La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha adoptado una decisión sin precedentes en el ámbito judicial español: abrir una investigación disciplinaria contra un abogado por una presunta falta grave a la buena fe procesal. El fundamento radica en la sospecha de que el letrado utilizó herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, para redactar un recurso sin verificar la veracidad de los contenidos, incluyendo citas jurisprudenciales e informes oficiales que resultan ser inexistentes.

El episodio sale a la luz después de que el Tribunal notificara este lunes una sentencia que confirma la absolución de un vecino de Tenerife, acusado de agresión sexual, en un juicio celebrado el pasado julio ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La resolución, de la que es ponente el presidente del TSJC, no solo desestima el recurso de apelación presentado por la acusación particular, sino que, en su motivación, desvela y censura con dureza la conducta del abogado de la parte acusadora.

La sentencia describe que en el recurso se incluyeron, al menos, siete supuestas sentencias del Tribunal Supremo que son "ajenas a cuanto esta Sala ha logrado verificar en las bases de datos disponibles". Más allá de estas, el texto judicial señala que se encontraron "muchas otras de factura similar" que "constituyen asimismo ejercicio de libertad y creatividad jurídica". El Tribunal subraya que el abogado las "desgrana" a lo largo de su escrito "con soltura y desenvoltura".

El problema, sin embargo, no se limita a la jurisprudencia. El recurso también citaba y extractaba un pasaje de un supuesto "Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil de 2019". Ante esto, el TSJC afirma de manera categórica que "tampoco tiene constancia de que exista" tal documento. La precisión de la cita hace sospechar a los magistrados que se hizo "con la precisión de quien copia de un original que reposa sobre su escritorio o lo extrae de un archivo informático", apuntando nuevamente a una generación automatizada.

Una conducta de "palmaria negligencia"

El veredicto del Tribunal es contundente. Considera que todo este conjunto de hechos "parece evidenciar una conducta reveladora de la palmaria negligencia" de quien, como abogado, está "tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión". La resolución especula que el profesional pudo confiar su trabajo "sin más revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba".

El TSJC sostiene la sospecha de que el letrado pensó que "la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus planteamientos, probablemente de idéntica factura que las citas". En otras palabras, se trataría de una estrategia destinada a impresionar y dar un envoltorio de rigor académico a argumentos que carecían de fundamento real.

En consecuencia, y calificando la presunta falta como grave, "lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada", la Sala ha ordenado la formación de una pieza separada de inspección "a fin de depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir el letrado". Esta vía procesal se refiere a un posible ilícito por vulneración de las reglas de la buena fe procesal, infracción que puede derivar en una multa económica. La determinación final se tomará tras escuchar al abogado implicado.

Paralelamente, y de manera independiente, el TSJC se ve obligado a dar traslado de los hechos al Colegio de Abogados correspondiente. Esta comunicación abriría la puerta a un posible expediente disciplinario de carácter profesional, que podría concluir con otro tipo de sanciones, incluyendo la advertencia, la censura o, en casos muy graves, la suspensión temporal del ejercicio. Este caso establece un precedente relevante en la era digital y pone el foco en los retos éticos y profesionales que plantean las herramientas de IA generativa para los juristas.

La sentencia del TSJC envía un mensaje claro: la tecnología no exime a los profesionales del derecho del deber inexcusable de contrastar las fuentes, verificar los datos y actuar con la diligencia y la buena fe que son piedras angulares de la administración de justicia. El uso acrítico de estas herramientas, incluso por desconocimiento o excesiva confianza, puede constituir no solo un error profesional, sino una infracción sancionable, tanto ante los tribunales como ante la propia corporación.