Cada pocas semanas, alguna administración vuelve a anunciar una medida definitiva contra el problema de la vivienda. Si es la central, hablará de una nueva ley o de un fondo millonario para construcción pública. Si es la autonómica, anunciará más zonas tensionadas, índices de referencia o el decreto de turno sobre el alquiler turístico. Si es la municipal, prohibirá algo —hoy los pisos de uso turístico, mañana lo que toque— con un titular que se prepara antes que el informe técnico. El ciclo se repite con una constancia que ya casi nadie se molesta en comprobar si la medida anterior funcionó antes de aprobar una nueva. La política de vivienda en Barcelona, Catalunya y España se ha convertido en un escenario permanente de gestos de cara a la galería, donde el cálculo electoral se ha impuesto al diagnóstico y la fotografía institucional al resultado medible.

El problema de este enfoque es que el relato político ha conseguido desconectarse de los datos. Se legisla para ocupar minutos de informativo y captar el voto fácil del votante indignado, no para resolver un problema de oferta que ya hace décadas que se acumula. En cada intervención, la oferta se contrae, los precios suben, y la misma administración vuelve a aparecer al cabo de pocos meses con un nuevo anuncio que promete corregir el efecto indeseado del anterior. Es homeopatía regulatoria: dosis sucesivas de norma cada vez más diluidas en eficacia, pero con el mismo efecto placebo sobre la opinión pública. Cuando el placebo deja de funcionar, se sube la dosis, pero no se revisa el diagnóstico.

Prácticamente todas las leyes de vivienda aprobadas en España desde 2007 se han tramitado sin estudios académicos serios que justificaran su eficacia esperada. El resultado es menos oferta, precios más altos e inseguridad jurídica. Por el camino se ha insistido en dibujar antagonistas: los fondos buitre, los grandes tenedores, los pisos turísticos. Son cuestiones difícilmente defendibles con datos: por ejemplo, en cuanto a las viviendas de uso turístico, en Barcelona representan alrededor del 1% del parque de vivienda y, en un 85% de los casos, pertenecen a pequeños propietarios. En cambio, el impacto de una eliminación completa del sector sería de gran relevancia. Las estimaciones disponibles apuntan a una pérdida cercana a los 1.900 millones de euros de PIB y unos 40.000 puestos de trabajo directos; si se contabilizan empleos indirectos, la cifra podría escalar hasta las 200.000 personas afectadas cuando la aplicación de la prohibición prevista entre en vigor en 2028. Sería, sin precedentes recientes, el ERE más grande de la historia de Catalunya, ejecutado por vía reglamentaria y dirigido contra un segmento que no es la causa del problema de vivienda, sino, en todo caso, un síntoma menor de un déficit estructural de oferta que la administración ha sido incapaz de resolver construyendo. A esto hay que añadir un efecto difícil de cuantificar, pero muy visible: la pérdida de capacidad de alojamiento en momentos puntuales de gran demanda, como el Mobile World Congress, la Ryder Cup y el calendario habitual de ferias, en una ciudad que hace décadas ha cimentado su proyección internacional precisamente sobre esta capacidad de acogida.

La política de vivienda se ha convertido en un escenario permanente de gestos de cara a la galería, donde el cálculo electoral se ha impuesto al diagnóstico

Es aquí donde el relato político choca con la realidad. Mientras se prohíben pisos turísticos y se decretan zonas tensionadas, los visados de obra nueva residencial en Catalunya continúan muy por debajo del nivel necesario para absorber la demanda demográfica. La Generalitat anuncia decenas de miles de viviendas públicas que no se construyen; los ayuntamientos aprueban planeamientos que tardan años en ejecutarse, y el conjunto del sistema avanza a una velocidad incompatible con el ritmo al cual el problema se agrava. Es decir: se legisla a la velocidad de Twitter y se construye a la velocidad del DOGC. Las mismas administraciones que se declaran incapaces de tramitar una licencia en un plazo razonable creen que tendrán la capacidad de rediseñar el mercado inmobiliario por decreto en cuestión de meses.

El coste de esta combinación de velocidad legislativa y lentitud ejecutiva es prohibitivo. Cada año que pasa sin un incremento sustancial de la oferta, el precio medio del alquiler se aleja más de la renta mediana, la emancipación se retrasa, los puestos de trabajo cualificados se marchan donde hay vivienda disponible y los que se quedan lo hacen en peores condiciones. Es previsible, además, que varias de las medidas recientes acaben en los tribunales europeos por posible vulneración del derecho comunitario, con el riesgo añadido de que Catalunya se vea obligada a indemnizar lo que hoy prohíbe con tanta facilidad. La factura, pues, no se limita al coste económico inmediato: incluye también un coste futuro en forma de litigios, compensaciones y pérdida de credibilidad. Convendría que las administraciones dejaran de competir entre ellas a ver quién anuncia la medida más contundente y empezaran a leer, con la misma diligencia, los datos de los efectos que están produciendo las actuales políticas. Probablemente descubriríamos que hacer poco y que parezca que se hace mucho sale, a medio plazo, bastante más caro que hacer mucho sin que se hable tanto. Y, en política de vivienda más que en cualquier otro ámbito, el medio plazo llega antes de lo que los calendarios electorales querrían admitir.