El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de alterar el reparto del riesgo en las ciberestafas. Cuando una operación de pago no ha sido autorizada, el banco deberá devolver el dinero inmediatamente y, como máximo, al final del siguiente día hábil. Incluso si considera que el cliente actuó con negligencia grave. Después podrá reclamarle el importe y tendrá que demostrar esa negligencia. Me parece una sentencia oportuna.

El fallo mantiene abierta la responsabilidad final del usuario y concentra su efecto inmediato en el orden de los acontecimientos. Hasta ahora, muchas víctimas perdían sus ahorros y debían iniciar una batalla para recuperarlos. Desde ahora, la entidad repone primero los fondos. Luego discute la responsabilidad. Se le ha dado la vuelta porque el orden de los factores a veces sí altera el producto.

Quien dispone de recursos, información y capacidad jurídica soportará la espera. La única excepción inmediata aparece cuando el banco tiene motivos razonables para sospechar fraude del propio cliente y lo comunica por escrito a la autoridad competente. La sospecha ya no puede funcionar como una decisión unilateral e inapelable.

Esta sentencia, a mi parecer, introduce un incentivo económico. La banca ha obtenido enormes eficiencias trasladando millones de operaciones hacia aplicaciones, webs y cajeros. Ha reducido oficinas, personal, tiempos y costes. El canal digital pertenece a su arquitectura. La entidad diseña la autenticación, observa patrones de conducta y puede detener una transferencia anómala en milisegundos. Cuando quien controla el sistema soporta inicialmente el daño, aumenta su incentivo para hacerlo más seguro.

Saco ahora a colación una batalla que muchos clientes han dado por perdida: ¿eligió realmente el cliente ese canal? En teoría, siempre puede acudir a una oficina. En la práctica, muchas operaciones se derivan al cajero o a internet. Otras soportan comisiones, horarios limitados y esperas. Abrir una cuenta sin claves digitales resulta cada vez más difícil. La digitalización se ha presentado como comodidad, aunque con frecuencia ha funcionado como una migración dirigida.

Yo conozco bien estos riesgos. He participado como conferenciante en foros sobre ciberestafas y presto mucha atención a cada mensaje. Aun así, alguna vez he estado a un clic de caer. También viví de cerca el robo del bolso de una persona de mi familia. En pocos minutos vaciaron varias cuentas a través de las tarjetas. Tras discusiones interminables, el banco reintegró únicamente una parte. Aquella experiencia me mostró la enorme indefensión que produce enfrentarse simultáneamente al delincuente y a la entidad que custodia tu dinero.

Muchas víctimas perdían sus ahorros y debían iniciar una batalla para recuperarlos. Ahora, la entidad repone primero los fondos. Luego discute la responsabilidad

Si yo, que soy una persona informada y he participado profesionalmente en estas cuestiones, puedo dudar durante unos segundos, imaginemos a un mayor, a alguien con poca formación digital o a quien recibe una llamada en un momento de angustia. Los estafadores trabajan de forma industrial. Prueban guiones, imitan webs, suplantan teléfonos y explotan nuestras emociones. La inteligencia artificial hará esos engaños más personalizados. Cargar toda la prevención sobre la atención individual equivale a enfrentar artesanos aislados contra fábricas de manipulación.

La solución puede combinar tecnología, regulación y seguros. El sector asegurador sabe mutualizar riesgos desde hace siglos. Un cliente podría contratar voluntariamente una cobertura contra ciberfraude, con límites, franquicia y prima transparente. El precio dependería del importe máximo diario, los dispositivos autorizados y las medidas de seguridad aceptadas. Existiría riesgo moral, como en cualquier seguro. Para eso sirven las franquicias, la verificación y las condiciones de cobertura.

La banca también podría ofrecer distintos niveles de exposición digital. Una cuenta completamente operativa. Otra sin transferencias desde el móvil. Una tercera con beneficiarios previamente validados, demoras para importes elevados o confirmación telefónica. Incluso podría mantenerse un canal presencial protegido para quien lo solicite. Cada cliente escogería la combinación de comodidad, coste y seguridad que se adapte a su situación.

El fraude en los pagos alcanza más de 4.200 millones de euros en el Espacio Económico Europeo y crece a doble dígito anualmente. Esto, sin duda y por desgracia, seguirá presionando a bancos, reguladores y aseguradoras.