La campaña electoral oficial ha arrancado tras un frenético tour televisivo de los principales candidatos —los platós son el ring donde se libran las batallas por la audiencia de las papeletas—, la lectura de las respectivas cartas a los Reyes Magos por parte de los principales agentes económicos y sociales, y la presentación de promesas por parte de los partidos con más o menos lagunas según el barrio donde se habite. De entre ellas, una de las que sobresale es el cheque de 20.000 euros a todos los jóvenes de 18 años para que se formen y emprendan, de Yolanda Díaz. Ha contado con los firmes aunque siempre elegantes reproches de su colega de gabinete, Nadia Calviño, porque no explica cómo se va a financiar. Y con las habituales críticas de la opinión publicada disonante con la ministra Díaz, a quien acusan de querer comprar el voto de los jóvenes. Más allá de la viabilidad y de los entresijos de esta nueva renta universal, lo que hace que me detenga en ella es a quién va dirigida, los jóvenes.

Hace unas semanas, Fedea presentó un documento con reflexiones y propuestas, algunas muy parecidas a la renta para jóvenes de Yolanda Díaz. Por lo menos en la música. Propone una norma fiscal para ayudar y “reorientar” hacia los jóvenes el gasto que hoy se dirige principalmente a personas mayores (pensiones, sanidad o dependencia). Fedea son las siglas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, un prestigioso think tank financiado por la banca y varias empresas del Ibex 35. La finalidad de este documento es, por un lado, propiciar que los jóvenes tengan más peso en los procesos electorales y, por otro lado, evitar que la política “se centre en el cortoplacismo” si solo se escucha la voz de los más mayores.

Puesto que elegimos un parlamento y un gobierno con miras a futuro, ¿qué legitimidad tiene un ejecutivo nacido de las urnas cuando un porcentaje cada vez menor de jóvenes acude a ellas? Los jóvenes han pasado de ser un bloque fundamental hace varias décadas a uno periférico. La demografía va a seguir debilitando más su voz, puesto que la mayoría de los países desarrollados (los de la OCDE) está envejeciendo. Y el envejecimiento implica menor crecimiento del producto interior bruto (PIB). Según un reciente informe de CaixaBank Research, el envejecimiento poblacional a causa de la jubilación de los baby boomers reducirá el crecimiento del PIB per cápita en 0,5 puntos porcentuales por año durante las próximas dos décadas.

En las próximas elecciones generales del 23-J, en España habrá casi 6,6 millones de votantes jóvenes potenciales (18-30 años) y cerca de 10 millones de votantes potenciales mayores de 65 años. En 1970, la proporción era de casi dos a uno en favor de los jóvenes, y en 2050 solo habrá 6,4 millones de jóvenes y 16 millones de personas mayores, según el informe de Fedea, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz (de la Universidad Complutense de Madrid) y Vincenzo Galasso (Universita Bocconi). Ambos sostienen que en la medida que la economía política responde a incentivos electorales, los gobiernos benefician al votante mediano, en este caso a los ancianos.

Fedea propone una regla fiscal intergeneracional que regule automáticamente la asignación del gasto público y, preocupada por la preocupación de la ministra Calviño, avanza una posible solución: por cada euro adicional asignado a programas de gasto público, que están dirigidos principalmente a las personas mayores, se debería asignar un euro adicional a programas de gasto público dirigidos a los jóvenes sin que estos recursos puedan financiarse con deuda.

Gasto sin deuda

Financiar vía deuda es uno de los mayores ejercicios de insolidaridad intergeneracional, señalan varios economistas. Quiere decir que los más jóvenes, antes de pagar los gastos corrientes por los beneficios sociales a los cuales aspiran, tendrán que hacer frente a los costes financieros de la deuda pública generada por sus padres. En casa, pregunto al mayor, 19 años y recién terminado el segundo curso en la universidad: ¿te preocupa que la sociedad que os dejamos esté endeudada? “Da igual que no tengamos deuda, si el mundo que heredamos es una mierda”, me responde. Se refiere a la contaminación y al cambio climático. “Y al final —añade— con los sueldos que tenemos…tener un título universitario cada vez sirve para menos, la sociedad no lo valora”. Qué reflexiones tan interesantes y cuánta razón tiene, pienso. Me acuerdo entonces de un estudio de Randstad Research y la Fundación Universitaria San Pablo CEU que revela que la situación laboral y formativa de los jóvenes en nuestro país es distinta a la del resto de Europa. Spain is different. La proporción de jóvenes activos con alta cualificación se sitúa en el 54,4% del total, mientras que la media europea es del 43,4%. Sin embargo, la tasa de paro para este segmento es del 14% en España frente al 6,5% de media europea. El informe señala que más de la mitad de los jóvenes ingresaron menos de 1.000 euros mensuales en su primer empleo. ¿Alguien sabe de viviendas con un alquiler de 300 euros al mes?

Los programas que propone Fedea de transferencia de gasto hacia los jóvenes se centran en la educación (0-3 años, primaria, secundaria e incluso universitaria), aumentar el presupuesto en I+D+i, en ayudas para el acceso a la vivienda o la emancipación. Es decir, medidas que “tendrían un impacto positivo en el crecimiento económico o el aumento de la productividad”. ¿Y todo esto quién lo paga? Los autores no resuelven la ecuación, como debe ser, ya que la respuesta no es matemática, sino política, pero la dejan planteada: reorientar el gasto público hacia los jóvenes sin endeudarse “obliga a una subida de impuestos (políticamente muy costosa) o bien a una reducción (aún más dolorosa) del gasto público”.