Empecemos por dejar algo claro desde el principio. La seguridad vial no se discute. Reducir riesgos es un objetivo legítimo. Nadie en su sano juicio va a defender lo contrario. El problema no es el fin. El problema es el cómo, el cuánto cuesta y quién lo paga.

El Estado ha decidido sustituir el triángulo por la baliza V16 conectada. El motivo oficial es evitar que el conductor salga del vehículo y reducir el riesgo de atropello, pues se producen alrededor de 25 muertes anuales por este hecho. Bien. Tiene sentido. A partir de ahí, sin embargo, se da un salto importante: el sistema anterior, obligatorio hasta ayer, queda invalidado por norma como suficiente para advertir de un vehículo averiado o varado en la vía. En realidad, el sistema es válido. El triángulo funciona como medio de aviso a los vehículos que vienen. No ha dejado de funcionar.

Si la DGT quiere protegernos más, puede añadir o dar alternativas. Pero no hacer que deje de contar legalmente por ser un sistema inválido. La eliminación total del riesgo cuando se te avería o estropea el vehículo es imposible. Colocar una baliza también arroja unos momentos en que puedes ser arrollado.

Y aquí aparece el primer problema serio. Cuando una administración invalida un bien que ella misma obligó a comprar, genera un coste directo. Un coste que no asume. No hay compensación. No hay transición. No hay reconocimiento de la inversión previa. Simplemente, ahora toca otra cosa.

No, claro, es que no es una recomendación. Es una obligación. Y eso tiene consecuencias económicas. Con alrededor de 34 millones de vehículos circulando en España y un precio medio de la baliza entre 30 y 60 euros, el gasto inducido se mueve en una horquilla de 1.000 a 2.000 millones de euros. 

Que nos devuelvan el dinero de los triángulos o que permitan un canje de triángulo por baliza, en todo caso. O eso o que nos dejen a los ciudadanos escoger el medio de señalización.

A partir de este primero de enero, además, la obligación se refuerza con sanción. No llevar la baliza será sancionable, con importes que pueden llegar a doscientos euros. El triángulo pasa a ser jurídicamente irrelevante. No porque no señalice. No porque sea inútil, sino porque ya no cumple el expediente. Como si su capacidad de advertir hubiera desaparecido por decreto.

No se ha demostrado públicamente que reduzca el riesgo total en todos los escenarios posibles, y aun así se invalida por completo el sistema anterior y se obliga a sustituirlo. Esa es la decisión económica discutible.

El problema de fondo no es la baliza. Es el precedente regulatorio. Compras lo que te obligan a comprar. Cumples la norma. Y, unos años después, te dicen que aquello ya no sirve y que ahora toca otra cosa. El riesgo regulatorio no lo asume el Estado. Lo asume el ciudadano. ¿Dónde está aquí la responsabilidad pública del error?

Si el cambio se hace por seguridad pública —y aceptemos que ese es el objetivo— la pregunta es la siguiente: ¿por qué el coste no se socializa, ni siquiera parcialmente? ¿Por qué no hay deducciones, compensaciones o mecanismos de transición razonables? La respuesta es sencilla: porque eso tendría impacto presupuestario. Pero no, que pague el ciudadano.

La empresa que más balizas ha vendido la han fundado dos guardias civiles. No hay pruebas de corrupción. Conviene decirlo claramente. Pero esperemos que no aparezcan más adelante porque estamos ya un poco hasta la coronilla.

Es igual. No me hace falta corrupción para criticar un diseño económico deficiente. Crear mercados cautivos, invalidar inversiones previas y trasladar el coste íntegro al ciudadano sin una evaluación pública coste–beneficio no es buena política económica. Es mala planificación. Y mala gestión. Porque… ¿se ha probado empíricamente que la baliza sea más segura que el triángulo? La respuesta se la digo yo. No. No los hay. Hay bastantes voces, incluso de las fuerzas de seguridad del Estado, que advierten de que en cambios de rasante o en días de sol, la baliza no se ve y el vehículo que aparece por la vía puede comerse el otro que está varado.

Pero no importa. A pagar, a adquirir la sirenita, no sea que nos sancionen. Y cuando dentro de unos años nos digan que la baliza ya ahorra conductores arrollados advirtiendo de su vehículo, pero ocasiona colisiones múltiples de los que vienen detrás, nos vendrán con otro aparatito u objeto que tendremos que volver a comprar para, vaya usted a saber, quién se enriquece con ello.

Dos mil millones de euros en balizas. El 0,13% del PIB. Ahí lo dejo.