El gasto en tecnologías de la información en las administraciones públicas se ha convertido en uno de los grandes capítulos presupuestarios de la última década. Sin embargo, cuando se intenta responder a una pregunta aparentemente básica —cuánto cuesta dar servicio TIC a un usuario público—, el sistema entero entra en una zona de opacidad difícil de justificar.

Lejos de ofrecer una imagen clara, las comparaciones entre comunidades autónomas revelan un problema más profundo: no existe una voluntad real de hacer comparable el gasto.

Un indicador incómodo

El coste TIC por usuario debería ser uno de los principales indicadores de eficiencia del sector público. En cualquier organización privada, esta métrica se controla con precisión. En cambio, en la administración, su cálculo es —en el mejor de los casos— ambiguo y, en el peor, directamente inviable.

¿Quién es el “usuario”? ¿Un funcionario? ¿Un docente? ¿Un sanitario? ¿Un puesto de trabajo? ¿Un dispositivo?

La falta de una definición común no es casual. Permite que cada administración construya su propio relato sin exponerse a comparaciones incómodas.

Presupuestos que no dicen lo que parecen decir

El problema no termina en el denominador. El numerador —el gasto TIC— es igualmente resbaladizo.

Las partidas presupuestarias:

  • Se distribuyen en múltiples capítulos.
  • Se diluyen en contratos mixtos.
  • O se integran dentro de grandes servicios como sanidad o educación.

Esto genera una situación paradójica: dos comunidades pueden estar prestando servicios similares con costes radicalmente distintos sin que exista una forma clara de explicarlo públicamente.

En este contexto, comparar territorios como Catalunya, Comunidad de Madrid o Andalucía no solo es difícil: es, en muchos casos, metodológicamente engañoso.

Modelos distintos… y resultados que no se quieren medir

Las diferencias reales no están tanto en el cuánto, sino en el cómo.

Algunas administraciones han apostado por modelos intensivos en externalización, con grandes contratos que concentran servicios, infraestructuras y soporte. Otras han desarrollado estructuras más internalizadas o centralizadas, buscando economías de escala.

El coste TIC por usuario debería ser uno de los principales indicadores de eficiencia del sector público

El problema es que estos modelos generan costes unitarios muy distintos, y esa diferencia rara vez se expone de forma transparente.

Diversos análisis de mercado y experiencia en procesos de contratación pública apuntan a que las divergencias en coste por usuario no son marginales. En determinados contextos, pueden alcanzar múltiplos significativos. Sin embargo, estos datos rara vez afloran en el debate público, precisamente porque no existen métricas homogéneas que obliguen a hacerlo.

La opacidad como zona de confort

La ausencia de estándares no es un fallo técnico: es una característica funcional del sistema.

Sin una definición común de usuario TIC, perímetro de gasto y niveles de servicio, cualquier comparación puede ser cuestionada, relativizada o directamente descartada.

Esto genera una “zona de confort” en la que:

  • No hay presión real por justificar diferencias de coste.
  • No se identifican buenas ni malas prácticas.
  • Y, en última instancia, no se optimiza el uso de recursos públicos

Un problema que trasciende lo tecnológico

El debate no es solo técnico, sino institucional.

Organismos como la OCDE llevan años insistiendo en la necesidad de mejorar la medición del rendimiento en la administración digital. Sin embargo, la realidad es que los avances en estandarización son limitados, especialmente en el ámbito regional.

Hasta que no exista un marco común de medición, el debate seguirá atrapado en cifras agregadas y comparaciones superficiales

Mientras tanto, el gasto TIC sigue creciendo, impulsado por la digitalización, los fondos europeos y la presión por modernizar servicios.

Conclusión: lo que no se mide, no se cuestiona

La falta de comparabilidad en el gasto TIC no es un problema menor. Impide responder a preguntas clave:

  • ¿Qué administración es más eficiente?
  • ¿Dónde se están pagando sobrecostes?
  • ¿Qué modelos funcionan mejor?

Pero, sobre todo, evita algo más incómodo: tener que rendir cuentas sobre diferencias que podrían ser difíciles de justificar.

Hasta que no exista un marco común de medición, el debate seguirá atrapado en cifras agregadas y comparaciones superficiales. Y el coste real de los servicios digitales públicos seguirá siendo, en gran medida, una incógnita.

*Agustí Serrano es consultor de seguridad y emergencias. Exdirector de Emergències CAT112