Catalunya ha dicho basta. Ha llegado al límite, y lo ha hecho de manera contundente. La indignación del campesinado ante los efectos del tratado de Mercosur. El impacto de la peste porcina y los estragos que ha provocado en el sector agroalimentario. La desinversión crónica en Rodalies, que hace pocos días movilizó a miles de ciudadanos en las calles de Barcelona en señal de protesta. La huelga de este miércoles, 11 de febrero, en la que los docentes alzaban la voz por una educación pública de calidad. Y, por si no fuera suficiente, la huelga de los profesionales sanitarios prevista para los días 16 y 20 de febrero para reclamar mejoras concretas en las condiciones laborales.

Estos episodios no son hechos aislados. Leerlos como simples coincidencias sería un error de diagnóstico. Delinean un escenario de tensión acumulada que interpela directamente la capacidad de gobierno y de respuesta de la Generalitat.

En este contexto, la movilización del profesorado adquiere una dimensión que va más allá de un conflicto sectorial. La protesta del 11 de febrero no es una simple disputa laboral ni una escenificación puntual de malestar corporativo. Es una advertencia sobre el estado real de uno de los grandes fundamentos que sostienen la cohesión y la prosperidad colectiva. No habla solo de nóminas ni de horarios. Habla del derecho del alumnado a una educación pública de calidad, adaptada al tiempo que vivimos.

El debate no puede quedar secuestrado por simplificaciones partidistas. Esto no va de sueldos ni de llenar las aulas de pantallas. Va, sobre todo, de recursos humanos. De garantizar que cada niño y cada adolescente reciba la atención que necesita en un contexto objetivamente más complejo que el de hace dos décadas. El mundo de 2026 no es el de 2006. Las dinámicas familiares han cambiado, las desigualdades se han reconfigurado, la presión digital es omnipresente y las problemáticas emocionales han ganado centralidad. Pretender que la escuela continúe funcionando con las mismas estructuras, ratios y apoyos que en el pasado es negar la realidad.

La protesta del 11 de febrero es una advertencia sobre el estado real de uno de los grandes fundamentos que sostienen la cohesión y la prosperidad colectiva

Los datos no resuelven el debate, pero lo sitúan en el terreno de los hechos. Según Eurostat, el gasto público en educación en la Unión Europea representaba aproximadamente el 4,6% del PIB en el año 2022. En Catalunya, de acuerdo con los últimos datos consolidados de Idescat, el esfuerzo público en educación se sitúa por debajo del 4% del PIB. La diferencia puede parecer modesta, pero es políticamente significativa. Lo que importa no es solo la cifra. Importa cómo se traduce en condiciones efectivas en el aula. Sin plantillas estables, refuerzo en los centros de alta complejidad y equipos multidisciplinares suficientes, cualquier declaración solemne de compromiso con la calidad queda desmentida por los hechos.

En Catalunya, la realidad de las aulas es cada vez más diversa y exigente. Más del 17% del alumnado es de origen extranjero, con concentraciones elevadas en determinadas zonas urbanas. A esta pluralidad se añaden necesidades educativas especiales, situaciones de vulnerabilidad social y una incidencia creciente de dificultades emocionales. Todo ello exige tiempo, especialización y coordinación. Exige, en definitiva, más presencia adulta cualificada por alumno. Sin esta condición previa, hablar de personalización del aprendizaje es una quimera.

Cuando el sistema funciona en tensión permanente, sostenido por la sobrecarga y por la vocación casi heroica de sus profesionales, lo que se compromete no es solo el equilibrio de un colectivo. Es la equidad del sistema y, con ella, el futuro de una generación entera. Ninguna sociedad que aspire a ser competitiva puede basar un ámbito estratégico en el esfuerzo extraordinario y sostenido de unos profesionales que trabajan al límite. La vocación es imprescindible, pero no puede sustituir decisiones políticas aplazadas.

Todavía hay quien plantea el debate en términos de sostenibilidad presupuestaria, como si la educación fuera un capítulo ajustable según la coyuntura. Es una mirada corta. La educación, al igual que la sanidad, no es un gasto ordinario, sino una apuesta estratégica de país. Es el instrumento que permite construir capital humano, reducir desigualdades y garantizar movilidad social. Retrasar decisiones en estos ámbitos no genera ahorro real. Genera costes diferidos que acaban emergiendo en forma de fractura social o pérdida de competitividad.

Todavía hay quien plantea el debate en términos de sostenibilidad presupuestaria, como si la educación fuera un capítulo ajustable según la coyuntura

La huelga de este 11 de febrero puede resultar incómoda. Pero aún debería serlo más la inercia que nos ha traído hasta aquí. Si asumimos que educación y sanidad son los grandes pilares del país, hay que actuar en consecuencia y abandonar la lógica del mínimo imprescindible. No se puede proclamar la centralidad de la escuela en los discursos y relegarla en las prioridades reales.

Porque lo que vertebra un país no se declama. Se financia y se prioriza.