España afronta un reto creciente con las incapacidades temporales y negar su alcance sería tan irresponsable como utilizarlo para convertir a cualquier trabajador de baja en sospechoso. En los últimos años, el número de procesos derivados de enfermedades comunes ha crecido de manera sostenida, con un impacto evidente sobre la productividad, los costes empresariales, la organización de los equipos y el gasto público. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al cierre de 2024 la prevalencia de las bajas por contingencias comunes se situaba en 53,3 procesos por cada mil trabajadores con esta cobertura, casi el triple de los 19,1 registrados en 2012.

No se trata, por tanto, de una simple percepción empresarial ni de una exageración interesada, sino de una evolución que merece ser examinada con rigor, muy especialmente en un país que arrastra déficits estructurales de productividad, dispone de un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes y autónomos y cuenta con un sistema sanitario sometido a una presión creciente. Sin embargo, reconocer el alcance del fenómeno no significa aceptar cualquier explicación ni, aún menos, dar por buena la idea de que detrás del ascenso de las bajas se esconde una epidemia generalizada de pereza, desidia o falta de compromiso.

Y es así, como quien no quiere la cosa, con la misma banalidad con la que se puede hablar del color del mantel, días atrás Alberto Núñez Feijóo situaba a los trabajadores de baja en el centro de la diana. Calificaba la escalada de las incapacidades temporales de "cáncer" para la economía y ponía sobre la mesa la posibilidad de que las personas que no pueden ejercer su actividad profesional por motivos de salud perciban una retribución inferior. Lo planteaba casi como una deducción elemental: si durante una baja se mantienen los ingresos, ¿qué incentivo hay para reincorporarse?

La pregunta puede resultar eficaz como titular e, incluso, despertar complicidades en una parte de la sociedad, pero detrás de esta aparente simplicidad se esconde una premisa profundamente discutible: que una proporción significativa de los profesionales utiliza la incapacidad temporal no porque está enferma, sino porque el sistema de protección le ofrece la oportunidad de dejar de trabajar sin asumir las consecuencias económicas.

No se puede dar por buena la idea de que detrás del ascenso de las bajas se esconde una epidemia generalizada de pereza, desidia o falta de compromiso

Es aquí donde el debate deja de ser una reflexión legítima sobre la sostenibilidad de las prestaciones para convertirse en una sospecha generalizada. Porque una cosa es preguntarse si los instrumentos de supervisión funcionan, si existen abusos o si determinados procesos se prolongan más de lo que sería clínicamente razonable, y otra muy diferente es insinuar que la protección económica durante una enfermedad actúa como un incentivo a la inactividad.

La incapacidad temporal no es una recompensa por no trabajar, sino un mecanismo de protección ante la imposibilidad acreditada de hacerlo. Además, la idea de que todas las personas de baja perciben los mismos ingresos que cuando trabajan tampoco responde a la realidad. En los casos de enfermedad común y cuando el convenio colectivo no establece mejoras, no se percibe ninguna prestación durante los tres primeros días; se cobra el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo y el 75% a partir del vigesimoprimero. Los complementos hasta el salario íntegro dependen de la negociación colectiva y no constituyen, en ningún caso, una cobertura universal.

Convertir el mantenimiento parcial de los ingresos en el origen del problema implica desplazar el foco desde las carencias del sistema hacia la conducta individual del trabajador, desde la responsabilidad de prevenir, diagnosticar, controlar y facilitar la reincorporación hacia la comodidad de señalar. Incluso el concepto de absentismo se emplea a menudo de manera equívoca, ya que no existe una definición única y una interpretación ampliamente aceptada excluye las bajas médicas justificadas, los permisos legales y las ausencias vinculadas a la conciliación.

Con esto no pretendo negar que en determinados casos pueda haber fraude. Probablemente existen bajas insuficientemente justificadas, comportamientos oportunistas y procesos que se alargan porque el sistema no dispone de los mecanismos adecuados de supervisión. Cualquier sistema de protección puede generar disfunciones y la Administración tiene la obligación de identificarlas, fiscalizarlas y corregirlas. Hay que reforzar la inspección, mejorar la coordinación entre los organismos implicados, agilizar las revisiones clínicas y actuar con determinación ante las irregularidades. Perseguir el fraude no es atacar los derechos laborales, sino preservar la credibilidad y la sostenibilidad del modelo para que pueda seguir protegiendo a quien realmente lo necesita. Ahora bien, la existencia de conductas fraudulentas no convierte al conjunto de las personas con una incapacidad acreditada en presuntas defraudadoras.

La idea de que todas las personas de baja perciben los mismos ingresos que cuando trabajan no responde a la realidad

Detrás de esta evolución hay causas estructurales bastante menos cómodas de analizar. Tenemos una sanidad saturada, con largas listas de espera para acceder a especialistas, someterse a pruebas diagnósticas, recibir una intervención o iniciar determinados tratamientos. No siempre son las personas las que tardan demasiado en reincorporarse. A veces, es el sistema el que se eterniza a la hora de diagnosticarlas, tratarlas y facilitar su recuperación. Por eso, cualquier estrategia destinada a acortar la duración de las incapacidades temporales que no aborde las listas de espera, la saturación de la atención primaria y la falta de recursos, corre el riesgo de quedarse en una operación cosmética.

