La presentación, en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, por parte de un grupo de economistas entre los que figura quien suscribe, del documento Una política migratoria útil para una transformación económica y social: Bases para una política migratoria propia de Catalunya, ha contribuido a abrir un debate que el país ha aplazado demasiado tiempo. En una sociedad donde más de la cuarta parte de la población ha nacido en el extranjero, la cuestión ya no es si Catalunya necesita inmigración —la respuesta es claramente afirmativa—, sino cómo debe gobernar este fenómeno para que refuerce la prosperidad, la cohesión social y el proyecto colectivo del país.

La inmigración se ha convertido en uno de los principales temas del debate público europeo. También en Catalunya. Desafortunadamente, este debate a menudo se plantea en términos excesivamente simples: por un lado, quienes la presentan como un problema que hay que reducir; por el otro, quienes tienden a considerar que cualquier cuestionamiento de las políticas actuales esconde una actitud contraria a la inmigración. Esta polarización impide abordar la cuestión fundamental: Catalunya necesita inmigración, pero sobre todo necesita gobernarla mejor.

La realidad demográfica es incontestable. Catalunya es una sociedad en proceso de envejecimiento, con una fecundidad muy inferior al nivel de reemplazo y una esperanza de vida creciente. Sin aportaciones migratorias, la población en edad de trabajar disminuirá y será cada vez más difícil sostener nuestro sistema productivo, los servicios públicos y el estado del bienestar. La inmigración no es, pues, una opción ideológica, sino una necesidad estructural.

Ahora bien, necesidad no significa ausencia de gobernanza. Durante las dos últimas décadas, Catalunya ha registrado una de las tasas de migración neta más elevadas de la UE. Sin embargo, el nivel formativo de la mayoría de los migrantes es de los más bajos del espacio geográfico europeo e inferior al de la población autóctona y, al mismo tiempo, el 39% de las empresas catalanas (máximo de la serie histórica) dicen que la falta de personal formado limita la marcha de su negocio, y de forma muy notoria entre los mismos sectores más beneficiados por el flujo migratorio (hostelería y construcción), donde figura como la primera causa limitante del negocio. A la vez, estos altos niveles de flujos migratorios conviven en un contexto en que las tasas de paro españolas son las más altas de la UE y donde la inmigración no nacida en la UE presenta un paro 5,3 puntos más alto que el de la población autóctona1 y que, además, gran parte de los que presentan un nivel formativo elevado trabajan por debajo de su cualificación, como también le ocurre a una parte (menor, pero) de la población autóctona. Todo esto evidencia un muy deficiente encaje con las necesidades del mercado de trabajo.

Catalunya necesita inmigración, pero sobre todo necesita gobernarla mejor

Este desajuste está estrechamente relacionado con el modelo productivo. Una parte significativa del crecimiento del empleo migrante se ha concentrado en actividades de baja productividad y salarios reducidos, que absorben mano de obra abundante, pero ofrecen pocas oportunidades de progreso individual. El 51% está empleada en ocupaciones elementales, y el 23% en servicios de restauración, personales o de ventas, contra un 28% y 29%, respectivamente, de los de nacionalidad española2. La inmigración acaba alimentando los segmentos de la economía con trabajo más precario y mal retribuido, cuando debería contribuir a reforzar los sectores de mayor valor añadido y a impulsar el crecimiento de la productividad.

El debate tampoco se puede limitar al mercado de trabajo. Una política migratoria también debe ser una política de cohesión social. Las dificultades de integración educativa (tasas de abandono escolar tres veces superiores), las elevadas tasas de pobreza (la población no comunitaria multiplica por cuatro las de la población autóctona), la segregación residencial o la persistencia de diferencias en los resultados escolares (las diferencias de rendimiento escolar significan 1,5 cursos de retraso) o, incluso, la muy preocupante perpetuación de los patrones laborales en la segunda generación (los hijos ya nacidos o educados aquí), muestran que la integración no se produce automáticamente. Integrar no es solo garantizar derechos; es también crear las condiciones para que todos los ciudadanos compartan oportunidades, responsabilidades y un mismo espacio de convivencia.

En el caso catalán existe, además, un factor específico que no existe en la mayoría de las sociedades europeas: la preservación de una lengua propia que es a la vez el eje vertebrador de la cohesión nacional. La lengua catalana no es un elemento accesorio de las políticas de acogida, sino el principal instrumento para que personas de orígenes muy diversos puedan construir un sentimiento de pertenencia compartido. Sin una política lingüística ambiciosa, la diversidad corre el riesgo de convertirse en fragmentación.

Además, cualquier política migratoria propia requiere también un marco de financiación adecuado. El actual sistema de financiación autonómica no incorpora de manera suficiente el impacto que tienen los fuertes crecimientos demográficos sobre los servicios públicos, la vivienda, las infraestructuras y las políticas de integración. Esta desconexión genera una presión creciente sobre los recursos de la Generalitat y de los gobiernos locales, e impide que el incremento de población vaya acompañado de las inversiones necesarias para garantizar la cohesión social y la calidad de los servicios. Una política migratoria eficaz es un elemento más que refuerza la necesidad de un sistema de financiación que permita gestionar adecuadamente sus costes y sus oportunidades.

La inmigración puede seguir siendo una de las grandes fortalezas del país, pero solo si se gobierna con criterios de cohesión, prosperidad y visión de futuro

Por todo esto, Catalunya necesita disponer de una política migratoria diferente y propia. No para levantar fronteras ni para negar la necesidad de la inmigración, sino para poder orientar los flujos de acuerdo con las necesidades de su mercado de trabajo, reforzar las políticas de acogida e integración, combatir la precariedad laboral, preservar la lengua catalana y aplicar los recursos públicos que genera, y que no le son asignados por el sistema de financiación, para adaptarse a una realidad demográfica profundamente transformada. Otras sociedades plurinacionales, como Australia, Canadá o Suiza, disponen de instrumentos que permiten la participación activa de sus territorios. Catalunya también debería poder asumir esta responsabilidad.

El verdadero debate no es si queremos más o menos inmigración. El debate es si queremos gestionar el cambio demográfico y social más importante de nuestra historia reciente y si queremos construir una política migratoria adaptada a los intereses y a las necesidades de Catalunya. La inmigración puede seguir siendo una de las grandes fortalezas del país, pero solo si deja de ser un fenómeno que simplemente se administra y pasa a ser una realidad que se gobierna con criterios de cohesión, prosperidad y visión de futuro.

1. Datos referidos a 2025 para la población de entre 25-54 años (plena edad ocupacional). Fuente: EUROSTAT.
2. Datos del SEPE, Ministerio de Trabajo e Inclusión Social. "Informe del mercado de trabajo de las Personas extranjeras. Datos 2025"