El pasado mes de diciembre celebramos el tercer aniversario de la última reforma laboral y, hace pocas semanas, el segundo de la nueva Ley de Empleo. En cada aniversario se repiten los análisis sobre el impacto generado, las asignaturas pendientes y lo que deberíamos de hacer para superarlas. La conclusión consensuada entre muchos especialistas es la de que seguimos suspendiendo la asignatura relativa a la dualidad de las condiciones laborales.

En este campo, lo cierto es que a pesar de que se intente mostrar lo contrario, la distancia entre las condiciones que disfrutan trabajadoras y trabajadores con elevados niveles de protección y estabilidad respecto a quienes están atados a la precariedad no solo se reduce, sino que se mantiene y hasta puede llegar a crecer en determinados aspectos. Tal como señala Javier Esteban en los acertados análisis que desarrolla en su blog, aunque el peso cuantitativo de los asalariados 'intocables' haya caído diez puntos (como consecuencia del acceso a la jubilación de muchos de ellos), la dualidad sigue siendo una clara evidencia. Y de ahí la pregunta que él y yo mismo nos formulamos: ¿Ha dado la norma impulsada por el actual gobierno del Estado –recordemos que se aprobó gracias al lapsus de un diputado del PP– en una de las dianas en las que erró el PP en 2012?

La cuestión trasciende la mera dicotomía entre contratos indefinidos y temporales para centrarse en el supuesto lastre entre trabajadores que disfrutan de unas condiciones laborales más protectoras (sector público y algunas empresas del sector privado) respecto al resto. Y ello como consecuencia de que sigamos manteniendo una determinada estructura económica y una resistencia atávica a los contratos de carácter indefinido, haciendo uso y abuso de fórmulas contractuales sustitutorias. Este sería uno de los factores que explicaría las dificultades de acceso al mercado laboral y la rotación que sufren los jóvenes, pero también los obstáculos que encuentran los mayores de 55 años para acceder o retornar al mercado de trabajo.

La conclusión consensuada entre muchos especialistas es que seguimos suspendiendo la asignatura relativa a la dualidad de las condiciones laborales

Desde hace casi 20 años, este ha sido el diagnóstico en el que gran parte de los analistas de la situación de empleo han coincidido en mayor o menor medida, apostando por una receta para remediarlo: la 'flexiseguridad'. Un término que resulta no aceptable en determinados entornos en la medida que puede esconder una propuesta polémica: reducir la protección de determinados colectivos –aunque se puedan respetar los derechos adquiridos– a cambio de mejorar las condiciones generales con el fin de facilitar un mayor equilibrio en las mismas.

En un mercado con una tasa de temporalidad de los asalariados que ha llegado a superar el 30%, la solución parece estar en reducir los contratos eventuales, como se planteó con la legislación puesta en marcha hace tres años. Pero, no nos engañemos, temporalidad y dualidad no son sinónimos. De hecho, muchos recelos hacia la última reforma laboral se basaban en que, si bien su diseño reduciría la firma de contratos temporales, no incluía incentivos a las empresas para implementarlos.

Nuestro mercado laboral puede ser un escenario de ilusionismo. Desde determinados entornos –políticos y económicos– se nos repite el mensaje que el empleo es la gran vía de la movilidad social, pero lo que no se explicita es que no todos los actores juegan con las mismas cartas. Nos hacen creer que todos podemos jugar bajo reglas claras, pero, en la práctica, muchos se encuentran en un laberinto diseñado con callejones sin salida para algunos y autopistas sin peaje para otros. En este teatro de sombras, la dualidad y la equidad no son solo conceptos abstractos, sino mecanismos de control y exclusión. La dualidad del mercado laboral es un fenómeno perverso que divide a los trabajadores en dos categorías: los protegidos y los desechables.

Se nos repite el mensaje que el empleo es la gran vía de la movilidad social, pero no se explicita que no todos los actores juegan con las mismas cartas

Por un lado, tenemos a los privilegiados con contratos fijos, beneficios y estabilidad. Por otro, una masa de trabajadores fijos discontinuos, temporales, subcontratados o autónomos dependientes, condenados en una gran mayoría de casos de forma involuntaria a la incertidumbre permanente. Este esquema no es accidental. Muchas organizaciones lo justifican con argumentos como “necesitamos adaptarnos al mercado” o “es la única manera de seguir siendo competitivos”. Pero, curiosamente, esa misma adaptabilidad no aplica para determinados colectivos y no solo en el sector público que, no debemos olvidarlo, ya supone un tercio del empleo total.

Las barreras estructurales impiden que millones de personas siquiera lleguen a la línea de partida. La equidad sería garantizar que todas ellas tengan acceso a las mismas oportunidades, pero en su lugar contamos con un mercado que refuerza la desigualdad a cada paso. Se nos vende la equidad como un valor fundamental, pero en el mundo del empleo esta no es posible mientras persistan desigualdades de entrada (entorno familiar, centro formativo, distrito postal y red de contactos, entre otros).

Tendríamos que preocuparnos no solo de mejorar la situación de los trabajadores precarios, sino de cambiar la lógica del mercado laboral

Se habla del futuro del trabajo con una mezcla de optimismo ingenuo y cinismo calculado. Se nos dice que la automatización y la inteligencia artificial liberarán a los trabajadores de las tareas repetitivas y permitirán empleos más creativos y significativos. Pero la realidad es que la tecnología, si no se aplica adecuadamente o no dispone de un marco de regulación adecuado, solo profundizará la dualidad existente. Si el futuro del trabajo sigue este camino, veremos un mundo donde una minoría privilegiada vivirá en la abundancia, mientras la mayoría sobrevive en la economía del “haz lo que puedas” sin unas coberturas sociales apropiadas y transparentes. Sin regulaciones que obliguen a una redistribución del valor generado por la automatización, solo estaremos asistiendo a una versión 2.0 de la explotación laboral. Si de verdad queremos hablar de equidad en el mercado laboral, necesitamos un nuevo contrato social. No basta con reformas superficiales. Se requieren cambios estructurales: desde garantizar un salario mínimo digno y acceso universal a derechos laborales, hasta repensar los modelos de protección social.

Deberíamos preocuparnos no solo de mejorar la situación de los trabajadores precarios, sino de cambiar la lógica del mercado laboral en sí misma. La dualidad en las condiciones laborales de un determinado mercado es un problema que debe resolverse con voluntad política, cambio de mentalidad, regulaciones inteligentes y presión social. Y ello exige una voluntad política y una exigencia social que hoy no soy capaz de visualizar.