El desahucio de Maricarmen esta semana, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso de Madrid, ha provocado una reacción extraordinaria. Miles de personas salieron a la calle. La imagen conmueve y es comprensible que lo haga. Una sociedad decente no debería dejar sin alternativa habitacional a una persona vulnerable.

No se trata de decidir si Maricarmen merece protección. La merece. La cuestión es quién debe pagarla. En este caso concreto, la vivienda pertenece a una sociedad inmobiliaria, no a un pequeño ahorrador. Y de ahí las protestas.

Pero el episodio pone de nuevo sobre el tapete una forma de legislar que sí alcanza a miles de propietarios particulares: límites de rentas, prórrogas extraordinarias, suspensiones de lanzamientos y otras obligaciones destinadas a resolver un problema social a través de quien casualmente posee el inmueble.

La finalidad es indiscutible: la protección social. Pero la forma en que se instrumentaliza esta política es profundamente injusta.

No se trata de decidir si Maricarmen merece protección. La merece. La cuestión es quién debe pagarla

Richard Musgrave, uno de los padres de la hacienda pública moderna, distinguía entre las funciones del Estado: redistribuir renta y proteger a los vulnerables es una función pública. Debe financiarse mediante impuestos generales, de acuerdo con la capacidad económica de los ciudadanos, y ejecutarse mediante presupuestos transparentes. Ahora bien, cuando obligamos a un propietario concreto a proporcionar una prestación que beneficia a la sociedad, la política social la estamos aplicando al bolsillo de un particular.

El Fondo Monetario Internacional lo expresa de una forma muy gráfica: un alquiler limitado puede convertirse en un subsidio al inquilino pagado por el propietario. Es una transferencia social encubierta.

Ese tema resulta especialmente problemático en España. Cerca del 90% de los propietarios del mercado del alquiler son particulares. Detrás de una vivienda arrendada suele haber décadas de ahorro, de esfuerzo y de renuncias, incluso una herencia, o una hipoteca todavía pendiente o el complemento de una pensión. Tener un segundo piso no convierte automáticamente a nadie en rico, del mismo modo que alquilar una vivienda no convierte al propietario en un servicio social.

La normativa más reciente ha comenzado a reconocer esta contradicción. La suspensión extraordinaria de determinados desahucios contempla la vulnerabilidad del arrendador, excluye algunos supuestos de propietarios con dos o menos viviendas y establece compensaciones. Es un avance. Sin embargo, obliga todavía a iniciar procedimientos, acreditar perjuicios y esperar a que la Administración pague. La protección llega inmediatamente al inquilino; la compensación del propietario suele llegar después, si llega sin obstáculos. Y no es justo.

La finalidad es indiscutible: la protección social. Pero la forma en que se instrumentaliza esta política es profundamente injusta

Los límites de precios de los cuales he hablado desde esta tribuna plantean un problema similar. Protegen a quien ya ocupa una vivienda regulada, pero reducen la oferta futura, desplazan pisos hacia el alquiler temporal o endurecen la selección de inquilinos. El propietario que percibe mayor inseguridad acaba por dejar de alquilar. El resultado puede beneficiar al inquilino instalado y perjudicar al que todavía busca piso.

Nada de esto resta gravedad al drama de Maricarmen. Pero nos obliga a tomárnoslo en serio. Si una persona vulnerable necesita permanecer en su vivienda, la Administración puede pagar la diferencia del alquiler, ofrecer una alternativa digna, mediar en la compra o disponer de un parque suficiente de vivienda social. Lo que no debería hacer es convertir al propietario circunstancial en responsable único de una carencia colectiva.

España dispone de un parque de alquiler social diminuto en comparación con buena parte de Europa. En lugar de corregir durante años esa insuficiencia con inversión pública estable, hemos intentado fabricar vivienda asequible mediante obligaciones aplicadas sobre el parque privado.

España necesita políticas sociales ambiciosas. Pero también asumir su coste. La solidaridad financiada con impuestos se reparte entre todos y aparece en las cuentas públicas. La solidaridad impuesta a una persona concreta no es más que una expropiación encubierta de renta.

Hemos intentado fabricar vivienda asequible mediante obligaciones aplicadas sobre el parque privado

Proteger al vulnerable y respetar al propietario no son objetivos incompatibles. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A ver si logramos de una vez por todas centrar esta cuestión. Porque estamos incurriendo en una privatización de la solidaridad.