La justicia ha avalado la orden de la Generalitat de vetar el teletrabajo a los altos cargos de la administración, como los secretarios generales, secretarios sectoriales o directores generales, y también a los subdirectores generales. La jueza acepta que, por las funciones directivas, de coordinación y de apoyo institucional de las subdirecciones generales, la administración puede considerar que estos puestos requieren presencia física continuada, y como el teletrabajo no es un derecho sino una modalidad organizativa reversible, la retirada de las autorizaciones es conforme a derecho.

La sentencia llega después del recurso contencioso-administrativo que interpusieron varios subdirectores generales a raíz de la instrucción de enero de 2025 del Departament d'Economia. En enero de 2025, la conselleria de Presidència, que dirige el socialista Albert Dalmau, dictó una instrucción, por la que se ponía fin al teletrabajo desde el rango de subdirector general hacia arriba a partir del 29 de enero del mismo año.

Esta decisión generó mucho malestar entre los altos cargos. Unos 200 altos funcionarios de la Generalitat suscribieron un manifiesto contra la medida y pidieron su eliminación. 

La magistrada de la plaza 14 de la sección contencioso-administrativa del tribunal de instancia de Barcelona considera legítimo que la Generalitat interprete que estos puestos de trabajo y cargos exigen presencialidad. Además, dice que la instrucción de 2025 no es un reglamento encubierto porque no genera nuevos derechos u obligaciones, ni innova la normativa sobre la organización del trabajo, sino que da criterios de interpretación y de aplicación de la normativa ya existente, según informa ACN.

El teletrabajo es una medida reversible

La sentencia considera que el teletrabajo no es un derecho subjetivo del personal, sino una forma de organizar el trabajo por parte de la administración, que tiene la potestad discrecional de autorizarlo o no. De hecho, añade que las autorizaciones de teletrabajo son reversibles.

Aunque la instrucción proviene de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, la ejecución y la obligación de hacerla cumplir corresponde a la secretaría general de cada departamento y a las direcciones de los organismos autónomos, que son los órganos competentes para gestionar y revocar las mencionadas autorizaciones.