A esta realidad se añaden entornos profesionales marcados por una elevada exigencia, equipos infradimensionados, presión constante, objetivos cambiantes y una disponibilidad que a menudo se presenta como compromiso cuando, en realidad, puede ser agotamiento sostenido. El estrés, la ansiedad y el deterioro de la salud mental no aparecen espontáneamente ni se pueden atribuir siempre a una fragilidad individual. En muchos casos, son el resultado de organizaciones que han aprendido a exigir más, pero no necesariamente a escuchar mejor, prevenir los riesgos psicosociales o adecuar las cargas de trabajo a los recursos disponibles.

Durante demasiado tiempo, algunas empresas han confundido productividad con intensificación del trabajo. Han reducido estructuras, han acumulado funciones sobre menos personas y han hecho de la excepcionalidad una normalidad. Se pide flexibilidad, adaptación constante y disponibilidad casi absoluta, a menudo sin revisar los recursos ni las condiciones con que se deben alcanzar los resultados. Y después, cuando alguien llega al límite y necesita detenerse, el debate se concentra en la silla vacía, no en el contexto que la ha dejado vacía.

A todo ello se añade el envejecimiento progresivo del capital humano. Las plantillas son cada vez más veteranas y, por lo tanto, crece la prevalencia de patologías musculoesqueléticas, enfermedades crónicas y otras afecciones asociadas a la edad. Pretender mantener las mismas tasas de incapacidad en una población activa más envejecida, sin adaptar los puestos de trabajo, reforzar las políticas preventivas ni impulsar medidas que favorezcan una vida profesional más saludable, es ignorar una transformación demográfica que afecta Catalunya, el conjunto de España y buena parte de Europa.

Las pymes no pueden asumir indefinidamente los costes de un modelo que a menudo no facilita ni la recuperación ni una reincorporación ágil

En Catalunya, donde las pequeñas y medianas empresas representan la práctica totalidad del tejido productivo, el impacto de las ausencias es especialmente sensible. En una gran corporación, la falta temporal de un profesional puede ser absorbida con más recursos, mientras que, en una organización de diez personas, una incapacidad prolongada puede alterar turnos, incrementar la carga del resto del equipo, aplazar proyectos, dificultar la atención a los clientes y reducir considerablemente unos márgenes que a menudo ya son estrechos.

Esta realidad empresarial también merece ser escuchada, porque las pymes no pueden asumir indefinidamente los costes directos e indirectos de un modelo que a menudo no facilita ni la recuperación ni una reincorporación ágil. Necesitan apoyo, instrumentos que faciliten las sustituciones y una administración capaz de acompañar los procesos con más eficacia. Ahora bien, exigir soluciones no es lo mismo que reclamar castigos indiscriminados.

Tampoco es honesto comparar asalariados y autónomos para concluir que los primeros cogen más bajas porque pueden permitírselo. Que muchos profesionales por cuenta propia sigan trabajando enfermos no demuestra que los asalariados abusen del sistema, sino que evidencia que numerosos autónomos no se pueden permitir detener la actividad porque no tienen a nadie que asuma los clientes, los pedidos, las responsabilidades ni la facturación. Trabajar con fiebre, dolor, ansiedad o una patología que requiere recuperación no siempre es una muestra de compromiso, sino que a menudo es el resultado de la necesidad y de una protección insuficiente. Quizás no deberíamos utilizar al autónomo enfermo que sigue trabajando como ejemplo de responsabilidad, sino preguntarnos por qué hay profesionales que no se pueden permitir ejercer el derecho elemental de recuperarse.

La respuesta, por tanto, no puede consistir en elegir entre el control y la protección, como si fueran principios incompatibles. Controlar no es criminalizar, del mismo modo que proteger no equivale a tolerar el fraude. Hay que detectar las irregularidades, reforzar el seguimiento médico y evitar que determinados procesos se prolonguen sin una justificación suficiente, pero también garantizar que las personas enfermas reciban la asistencia debida, accedan a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos que necesitan y puedan recuperarse sin perder derechos ni soportar penalizaciones económicas indiscriminadas.

Controlar no es criminalizar, del mismo modo que proteger no equivale a tolerar el fraude

La sostenibilidad del sistema no se garantizará recortando derechos de manera generalizada, sino actuando sobre las causas: mejorando la prevención y la asistencia sanitaria, agilizando los diagnósticos y los tratamientos, facilitando reincorporaciones progresivas cuando sean médicamente adecuadas y ofreciendo apoyo real a las empresas que tienen que afrontar ausencias prolongadas.

La incidencia creciente de las bajas constituye un reto económico, empresarial, sanitario y social demasiado relevante para convertirlo en una consigna electoral y demasiado complejo para resolverlo reduciendo los ingresos de las personas enfermas. Atribuirlo a la idea de que los trabajadores no se reincorporan porque cobran demasiado puede generar titulares y alimentar prejuicios, pero difícilmente contribuirá a resolver las causas que hay detrás.

Quizás la pregunta no es solo por qué hay tantas personas de baja, sino por qué enferman, por qué tardan tanto en ser diagnosticadas, por qué la recuperación se alarga y qué modelo laboral estamos construyendo para que cada vez más profesionales lleguen a un punto en que ya no pueden continuar.

Perseguir el fraude es responsabilidad, mejorar los controles es una obligación y garantizar la asistencia sanitaria es un deber inexcusable. Sin embargo, convertir la enfermedad en culpabilidad y la protección social en sospecha no es ninguna reforma valiente, sino una manera demasiado cómoda de no afrontar el problema real.