estado lo suficiente gracias a estructuras de ingeniería a fiscal apoyadas en fórmulas de bonificación fiscal y un impuesto de sociedades que favorece las grandes corporaciones empresariales en detrimento de la pequeña empresa, dejando de contribuir miles de millones de euros de los beneficios de algunas grandes empresas.

Ganar músculo financiero con una reforma de financiación autonómica que canalice los recursos necesarios para hacerse cargo de las competencias transferidas en los pilares fundamentales del estado de derecho, como son la educación y la sanidad, entre otras, es fundamental para redistribuir de una manera más justa la riqueza.

Hoy estamos lejos de ese escenario, de hecho los aspectos socioeconómicos que se han abordado en la configuración de los presupuestos del estado han carecido de un pertinente diálogo social con la participación de los agentes económicos y sociales legitimados por su carácter de más representativos, recogido en la constitución española. Una mala praxis política que debilita los instrumentos de los que la democracia se ha dotado para la participación de la ciudadanía y sobre todo, desprecia el conocimiento y experiencia de los agentes que están pegados al terreno, en este caso, de la economía, la empresa y la sociedad.

En este sentido, el diálogo social en Catalunya hemos conquistado un humilde espacio del debate político que unos presupuestos deben configurar para dar respuesta a la coyuntura. Un acuerdo que refuerza el marco de la protección social  y la dinamización económica, así como el impulso de las políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores y las trabajadoras.

Hemos pactado el incremento de un 8% del Índice de Renta de Suficiencia de Catalunya, indicador sustitutivo del IPREM y que llevaba congelado desde hace 12 años, perdiendo así, su efectividad. Acuerdo que mejorará el acceso de miles de personas que sufren los efectos de la vulnerabilidad económica y social,  a servicios sociales y prestaciones de protección social, especialmente la Renta Garantizada de Catalunya, dotándolo de 144 millones de euros añadidos.

El acuerdo contiene también medidas de dinamización de la economía con 680 millones para políticas industriales, 595 millones para políticas de ocupación y el refuerzo de la Formación Profesional, doblando el número de orientadores o incrementando las partidas para la creación de más de 250  nuevos grupos de nuevas plazas en el sistema público, entre otras medidas.

Este ha de ser el camino, el consenso social, posteriormente el consenso político, no se entendería que Catalunya renunciara a 3.000 millones de euros por no encontrar un acuerdo en los presupuestos para 2023. Y que estos consensos den respuestas a las necesidades económicas, educativas, sanitarias, culturales y sociales de la ciudadanía.

Va siendo hora que la economía riegue los hogares de las familias reduciendo las desigualdades y alcanzando cuotas de bienestar social de un país del entorno de la UE en pleno siglo XXI.