La semana pasada, en medio de la lluvia de titulares sobre problemas ferroviarios de Renfe – a la investigación del accidente de Adamuz se sumó el absoluto caos de Rodalies en Catalunya, con toda la red “cerrada” durante varios días enteros, reaperturas parciales con tramos cubiertos con autobús, caídas del sistema informático de control… – se produjo una pequeña tregua del desastroso tema. Durante unas horas, el monopolio de los titulares fue por el fracaso de la votación del Real Decreto Ley Ómnibus de este año, una norma que de hecho ya estaba en vigor: a diferencia de las Leyes, los Reales Decretos Ley entran en vigor inmediatamente a discreción del gobierno central, pero a partir de la entrada en vigor comienza a contar un reloj de 30 días hábiles en los que el Congreso debe ratificarlo. Si no se produce la ratificación, como pasó en esta ocasión, todo lo que disponía el Real Decreto Ley deja inmediatamente de tener efecto, a pesar de que no se cancela el efecto que había tenido durante los días anteriores.

Para empezar, esta modalidad de entrada en vigor inmediata y posible derogación posterior ya debería ponernos a todos un poco nerviosos, porque puede dar pie a situaciones muy extrañas. Si, encima, no es un Real decreto ley sobre una cuestión acotada, sino que es Ómnibus, es decir, que toca un poco de todo, la rotura puede ser amplia. Los lectores que habéis llegado hasta aquí quizás tengáis un profundo déjà vu, si no es que ya lo tuvisteis el martes pasado. Y es que, efectivamente, el año pasado ya vivimos exactamente la misma situación: durante el mes de enero de 2025, el Congreso de los Diputados derogó el Real decreto ley Ómnibus que se había aprobado el diciembre anterior, que quizás recordaréis porque estuvo rodeado de una estrambótica polémica en torno al llamado “palacete del PNV”, en referencia a la cesión al gobierno vasco de una finca que el franquismo había expropiado. En todo caso, ya en 2025 se generó una situación caótica, en aquel momento inédita, por la particularidad de que se derogaban normas que estaban en vigor y que habían dado pie a resultados durante su vigencia que, a consecuencia de la súbita desaparición, podían quedar incompletos.

Un ejemplo de esto es la reducción del 80% de los peajes eléctricos para la industria: estuvo en vigor durante la segunda mitad de diciembre de 2024 y la primera mitad de enero de 2025, justo el período en el que muchas grandes empresas aprueban su presupuesto para el año siguiente. Una vez aprobado, les cambió radicalmente el escenario de costes – a peor. Pero lo más surrealista es que en el mes de julio se aprobó un Real decreto repescando esta misma cuestión con entrada en vigor retroactiva desde el 1 de enero de 2025, por lo que las empresas que modificaron sus presupuestos resulta que se acabaron encontrando con la situación que habían previsto inicialmente. Esta fue la tónica con todas las piezas del rompecabezas de la norma que el congreso había rechazado: restaurar pieza a pieza, con bisturí, con efecto retroactivo, siguiendo los plazos previstos como si en enero no hubiera habido el resbalón

La Moncloa sigue priorizando el populismo, la sobreactuación por el vídeo de TikTok de turno, la confrontación artificial... por delante del pragmatismo

Esta combinación explosiva de ley Ómnibus (es decir, mezclar temas totalmente dispersos en una misma norma), de Real decreto ley (es decir, una norma que entra en vigor, pero quizás después decae) y de desenterrar sus piezas con fechas retroactivas podría ganar un concurso de inseguridad jurídica. Hay más incógnitas que certezas: dando por hecho que el Congreso no la ratifique, esto no exime de tener que cumplir con sus disposiciones durante los menos de 30 días que está en vigor. Si decae, no hay nada escrito sobre cuándo se rescatará individualmente entre el conjunto de piezas rotas, ni si se hará – algunos de los elementos que la conformaban han quedado olvidados. Y si se rescata, tampoco está garantizado que sea en los mismos términos que se definía en la norma conjunta. En definitiva, genera una enorme incertidumbre a todos los niveles.

Podríamos haber pensado que esta situación caótica y tensa de 2025 tendría efectos de lección para el gobierno español y no se repetiría. Pero no. Lejos de rehuir otra vez esta aventura, el gabinete de Pedro Sánchez dobló la apuesta: volvió a someter a votación un decreto Ómnibus en enero de 2026, introduciendo este año nuevos entretenimientos aún más complicados: por ejemplo, las empresas que no podían adaptarse informáticamente al sistema Verifactu, que forzaba a las pymes a incluir códigos QR de verificación en todas las facturas emitidas a partir del 1 de enero y que se pospuso un año por sorpresa en diciembre, habían solicitado liquidar el IVA mensualmente en lugar de trimestralmente para poder entrar en el sistema SII, otra forma de comunicación con Hacienda que eximía de implementar Verifactu. Al decaer Verifactu, se habilitó un período extraordinario para que estos afectados volvieran al IVA trimestral... dentro del decreto Ómnibus: por lo tanto, los que no corrieron a hacerlo antes del martes pasado, vuelven a estar atrapados. También se han generado situaciones más sencillas de entender, como por ejemplo, que ahora mismo en España no hay ningún SMI en vigor, porque el de 2026 no se ha aprobado y la prórroga del de 2025 estaba dentro del decreto. 

La Moncloa sigue priorizando el populismo, la sobreactuación por el vídeo de TikTok de turno, la confrontación artificial... por delante del pragmatismo. Hasta el punto de que se está convirtiendo en una efeméride anual, una celebración propia de cada enero: agrupar un puñado de cuestiones inconexas y claramente sin consenso, y llevarlas todas juntas al Congreso para que sean derogadas y se abran todo tipo de situaciones estrambóticas. Habrá que marcarlo en el calendario.