Sumar quiere llevar al Congreso una reforma para limitar la capacidad de las comunidades autónomas de permitir aperturas comerciales en domingos y festivos.

Este es el argumento: proteger el descanso de los trabajadores y frenar modelos de liberalización como el de Madrid, donde hay libertad plena de apertura desde el 15 de julio de 2012.

La tentación política es siempre la misma. Convertir una preferencia en una norma para todo el mundo y, una vez más, con la excusa de proteger a un desamparado, limitar libertades esenciales y regular la vida de las personas.

En primer lugar, no se puede dar por hecho que descansar bien significa descansar sábado y domingo.

Presentar una restricción de horarios es una agresión directa a la única ventaja competitiva de miles de pequeños comerciantes

Conozco mucha gente que prefiere viajar más barato en septiembre en vez de agosto, y con menos aglomeraciones. Pues lo mismo pasa con librar fines de semana. Hay gente, mucha, que prefiere librar entre semana. Proteger no consiste en imponer un calendario subjetivamente arbitrario. Debería consistir en garantizar derechos con independencia del día en que uno trabaje.

Ese es el primer error de enfoque.

El segundo error es creer que, si existe un problema laboral, la solución es prohibir una actividad. No necesariamente. Si el abuso está en los turnos, en la imprevisibilidad, en la falta de conciliación o en la mala compensación por trabajar en festivo, el sitio donde hay que intervenir es ahí. No en la persiana. Porque cuando se legisla sobre la persiana, se paga un precio añadido: se restringe también la libertad de quien sí quiere abrir, de quien sí quiere trabajar y de quien solo puede comprar en esos horarios.

Además, cada regulación general presume una homogeneidad empresarial que tampoco existe. Se habla del pequeño comercio como si fuera un bloque. No lo es. Hay tiendas pequeñas que sufren con la ampliación de horarios, sin duda. No tienen estructura para abrir más y sienten que compiten cansadas. Pero hay otras cuyo único margen competitivo está precisamente en abrir cuando otros no abren. No pueden ganar a una gran superficie en precio. Tampoco en surtido. Les queda la disponibilidad horaria. Y cuando el regulador uniformiza horarios, a veces no protege al débil: le quita una de sus pocas armas. Eso se ve de forma muy clara en muchos comercios familiares regentados por inmigrantes, pakistaníes o hindúes... Gente que compite a través de los horarios de cierre y apertura. Presentar una restricción de horarios es una agresión directa a la única ventaja competitiva de miles de pequeños comerciantes.

El debate no debería ser si prohibimos más, sino cómo protegemos mejor

Y llega, además, en un momento malo. En 2025 cerraron en España 13.586 comercios, una media de 1.132 al mes. Eso es síntoma de fragilidad. El pequeño comercio no está sobrado. Por eso convendría pensárselo dos veces antes de añadir nuevas rigideces a un sector que lleva tiempo encajando golpes. 

Hay otro aspecto que he abordado aquí en relación con los topes del alquiler o medidas energéticas. La inseguridad jurídica se está disparando en España de forma alarmante.

Un comerciante toma decisiones de inversión según un marco. Calcula sus ingresos y gastos futuros. Y en base a ello, asume un alquiler mensual y, quizás, realiza una reforma del local y paga un traspaso. Contrata personal.

Si después la política modifica las condiciones de explotación de ese activo, ¿quién asume el sobrecoste que se pagó por haber alterado las posibilidades de explotación de ese activo? ¿Quién asume el coste de los eventuales despidos que una limitación horaria irremediablemente propiciará?

Es un viejo vicio español: la pulsión de regular la vida de las personas con la idea de que el Estado sabe mejor que ellas lo que les conviene

Esto no significa que las normas no puedan cambiar. Significa que cambiar una norma no sale gratis. En España tendemos a olvidar demasiado deprisa el efecto que tiene la inestabilidad regulatoria sobre quien arriesga su dinero.

No se trata de negar el problema laboral. Existe. Hay trabajadores que aceptan turnos de fin de semana no porque les encanten, sino porque no tienen una alternativa mejor. El debate no debería ser si prohibimos más, sino cómo protegemos mejor. Descansos garantizados. Compensaciones dignas. Previsibilidad. Voluntariedad real cuando sea posible. Ayudas de conciliación para quien trabaja en festivo. Inspección cuando haya abuso. Eso sí ataca la raíz. Lo otro, ordena la superficie.

El problema de fondo es un viejo vicio español: la pulsión de regular la vida de las personas con la idea de que el Estado sabe mejor que ellas cuándo deben descansar, cuándo deben comprar y cuándo deben trabajar.

Falta poco para que nos digan a qué hora debemos levantarnos por las mañanas y a qué hora estamos obligados a apagar la luz.