Hace unos días, el presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, en la junta de accionistas de la empresa, explicó que este año no podrán realizar todas las inversiones previstas porque las autorizaciones para algunos proyectos se están demorando mucho más de lo previsto. Puso un ejemplo de una inversión que pensaba que podrían culminar en dos años y tardaron seis. Pero lo más escandaloso fue que tuvieron que renunciar a ayudas porque los permisos para llevar a cabo las inversiones en las fábricas objeto de subvención –principalmente enfocadas a reducción de emisiones– tardaron tanto que perdieron el derecho a percibir las ayudas. Ya las pedirán más adelante, dijo, pero esto implica volver a iniciar trámites, más papeles y, con suerte, podrán acabar cobrando la ayuda, realizando la inversión, mejorando procesos y reduciendo emisiones, pero años más tarde de lo previsto.

Este es un caso particular, pero hay muchos. El pasado jueves, la Cambra de Comerç de Barcelona presentó la Memoria Económica de Catalunya 2025, que daba una visión optimista del momento que vive el país por el crecimiento del PIB, de la renta y del empleo. Una de las notas negativas, sin embargo, era que había caído la inversión empresarial, y el motivo era que las ayudas de los fondos europeos habían dejado de llegar a las empresas. El viernes, para contrarrestar, Salvador Illa anunció que Catalunya ha recibido ya más de 10.000 millones de los Next Generation y es la comunidad autónoma más beneficiada. Pero la cuestión no es el volumen, sino la importancia de estas ayudas, la velocidad con la que llegan y los trámites y permisos no solo directamente vinculados a las ayudas, sino a toda actividad que implica la administración, especialmente para las empresas.

¿En qué país vivimos que, por un lado, la administración da ayudas, pero, por otro, las boicotea? No voluntariamente, pero el resultado es claro. Los fondos europeos son un ejemplo de gestión dudosa, por lo que cuesta cumplir los requisitos, realizar todos los trámites, etc. Más de un PERTE se ha quedado a medias y han tenido que sacar una nueva convocatoria con cambios en las condiciones, para adaptarlas a la realidad. Por no hablar del desvío de fondos europeos para pagar las pensiones, una finalidad que indudablemente no es la que tenían estas ayudas, que eran para la recuperación de la economía.

Pero no quiero hablar de cómo se conceden las ayudas y a quién van a parar, a pesar de que el tema también da para muchos artículos, sino de la burocracia. Hace años que decimos lo mismo, pero el problema es que no avanzamos. A raíz de la crisis de Europa con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se están señalando los defectos del continente y uno de ellos, de los principales, es la lentitud. Nuestro problema, el de Catalunya, es que somos de los más lentos entre los más lentos, especialmente cuando se trata de movilizar dinero público para ayudar a las empresas o a los ciudadanos.

No podemos ser los más lentos entre los más lentos, porque perderemos el tren de la competitividad, que es como perder todos los trenes

Las empresas lo sufren en primera persona. El CEO de una pyme industrial me explicaba hace unos meses que tenía seis personas dedicadas a hacer trámites, desde solicitudes de permisos a ayudas, pasando por pagos de impuestos. ¿Se imaginan la competitividad que pierde cada año una pyme que está internacionalizada y que tiene que competir con empresas que no tienen estos costes? En la era de la inteligencia artificial, es inconcebible.

Para los ciudadanos, quizás es aún peor, porque a menudo no tienen tiempo o recursos para hacer frente al papeleo que se pide para hacer algunos trámites. Se ha hecho tristemente famoso el del Moves, la ayuda para la compra de coches eléctricos y cargadores que, los que han tenido suerte, lo han cobrado al cabo de tres años. Muchos han tardado más y algunos se han quedado a medio camino, hartos de pedir y presentar papeles o atascados en algún tecnicismo que la administración no es capaz de resolver. Otros no son, en principio, tan difíciles, pero sí muy lentos, como tramitar la invalidez o la dependencia. No son extraños los casos en que, cuando finalmente se aprueba, el beneficiario, lamentablemente, ya ha fallecido.

No podemos ser los más lentos entre los más lentos. Las llamadas a que Europa espabile e invierta en sectores clave son muy pertinentes, y naturalmente, que se desburocratice, elimine trámites y acelere procesos, pero también —y sobre todo— tenemos que mirar cómo estamos en casa, y la situación es desesperante. O nos ponemos a ello o perderemos el tren de la competitividad, que es como perder todos los trenes. Porque esta situación afecta a todo, también a la vivienda, uno de los grandes problemas del país, en lo que es más urgente: generar oferta. Se deben acelerar los permisos y trámites para construir porque necesitamos cientos de miles de pisos, y cada año que pasa con cifras de construcción irrisorias, las necesidades de vivienda se hacen más grandes. Y porque el sector inmobiliario, desde el promotor al banco o el inversor que pone el dinero, necesita certezas y plazos tan cortos como sea posible, ya que es la manera de generar los pisos que necesita el mercado.

Este no era un artículo de vivienda, pero una de las características de la burocracia y la lentitud de nuestra administración es que es transversal. Lo afecta todo. La administración no tiene solo un ritmo muy inferior al que tienen y necesitan las empresas, sino al que necesita toda la sociedad. Los problemas sociales, como la falta de vivienda, no esperan; al contrario, se acumulan. En esta carrera, el más lento no llega el último; puede que no llegue nunca, porque la meta cada vez está más lejos.