El 2026 ha llegado pisando fuerte, con Donald Trump cambiando el mapa mundial y amenazando Europa. Pero lo que no varía, de momento, son los retos y asignaturas pendientes de la economía catalana. Son muchos –vivienda, masificación turística, productividad, absentismo, burocracia, industria, precariedad, etc.–, tantos, que uno podría caer en la tentación de escribir una carta a los Reyes Magos. Pero hace ya una semana que pasaron estos generosos monarcas por nuestros hogares, así que pasemos página y seamos realistas.

El Govern arranca con muchos deberes económicos, pero algunas soluciones no dependen totalmente o parcialmente de él, y en la situación de emergencia que tenemos en algunos ámbitos, más vale apuntar bien, elegir pocos objetivos y atacarlos con decisión. No puedo obviar la reforma de la financiación, pero aquí Salvador Illa y Alícia Romero están atados de manos y pies. Aceptarán lo que se proponga desde la Moncloa –de hecho, ha sido Oriol Junqueras quien la ha pactado con Pedro Sánchez– y cruzarán los dedos para que se desarrolle y aplique en lo que queda de legislatura en el Estado, antes de que llegue el PP –si Sánchez no ejecuta una nueva jugada maestra para la supervivencia, que sería casi un motivo para beatificarlo, ya que sería un milagro– y deshaga lo que pueda o le interese.

Dado que en la financiación no tiene un papel protagonista, los deberes más importantes que tiene responden sobre todo a tres emergencias: la vivienda, la movilidad y la transición energética. Hablamos de cuestiones sociales, pero que tienen un impacto económico claro. A menudo se enumera la productividad y la competitividad como asignaturas pendientes, pero mejorarían de forma automática si se facilitara el acceso a la vivienda, Cercanías funcionara como debería hacerlo y tuviéramos un mix energético con mayoría de renovables. Las empresas encontrarían talento con más facilidad, pagarían la energía más barata y verían más incentivos para instalarse en nuestro país. ¿Política industrial? Por supuesto, pero las políticas de vivienda, energética y de movilidad también son política industrial.

¿Política industrial? Por supuesto, pero las políticas de vivienda, energética y de movilidad también lo son

Catalunya vive una situación de emergencia social en cuanto al acceso a la vivienda. Los precios de compra están a niveles inéditos en Barcelona y su área metropolitana, y los alquileres han bajado por el tope, pero ha caído la oferta. Para los jóvenes, emanciparse sin compartir piso es casi imposible, y las parejas que quieren iniciar un proyecto conjunto deben dedicarle un esfuerzo de gasto muy alto.

Lo cierto es que el Govern ha puesto la vivienda entre sus prioridades, y ha anunciado muchas medidas, pero nada ha mejorado todavía, al contrario. Los topes no son la solución, y los préstamos a la emancipación pueden ser una ayuda, pero no la única ni la más importante. Lo que hace falta es construir. Hay planes para hacerlo. Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat, dijo en septiembre en un FOCUS ON que “hay que construir; todo aquel solar que esté disponible, debe tener grúas”. Pero de momento, más allá de las de la Sagrada Familia, pocas grúas encontramos en Barcelona, y eso que paseando por algunos barrios, como el Poble Nou y el 22@, se ven muchos solares disponibles y naves abandonadas. Hace falta, por tanto, la complicidad de todas las administraciones, empezando por el Ayuntamiento de Barcelona, y agilizar los trámites para que no se tarden años desde que se inicia un proyecto hasta que se acaba. En este proceso, lo que debería comportar más tiempo es la construcción –y hay sistemas para acelerarla– y no la burocracia, como pasa actualmente.

Seguramente estos solares no resolverán el problema, pero si se suman nuevos barrios, como el que se puede hacer en la Sagrera, y los que se pueden hacer en decenas de municipios del área metropolitana, que tienen el sol que no tiene la capital catalana, sí que se puede incrementar significativamente la oferta, tanto para el mercado libre como para el protegido, de manera que baje el precio y, aquellos que tampoco puedan acceder, tengan acceso a un parque público. Pero hace falta, como decía, voluntad de todas las administraciones y agilidad, pero también políticas realistas, entendimiento con el sector inmobiliario y una buena red de transporte.

Las emergencias económicas y sociales no pueden esperar. Aunque la solución sea lenta, hay que activarla y acelerarla

La crisis de la vivienda no se puede desligar de la de Cercanías, que tienen en común la falta de inversión pública de las últimas casi dos décadas. Una red de infraestructuras de transporte y movilidad eficiente es básica para el crecimiento económico de las ciudades y sus áreas de influencia, porque proporciona nuevas ubicaciones a las empresas y vivienda para sus trabajadores. Debe ser un círculo virtuoso que puede devenir círculo vicioso si fallan dos eslabones tan importantes como la vivienda y la movilidad. Trabajar en Barcelona y vivir en el Garraf o el Maresme, por poner dos ejemplos, es un calvario diario. Hay que arreglar Cercanías, con la gestión, con recursos y con las medidas que sean necesarias, pero es clave para el país.

Y la tercera asignatura pendiente que el Govern debe aprobar este año es la transición energética. Como con la vivienda, también ha anunciado y puesto en marcha medidas, pero también topa con la burocracia y, además, con cierta respuesta de movimientos sociales que, si bien no representan a la mayoría del país, han tenido una alta influencia en los partidos e instituciones políticas, especialmente en el ámbito local. Se necesitan más renovables para no depender en exclusiva de unas centrales nucleares que, si Sánchez no da marcha atrás, tienen un calendario de cierre establecido, ni de la importación de energía, sea de Francia o de Aragón, con líneas de muy alta tensión que destrozan el país. Porque las empresas necesitan seguridad energética y una buena red, y más teniendo en cuenta que el consumo global de electricidad irá al alza.

Este año nos jugamos mucho. Estas emergencias no pueden esperar. Aunque la solución sea lenta, hay que activarla y acelerarla, priorizando las medidas más eficientes. Los catalanes necesitamos vivienda accesible y una movilidad efectiva y fiable, pero también lo necesitan las empresas para ser más competitivas. Es una apuesta social y económica, por un estado del bienestar para todos.