El desalojo de Maricarmen ha reabierto el debate sobre el desahucio de personas mayores y vulnerables, especialmente cuando el propietario del piso es un fondo de inversión. El Gobierno español quiere reactivar ahora el decreto de vivienda para impedirlo, aprovechando la ola social que ha creado el caso, que pone más difícil mantener su posición a aquellos que se oponen.

El tema de fondo, y el debate de verdad que, desgraciadamente, no tendremos, es si la protección de personas vulnerables la tienen que pagar los propietarios privados de viviendas, tengan dos o cien. Lo explicaba muy bien Fernando Trias de Bes en su artículo de este domingo en ON ECONOMIA. Y la conclusión es clara: sin cuestionar que hay personas que necesitan esta ayuda, es evidente que esta protección no puede recaer en los propietarios del piso.

En el caso de Maricarmen es muy fácil posicionarse porque tiene 87 años y el propietario es un fondo de inversión. Pero ¿habría sido diferente si el piso hubiera sido de un particular que ha invertido en la compra de cinco o seis pisos? Quizás no, pero con el uso de las plataformas antidesahucios y la ayuda mediática habitual se podría crear una presión social similar, porque hemos llegado a un punto en el cual se considera a cualquiera que invierte en vivienda un especulador sin alma. O quizás sí. Y entonces, ¿quién cuida de ella?

Hay maneras de proteger a un inquilino vulnerable y detener los desahucios que no pasan por el cuestionamiento de la propiedad privada. Políticas sociales: si una persona necesita una ayuda para pagar un alquiler, y ya no tiene derecho a la que tenía, heredada, el Estado le tiene que poder garantizar otra. Por ejemplo, un complemento al alquiler para que el inquilino siga pagando lo mismo y el propietario cobre el precio de mercado.

El principal problema de Maricarmen es que las administraciones dimitieron de las políticas de vivienda hace casi dos décadas

Las políticas sociales, sin embargo, a menudo no son más que parches o recursos para cuando el sistema falla. Y la vivienda es un caso claro. El principal problema de Maricarmen y de los miles de familias, jóvenes y no tan jóvenes, que buscan un piso que se puedan pagar, sea para comprar o para alquilar, es que las administraciones españolas, la catalana incluida, dimitieron de las políticas de vivienda hace casi dos décadas, cuando estalló la burbuja financiera.

Entre 2008 y 2010, casas y bloques de pisos quedaron a medio hacer, los bancos empezaron a desahuciar familias que no podían pagar la hipoteca, pero se quedaban parte de la deuda, y el sector inmobiliario se convirtió, a ojos de una parte importante de la sociedad, y de los políticos, en el demonio. En los primeros años posteriores al estallido de la burbuja, construir no era necesario, pero cuando lo fue, nadie osaba. Los primeros, los funcionarios de las áreas de urbanismo de los ayuntamientos, que no querían cargar con una responsabilidad que no les correspondía.

Con uno de los parques de vivienda pública más pequeño de Europa, España no tiene soluciones para las Maricarmen y las busca en la regulación y en el propietario

Esto supuso que la construcción de vivienda libre quedara reducida a la mínima expresión, pero también, y este fue el gran problema, que las administraciones no hicieran vivienda pública. Ni protegida (VPO) para el mercado de compra, en función de las rentas, ni social, para las personas que no tienen acceso al mercado libre de alquiler. Y ahora, cuando se necesita, no existe, y activarlo cuesta años y que tenga un volumen lo suficientemente grande para empezar a ser una solución, décadas. Hemos perdido, como mínimo, una, y no vamos por buen camino porque la burocracia, los miedos a los que hacíamos referencia y la poca voluntad de algunas administraciones hacen que la construcción no acabe de arrancar.

Con uno de los parques de vivienda pública más pequeños de Europa, España, y Catalunya, no tienen soluciones para las Maricarmen. Y, como su horizonte son las próximas elecciones, las buscan en la regulación y en ir contra el propietario, sobre todo si tiene muchos pisos. Si es un fondo, hemos cantado "¡bingo!" porque casi nadie cuestionará la medida y el gobierno de turno, responsable —como mínimo parcialmente— de la situación, del problema de Maricarmen, sacará rédito político.

Lamentablemente, estas soluciones no son reales, porque cada restricción, cada ataque a la propiedad privada, cada dificultad para quien tiene un piso y lo alquila, supone una reducción de la oferta. El resultado, pues, es el opuesto al que se busca. La gran solución es generar un gran parque de vivienda pública y, también, facilitar que haya nueva construcción de vivienda libre, porque más oferta regularía los precios y, sobre todo, porque se necesita. Y las ayudas al alquiler que sean el parche de la auténtica política de vivienda que los cientos de miles de familias que buscan un piso, o que son vulnerables, necesitan.